Comunitat Valenciana

Fabra pone la seguridad de Educación en manos de la empresa de un líder ultra

Reparto de alimentos a familias españolas en el barrio de Orriols (Valencia).

La seguridad de las instituciones públicas, de nuevo en el ojo del huracán. La Generalitat Valenciana ha desatado este lunes la polémica al publicar la adjudicación del contrato para la vigilancia de la sede de la Consejería de Educación a la empresa Levantina de Seguridad, cuyo presidente es José Luis Roberto, presidente del partido ultraderechista España 2000.

La compañía recibirá algo más de 332.000 euros por prestar durante un año los servicios "de vigilancia y seguridad de diversos edificios donde se ubican los servicios centrales de la Consellería [de Educación, Cultura y Deporte]", según explica la adjudicación publicada este lunes en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana. No obstante, ésta no es la primera vez que la Administración contrata a la empresa de Roberto: por ejemplo, en 2009 Levantina de Seguridad consiguió que la Generalitat de Cataluña la eligiese para proteger parte del patrimonio histórico de la región, y en 2008 se embolsó más de 900.000 euros por prestar los servicios de vigilancia en un comedor social y una residencia de la tercera edad.

El anuncio de la adjudicación del contrato ha levantado ampollas entre la oposición en las Cortes Valencianas. Esquerra Unida –la federación autonómica de IU– ha hecho público un comunicado en el que califica de "preocupante" que "una empresa con un destacable historial de denuncias por agresiones obtenga numerosos contratos públicos por parte de la Generalitat Valenciana", un hecho que, según afirma EU, se agrava por la "muy conocida" vinculación de Levantina de Seguridad con la ultraderecha.

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Y es que el presidente de la compañía, José Luis Roberto, es también el líder del partido de extrema derecha España 2000, que cuenta con concejales en las localidades valencias de Dos Aguas, Onda y Silla y también en el municipio madrileño de Alcalá de Henares. Roberto –que hasta 2011 también fue secretario general de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne– ha sido noticia en varias ocasiones por sus declaraciones contra los inmigrantes y su participación, junto a miembros de su partido, en manifestaciones ultras.

Además, Roberto también es conocido por promover, a través de su partido y de organizaciones vinculadas al mismo, ayudas sociales y entregas de alimentos destinadas tan sólo a ciudadanos españoles. En este sentido, en una comida celebrada en el Hogar Social Patriota María Luisa Navarro –uno de los centros que la formación utiliza para el reparto de comida y que también ofrece como albergue–, el líder de España 2000 justificó esta discriminación porque que los alimentos se den preferencialmente a los españoles "es lo que tiene que ser de sentido común" en España. "En este país de subnormales, hemos llegado a la situación de que primero son los de fuera y luego son los de casa", llegó a denunciar.

Las adjudicaciones polémicas, no obstante, no son patrimonio exclusivo de la Generalitat Valenciana. De hecho, hace tan sólo un mes, el Ejecutivo anunció que sería la empresa Seguridad Integral Canaria la que se ocuparía de la vigilancia de las sedes de los Ministerios de Empleo, Fomento y una sección de Agricultura; el presidente de la compañía adjudicataria es el empresario Miguel Ángel Ramírez, que fue condenado a tres años de prisión e indultado por el Gobierno tan sólo 9 meses antes de conseguir el contrato. Además, Ramírez fue apoderado de una empresa donante del PP.

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