Yo Sí Sanidad Universal certifica decenas de irregularidades con inmigrantes en Madrid

El colectivo ciudadano Yo Sí Sanidad Universal ha detectado decenas de irregularidades en la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles en la Comunidad de Madrid. En un informe presentado este martes, la plataforma –integrada por ciudadanos y profesionales sanitarios que asesoran y acompañan a inmigrantes sin cobertura médica– aporta documentación sobre casos en los que no se cumplen las excepciones del decreto de exclusión sanitaria que, aunque impide la atención normalizada, sí garantiza la asistencia gratuita en urgencias, parto y posparto y también para los menores de edad sea cual sea la situación administrativa del paciente.

El informe certifica que en hasta seis centros de Atención Primaria de la Comunidad se ha denegado la atención en Urgencias (se trata de los centros de Ventura Rodríguez, Baviera, Rivas, Peña Prieta, Paseo Imperial y Centro de Especialidades de Carabanchel). En otras ocasiones –detalla el documento– el bloqueo del acceso a la atención de urgencias, en lugar de plantearse como un rechazo frontal, se produce como resultado de la exigencia de una fianza previa a dicha atención (así ha ocurrido según el colectivo en la Fundación Jiménez Díaz) o de un compromiso de pago (se han dado caso en este sentido en el Centro de Salud Lavapiés o los hospitales Clínico, Ramón y Cajal y Gregorio Marañón). Además, en ocho centros hospitalarios de la región, entre los que se encuentran los principales hospitales de referencia, la plataforma también ha detectado casos de facturación posterior a la atención en urgencias. 

Además, Yo Sí Sanidad Universal denuncia que en Madrid tampoco está funcionando una de las medidas que puso en marcha el Ejecutivo Autonómico para paliar la entrada en vigor del decreto de exclusión. Se trata del registro como Transeúnte Sin Permiso de Residencia durante un año, lo que en principio posibilita un mínimo seguimiento del proceso de enfermedad por el que la persona acude a Urgencias, que los profesionales puedan pedir pruebas o volver a citar al paciente para vigilar su evolución. Pues bien, el informe detalla que en hasta trece centros de Atención Primaria y cuatro hospitales está práctica no se está haciendo de forma habitual, principalmente porque los profesionales sanitarios desconocen que existe esta posibilidad. 

Los integrantes del colectivo consideran que este tipo de situaciones se dan porque no ha habido una buena política de información que indique a los profesionales sanitarios qué tienen que hacer en cada caso y eso genera que en ocasiones se ofrezca una información errónea sobre el derecho que la legislación reconoce a las personas sin papeles. Asegura que esta situación se ve agravada en periodos vacacionales, debido a la rotación de personal que se produce.

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Por ello, exigen que la Consejería de Sanidad realice una campaña de información en todos los centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) sobre las situaciones en que las personas sin permiso de residencia tienen derecho a la atención sanitaria, así como de los procedimientos para dar de alta como Transeúnte Sin Permiso de Residencia en el mismo centro, que se prohíban en la región los compromisos de pago y facturación en urgencias, que se retiren las deudas generadas hasta el momento y se devuelvan los pagos si es que se han efectuado que se retiren los carteles disuasorios que hay colgados en centros sanitarios públicos madrileños y que se establezcan protocolos adaptados a la nueva realidad de exclusión sanitaria. 

El colectivo se reunió el pasado 22 de mayo con los responsables de las subdirecciones generales de Atención al Pacientes, Aseguramiento y Tarjeta Sanitaria y la Gerencia Asistencial de Atención Primaria para entregarles este documento, si bien todavía no han recibido ningún tipo de respuesta por su parte. Este martes, concentrados en las inmediaciones de la sede principal de este departamento han solicitado otra reunión a los responsables de la Consejería de Sanidad, para que respondan ante el incumplimiento de los compromisos adquiridos con este colectivo y que. según el mismo, consisten en aplicar las medidas necesarias para poner fin a las irregularidades que se dan "día tras día" en los centros sanitarios madrileños en lo que tiene que ver con la aplicación de las excepciones que prevé el decreto de exclusión sanitaria. 

La muerte de Jeanneth Beltrán, una joven nicaragüense con pocos recursos y sin residencia legal en España que, según sus allegados, padecía una enfermedad renal y no fue al médico por miedo a no tener dinero para pagar la asistencia, volvió la pasada semana a poner sobre la mesa las graves consecuencias del decreto por el que se elimina el derecho a la atención sanitaria normalizada para los inmigrantes sin papeles y que está en vigor desde septiembre de 2012.