Las “pancartas” que menosprecia Ignacio González

“El Estado del bienestar no se defiende con pancartas, se defiende con hechos”. El autor de estas palabras es Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, que también ha afirmado este jueves en el debate sobre el estado de la región que "los discursos demagógicos ni dan sanidad, ni educación, ni servicio público alguno, y mucho menos, los garantizan". Pero, ¿cuáles son los hechos de los que habla el dirigente madrileño?

Desde que llegó hace dos años a la Presidencia de la comunidad, González ha visto cómo los ciudadanos se organizaban para luchar contra los intentos del Gobierno autonómico de recortar o privatizar algunos de los servicios públicos. El caso más conocido es el de la sanidad, por la que multitud de profesionales y ciudadanos que se congregaron en torno a la marea blanca para manifestarse contra las intenciones de González de privatizar la gestión de seis hospitales públicos de la región, así como para protestar contra los cierres, despidos y rebajas en el presupuesto sanitario.

Sanidad

El principal caballo de batalla de la marea blanca fue desde su génesis la denuncia del proceso de privatización de la sanidad pública. Tanto en la calle como en los tribunales, el colectivo luchó contra la privatización de la gestión de la parte no sanitaria de seis hospitales, una gestión que había sido adjudicada a las empresas HIMA San Pablo –compañía puertorriqueña experta en turismo sanitario–, Sanitas y el consorcio formado por Ribera Salud, El Corte Inglés y una filial de la constructora OHL y que detuvo la Justicia tras la demanda interpuesta por la marea blanca.

El pasado enero, González anunció que dejaba "sin efecto" las adjudicaciones, una paralización que también conllevó la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. No obstante, este hecho no ha supuesto el fin de las movilizaciones. "Cuando más callados están, más peligro tienen. Son temibles", señaló un portavoz en la marcha que tuvo lugar para celebrar la renuncia de la Comunidad a la privatización de los seis centros y que también denunció asuntos como la mala gestión de las lavanderías en los hospitales.

Otro de los "hechos" a los que hace referencia González es la derivación de pruebas médicas a la sanidad privada, un tema que la marea blanca también ha criticado con dureza. En este sentido, los profesionales han denunciado que a algunos pacientes se les envía a hospitales privados con cargo a los presupuestos autonómicos prometiéndoles una lista de espera mucho más corta que si deciden realizarse las pruebas en el centro público. Igualmente, las donaciones de sangre también se han privatizado parcialmente: las recogidas que promovía la Comunidad en autobuses colocados en las calles madrileñas las gestiona ahora Cruz Roja, a la que se le han regalado los vehículos y que recibe 67 euros por cada bolsa de plasma extraído.

Educación

Quienes muestran "pancartas" para defender la educación se congregan en torno a la marea verde. Y a pesar de que González se jacte de defender el Estado del bienestar, los "hechos" en este apartado son palmarios: los recortes presupuestarios y el aumento de las barreras para acceder a la enseñanza no han dejado de incrementarse en los últimos años.

Una de las cifras más ilustrativas en este sentido es el aumento de hasta el 27% que sufrieron de un año para otro las tasas universitarias en las universidades públicas madrileñas. La Comunidad de Madrid, de hecho, fue la región que más elevó los precios el pasado año: cada crédito subió su precio un 20% de media, una medida que afectó a 190.000 alumnos y que la consejera de Educación, Lucía Figar, achacó a la culpa al Gobierno central y al sistema de financiación autonómica.

Y no es el único recorte por el que ha protestado la marea verde. CCOO, que se ha movilizado en repetidas ocasiones con el colectivo, denuncia que desde el año 2011 las becas de comedor se han reducido a menos de la mitad: de las 120.000 que se daban ese año, en 2014 los beneficiarios de las ayudas que proporciona la Comunidad han descendido hasta los 52.000. Y la misma dinámica se ha registrado en los alumnos con derecho a tener comedor gratis: mientras en 2009 había 8.700 niños que disfrutaban de esta subvención, en 2014 tan sólo serán 6.130, según datos del sindicato.

La educación infantil tampoco se ha librado del afán privatizador del Gobierno autonómico. De las de 136 guarderías que son de propiedad autonómica, sólo 57 son cien por cien públicas, y la última se inauguró en 1996; las otras 79 están gestionadas por empresas a las cuales se conceden los contratos tras un sistema de subasta. Además, desde 2002 la Comunidad ofrece los llamados 'cheques guardería', que van desde los 100 a los 160 euros mensuales –el próximo curso supondrán un gasto de 34 millones de euros–, y que hacen que los precios en los centros cien por cien privados lleguen a ser incluso más bajos que en los públicos, que mantienen tarifas similares sean de gestión directa o indirecta, informa Elena Herrera.

Vivienda

La entrada de capital privado en los servicios sociales también se ha extendido a la vivienda pública. En agosto del año pasado el Gobierno de Ignacio González vendió a los fondos de inversión Azora y Goldman Sachs casi 3.000 pisos destinados al alquiler social y construidos por el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), un órgano dependiente de la Comunidad. La decisión provocó que tanto el Partido Socialista de Madrid (PSM) como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentaran sendas denuncias al entender que el precio que se había cobrado por cada vivienda –poco más de 68.000 euros, que hicieron un total de 201 millones– era "irrisorio".

El partido dirigido por Tomás Gómez acusó a Ana Gomendio López de Asiaín, directora gerente del IVIMA, de dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, mientras que la PAH alegó que la venta supuso una pérdida patrimonial para la administración pública de más de ochenta millones de euros por la diferencia que existe entre el importe de la enajenación y el coste de ejecución de estas viviendas, que cifran en más de 280 millones de euros. Hace tan sólo unos días, los querellantes aportaron nuevos datos para sustentar sus acusaciones.

Y es que los inquilinos aseguran que "se ha acabado el fin social de estas viviendas". "A las familias que tienen problemas para pagar les ponen problemas para renegociar los contratos", señaló hace unos meses a infoLibre José Luis de Roa, presidente de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima. Muchos de los arrendatarios viven en situaciones precarias, son desempleados de larga duración y ya han agotado prestaciones y subsidios, por lo que lo tienen muy complicado para hacer frente a los alquileres de forma regular, una situación que provoca que las empresas estén poco abiertas a negociar, según el letrado de la PAH Manuel San Pastor. Tener a estas empresas como arrendadoras también ha supuesto otro tipo de problemas para los inquilinos, ya que los fondos trataron de cobrar por adelantado el IBI a 332 viviendas inventándose su cuantía.

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telemadrid

Los "hechos" en Telemadrid son claros: el ERE que realizó el Gobierno de González en enero de 2013 y por el cual despidió a 861 empleados fue declarado improcedente el pasado mes de marzo por el Tribunal Supremo. La decisión, no obstante, no obligó a la Comunidad a readmitir a los despedidos, algo que el presidente autonómico ya se había negado a hacer de antemano alegando la mala situación económica de la cadena. Esta escasez económica no ha impedido que Telemadrid se haya gastado casi un millón de euros en un "cambio de imagen": más de 300.000 para cambiar la imagen corporativa; casi 250.000 en estilismo y una cifra similar para sacar a concurso público la contratación del diseño, construcción e instalación de un nuevo decorado para los informativos.

Y esa ha sido tan sólo una de las muchas denuncias que los extrabajadores del ente público han realizado sobre los manejos de la cadena. El caso más grave está ya en manos de la justicia, ya que los despedidos de Telemadrid –a quienes posteriormente se unió el colectivo Attac– se querellaron contra González y le acusaron de siete presuntos delitos: cohecho, prevaricación, administración fraudulenta, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delitos contra Hacienda y asociación ilícita. ¿El motivo? Que, según los denunciantes, el ático de González en Estepona es "una dádiva" que recibió del empresario Enrique Cerezo a cambio de decisiones que favorecieron a este y que provocaron la descapitalización de la cadena pública.