Lo que Rajoy obvió en su rueda de prensa

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mostró este viernes en la rueda de prensa que marcó el fin del curso político –es la tercera que dio en todo 2014– su perfil más optimista. Reivindicó los últimos datos de crecimiento del PIB y del empleo y presumió de haber sacado a España de la crisis “sin dejar desguarnecidos a los más débiles”. En este punto olvidó los tijeretazos en educación, sanidad y servicios sociales y otras cifras más amargas como las que constatan que los recortes en gasto social han convertido a los hogares pobres españoles en los más perjudicados de Europa. 

También señaló que el rescate a la banca había sido una opción "barata" porque, su juicio, sólo había dos opciones: "Hacer una apuesta para mantener esas entidades financieras o simplemente dejarlas quebrar". O que la reforma fiscal "permitirá que 9.000 millones de euros vuelvan a los bolsillos de los ciudadanos". No dijo que aunque la rebaja de impuestos rondará los 7.300 millones en dos años, en los tres últimos ejercicios los "retoques" en las normas impositivas sacaron de los bolsillos de los ciudadanos 30.851 millones. Asimismo, puso en valor el esfuerzo del Gobierno en favor de la transparencia obviando que ONG han afeado la "tibieza" de esta norma por, entre otros asuntos, mantener el silencio administrativo. 

infoLibre analiza algunas de las afirmaciones más controvertidas de Rajoy en su encuentro ante los medios de este viernes: 

Gasto social 

"España ha sorteado lo peor de la crisis manteniendo la sanidad pública y gratuita, la educación universal y las políticas de dependencia”

Aunque admitió que los efectos de lo que él define como "recuperación" no han llegado a todos los españoles, el presidente del Gobierno sí presumió de haber sacado a España de la crisis preservando el "núcleo" del Estado del Bienestar. Sin embargo, obvió la influencia que han tenido algunas de sus reformas en ámbitos tan determinantes como la sanidad, la educación o la dependencia. 

En sanidad, el polémico decreto con el que el Gobierno pretendía "garantizar la sostenibilidad del sistema" acabó con el modelo universal. Desde entonces, los inmigrantes sin papeles no tienen derecho a la sanidad normalizada en España. Su atención gratuita sólo está garantizada en urgencias, parto y posparto y aun así ONG denuncian que en algunos casos no se respetan ni estas exenciones. Según cálculos oficiales 873.000 personas han perdido sus tarjetas sanitarias desde la entrada en vigor de este decreto en septiembre de 2012. 

En dependencia, ya hay menos personas atendidas que cuando el PP llegó al poder –entre diciembre de 2011 y mayo de 2014 han pasado de 738.587 a 736.777– y la financiación estatal se ha reducido un 15% en el mismo período. Además, el copago de los usuarios se ha incrementado en un 90% desde 2009 y también ha descendido el número de personas calificadas como grandes dependientes, que son las que tienen más dificultades para vestirse, desplazarse o comer y necesitan más apoyo en su vida diaria. En junio de 2011 había 71.328 personas más reconocidas como grandes dependientes que en mayo de 2014.

El recorte en el gasto público también se ha dejado notar en la Educación. Para 2014 el departamento de Wert tiene un 24% menos de dinero que hace tres años. Y eso a pesar de que hay presupuestados 206 millones de euros más para este departamento. Las autonomías también han contribuido a aumentar el agujero de los recortes. Según datos de UGT entre 2010 y 2013 la inversión en Educación de las comunidades ha descendido en más de 4.800 millones de euros. Además, en el curso 2012-2013 los centros públicos de enseñanza no universitaria contaron el curso pasado con 19.523 docentes menos a pesar de que el número de alumnos aumentó en 70.841. Sobre las becas, aunque es cierto que ha aumentado el número de beneficiarios un 10,7%, se han reducido las cuantías que reciben. El propio ministro Wert reconoció que la cuantía media bajó este curso de 3.100 a 2.800 euros, es decir, 300 euros.

rescate bancario

"Teníamos dos opciones: hacer una apuesta para mantener esas entidades financieras o simplemente dejarlas quebrar. La elección del Gobierno fue mucho más barata y mucho mejor para la inmensa mayoría de los españoles"

Cada vez que han salido a colación las millonarias cantidades de dinero público que el Estado ha inyectado a la banca, desde el PP y el Gobierno han sostenido que el rescate de un tercio del sector no iba a costar ni un euro a los españoles. El tiempo y las cifras oficiales han demostrado que los españoles van a perder buena parte de esa factura. Los últimos datos conocidos son los de Catalunya Banc, cuyo rescate hizo perder a las arcas públicas 12.000 millones de euros. Sobre este hecho, Rajoy dijo en rueda de prensa que el Gobierno sólo tenía dos alternativas, o hacer una apuesta por estas entidades o dejarlas quebrar. 

La inversión directa en la recapitalización de la banca fue de 61.495 millones de euros desde que comenzaron las primeras intervenciones, en 2009, según datos el último balance del Banco de España, correspondiente al mes de junio, y que no incluye avales, ni garantías ni créditos fiscales. Por ahora, el Estado sólo ha recuperado un 4% de esta cantidad, unos 2.500 millones. En este momento es imposible saber cuánto dinero público se irá con el rescate a los bancos, pero lo que sí es seguro es que ya hay 26.000 millones de euros que nunca se recuperarán. Esta cifra sale de los casi 12.000 que el Estado ha perdido en Catalunya Banc, los 8.300 de NCG Banco, los 5.498 del Banco de Valencia y los 245 de Banco Gallego. Aunque todavía está por ver cuánto dinero público se recupera por la venta de Bankia, es muy improbable que la cifra final quede, en total, por debajo de los 40.000. 

Reforma fiscal 

"La reforma fiscal permitirá que 9.000 millones de euros vuelvan a los bolsillos de los ciudadanos"

Durante su intervención, el presidente del Gobierno también presumió de la reforma fiscal aprobada este mismo viernes por el Consejo de Ministros. Según recordó, habrá una rebaja media en el IRPF del 12% en dos años y el tipo más alto de este impuesto pasará del 52% al 45 en dos años y el más bajo del 24,75% al 19%. Además, el tipo máximo se aplicará desde los 60.000 euros y no desde los 300.000 euros como hasta ahora. Señaló que la rebaja media del 12,5% en el IRPF "beneficia a veinte millones de contribuyentes".

Sin embargo, hay otro dato –incluido en el Informe Económico-Financiero que acompaña a los Presupuestos del Estado para 2014– que no dio Rajoy. La citada rebaja de impuestos rondará los 7.300 millones en dos años si bien, en los tres últimos ejercicios los "retoques" en las normas impositivas (más de 40 en 2.000 páginas del BOE) sacaron de los bolsillos de los ciudadanos 30.851 millones. De hecho, los técnicos de Hacienda advierten que para cumplir los objetivos de déficit el Gobierno tendrá que recurrir a nuevas tasas, a recortes y al copago. 

Por otro lado, los grandes ganadores de la reforma son las rentas más altas ("sólo hay 25.000 declarantes con ingresos superiores a 150.000 euros" dijo Montoro) que, de pagar un tipo máximo del 52% actual, pasarán a pagar el 45% en 2016. También son ganadoras las familias numerosas, para las que se aprueban deducciones de 1.200 euros anuales; y las empresas, que no tendrán que pagar por el 10% de los beneficios si los dedican a aumentar sus recursos propios y reducir deuda. Además, el tipo del impuesto de sociedades bajará del 30% al 25% en 2016. 

Ley de Transparencia 

"Somos ejemplo de transparencia, no creo que haya ningún país en Europa que haya hecho un esfuerzo tal" 

Ricos, empresas y familias numerosas: los ganadores de la reforma fiscal

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El pasado diciembre entró en vigor un tercio de la ley de transparencia –concretamente el capítulo destinado a buen gobierno– porque el resto no lo hará hasta 2016. Por tanto, las cuestiones relacionadas con la transparencia de la actividad pública que pretende consagrar esta legislación tendrán que esperar todavía casi dos años. Además, el texto mantiene el silencio administrativo, que supone que si no hay respuesta a la petición de información realizada, el demandante tendrá que entender que su petición ha sido desestimada, sin que haya obligación de que la Administración le diga por qué.

La norma incluye a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, la Casa del Rey, el Banco de España y las mutuas laborales. También afecta a entidades que se financien con fondos públicos, lo que garantiza la inclusión de la Iglesia. Deberán someterse a la ley las entidades privadas cuya financiación esté compuesta en un 40% por fondos públicos (siempre que reciban al menos 5.000 euros en subvenciones), así como todas aquellas que reciban más de 100.000 euros al año en ayudas.

Las organizaciones pro transparencia aplauden que por fin vaya a haber una norma, pero denuncian la "tibieza de una ley totalmente insuficiente". Y apuntan varios fallos, como que no se equipare el derecho de acceso a la información a la protección de datos, que se opte por el silencio negativo o que no se conozca el proceso de toma de decisiones. Critican, además, que se configure un organismo supervisor falto de "independencia" o que el Gobierno se erija en filtro de las peticiones a la Casa Real. De hecho, según la plataforma Access Info España ocupa  la posición 72 de 96 en la lista de países con leyes de transparencia, por debajo de Serbia, India, Eslovenia, México o Suecia.