Manos Limpias se querella contra Pujol también por prevaricación

Cuando una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Esta es la definición del delito de prevaricación, que el sindicato Manos Limpias incluye en la querella que tiene previsto presentar este miércoles contra el expresidente catalán Jordi Pujol Soley y su mujer, Marta Ferrusola.

Los otros delitos de los que acusa a Pujol son cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad en documento público y blanqueo de capitales, tal y como consta en la querella, cuya fianza ya ha sido abonada, según especifica el escrito al que ha tenido acceso infoLibre.

Para el sindicato, podría tratarse de “un supuesto de defraudación de gran magnitud cuyo origen sería la obtención de importantes beneficios derivados de la comisión continuada de los delitos reseñados, pudiendo oscilar los citados ingresos en una horquilla entre 1.800 a 3.000 millones de euros”.

En un principio Manos Limpias había presentado una demanda, pero la magistrada del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, que es la competente en el caso, ordenó que se reconvirtiera en una querella, por lo que exigió también una fianza de 6.000 euros.

En la relación de los hechos, el sindicato asegura que hay indicios de que “durante 23 años del mandato de Jordi Pujol Soley”, la administración catalana estuvo “al servicio de parte de la familia Pujol-Ferrusola”.

Y tras relatar la existencia de la carta en la que el expresidente catalán confiesa haber recibido una herencia fuera de España, Manos Limpias sostiene que Jordi Pujol Soley, “en ningún momento ha tenido la más mínima intención de confesar los hechos”.

Este sindicato considera más bien que se trata de una “autoinculpación que nada tiene que ver con la figura de la confesión”. Para el denunciante, la decisión de Pujol “ha sido fruto única y exclusivamente del cerco policial y judicial a raíz del resultado de las investigaciones que al parecer se han ido realizando y que apuntaban directamente contra él”.

Y después hace mención a los informes de la Policía Judicial (UDEF), que según Manos Limpias ya detectó en noviembre de 2012 un total de 137 millones en una cuenta. “El informe reseñaba que Convergència i Unió (CiU) se quedaba con el 4% de cada obra o servicio que concedía a empresas privadas. De ese peaje, el 2,5% se empleaba para financiar a Convergència Democrática de Catalunya (CDC), y el otro 1,5% acaba en los bolsillos de sus dirigentes (familia Pujol). Informe que fue publicado por el diario El Mundo cuyo contenido no ha sido desmentido, por lo que no cabe duda de su autenticidad y veracidad, adquiriendo especial consistencia los indicios ya existentes”.

Para Manos Limpias, tal y como consta en la querella, la Policía atribuye gran parte del dinero detectado en paraísos fiscales al “cobro sistemático de comisiones ilegales por adjudicaciones de obras y servicios del ejecutivo autonómico catalán”, entre los años 1980 y 2003, que era cuando Pujol ejercía de presidente de la Generalitat.

El documento también menciona el conocido episodio del también expresidente catalán Pasqual Maragall, que el 4 de marzo de 2005 dijo en el Parlamento autonómico que "el problema de CiU era el 3%".

Manos Limpias cree que existe una presunción más que razonable de que, a la primera salida de dinero previamente obtenida supuestamente de la aceptación de la herencia del padre de Pujol, se pudieron ir acumulando “otras ingentes cantidades de dinero, provenientes de ingresos supuestamente obtenido de manera ilícita; y que nada tienen que ver con masa hereditaria alguna”.

En este sentido, recuerda “el desconcierto y sorpresa” mostrado por la hermana de Pujol al conocer el contenido de su confesión, “y que ha manifestado abiertamente no saber ni conocer absolutamente nada sobre ninguna herencia”.

Entre los supuestos negocios del Gobierno autonómico catalán con la familia directa de Jordi Pujol Soley, Manos Limpias identifica los relacionados con Hidroplant (fundada por Marta Ferrosola Llados), “que supuestamente se benefició de diversos contratos de empresas adjudicatarias de la Generalitat de Catalunya”. Pero también la consultoría ambiental Entorn, de la familia Pujol, “igualmente y supuestamente se benefició de contratos” con la Administración catalana.

“El propio despacho de arquitectura de una de las hijas del querellado, Marta Pujol, también trabajó para el Gobierno catalán. Y las sociedades de los hijos Jordi, Oriol y Oleguer también trabajaron para la Generalitat”, especifica la querella.

Y todo este dinero tendría como destino países como Panamá, Luxemburgo, Liechtenstein, Jersey, Guernsey, Suiza y el Principado de Andorra, “catalogados como paraísos fiscales, y que pudieron ser el cobijo del dinero defraudado presuntamente derivado de actividades ilícitas”.

El supuesto entramado societario Jordi Pujol Soley y su familia “supera las 80 sociedades”. “En la misma declaración del querellado, atribuye el desvío de parte de esa supuesta herencia de su padre, a favor de su esposa e hijos cuyo destino fue unas cuentas bancarias ubicadas en Andorra y en Suiza”.

La querella identifica también al empresario Carlos Sumarroca Coixet, amigo de la familia Pujol y “supuestamente beneficiario de contratos suscritos con la Generalitat catalana y presuntamente partícipe de las empresas del referido empresario por parte del querellado”.

Además, Manos Limpias asegura que entre las víctimas de la trama se encontraban numerosos empresarios que tuvieron que “abonar el 3% de lo que podríamos denominar mordida”, como por ejemplo José Antonio Salguero, Ignacio Sánchez y Miguel Ángel Parejo.

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Entre las medidas que reclama el querellante a la juez se incluye la declaración como imputados de Pujol y su mujer, así como la presencia en calidad de testigos de sus hijos, los empresarios citados y María Victoria Álvarez Martín, la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán.

Entre las pruebas documentales la querella solicita todos los informes de la Policía Judicial; el acta del Parlamento de Cataluña del día en el que Maragall habló del 3%; el testamento de Florenci Pujol Brugat, el padre del expresidente catalán; y las últimas cinco declaraciones de la renta a la Agencia Tributaria. También quiere conocer el nombre de todas las empresas de la familia y sus inmuebles.

Finalmente, reclama que se acuerden las comisiones rogatorias al Principado de Andorra solicitando la documentación “de cualquier clase de cuentas bancaria cifradas o numeradas, o fondo, que pudieran existir o que hayan existido, tanto a nombre de Jordi Pujol Soley como de Marta Ferrusola Lladó, bien como titulares de las mismas o como autorizados, así como del fallecido Florenci Pujol Brugat.