CCOO denuncia ante el fiscal a Rajoy y Gallardón por no inhibirse en la privatización de los registros civiles

CCOO ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que éste dilucide si ambos han cometido un delito al no inhibirse en el Consejo de Ministros que aprobó encomendar los registros civiles a los registradores de la propiedad y mercantiles. También ha presentado una denuncia contra ambos en la Oficina de Conflicto de Intereses, que depende del Ministerio de Hacienda.

El sindicato considera que tanto Rajoy como Ruiz-Gallardón han infringido la ley de 2006 que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración. Ambos, asegura CCOO en su denuncia, deberían haberse inhibido en la privatización de los registros civiles porque la ley les obliga a hacerlo en los asuntos “en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público”.

Así, Mariano Rajoy es registrador de la Propiedad, en situación de servicios especiales con reserva de plaza. También lo son, y en activo, su hermana, María de las Mercedes, y su hermano Enrique. Además, ejercen igualmente como registradores de la Propiedad en Villalba (Lugo), la nuera de Ruiz-Gallardón, María Teresa Touriñán Morandeira, y en Las Palmas de Gran Canaria el cuñado del ministro, José Antonio Utrera-Molina Gómez.

Además, el director general de los Registros y del Notariado, Joaquín José Rodríguez Hernández, es registrador de la propiedad en activo, así como titular del Registro Mercantil de Zaragoza. Según destaca la denuncia de CCOO, tanto el ministro de Justicia como el responsable de Registros, han participado de forma “más que activa” en la reforma que ha culminado con la privatización de los registros civiles.

Actividades vedadas a funcionarios

No es éste el único delito que denuncia el sindicato. También cree que Rodríguez Hernández y el registrador de la propiedad de Lleida, Javier Angulo Rodríguez, han intervenido en “actividades, negociaciones y asesoramientos” que la ley considera vedadas a funcionarios públicos. Se refiere CCOO al hecho de que Angulo, que fue nombrado por José Joaquín Rodríguez jefe del proyecto de gestión de expedientes de nacionalidad en 2012, fue también en ese tiempo administrador solidario de Futuver Rumania SRL. Esta empresa es filial de Futuver Consulting SL, a la que contrató el Colegio de Registradores la aplicación informática que lleva a cabo la gestión de expedientes de nacionalidad a cargo de Angulo Rodríguez. 

El sindicato reproduce la información que reveló el pasado mes de julio el diario digital 20minutos.es, según el cual el Colegio de Registradores pagó 5,15 millones de euros a Futuver por la aplicación, que pretendía resolver un atasco de casi medio millón de expedientes sin tramitar. Tras la publicación, Javier Angulo envió una carta a dicho organismo para que éste rectificara el relato del digital. Angulo Rodríguez niega haber simultaneado su cargo en Futuver Rumania y su puesto en la Dirección General de Registros. Dice que no le nombró su responsable y que allí trabaja en comisión de servicios. También asegura que su trabajo se limita a “proponer medidas para modernizar los registros”. Y que Futuver Rumanía, que se dedica a proyectos de turismo y energías renovables, no es filial de Futuver Consulting: “Sólo ostentó una participación minoritaria en su constitución”. Además rebaja el precio de la aplicación hasta los 600.000 euros.

El sindicato señala también que Javier Angulo es actualmente socio y administrador único de la empresa Consultoría de Análisis e Inversiones para Rumanía SL, “por lo que hay que presumir que ha cesado como jefe de proyecto de gestión de expedientes de nacionalidad”.

Confidencialidad en peligro

CCOO añade otro elemento de sospecha: tanto Rajoy como sus familiares y los de Ruiz-Gallardón, además del director general de los Registros, pueden resultar beneficiados de la privatización decidida por el Gobierno. En el caso del primero y del último, puede darse el caso de que regresen a su plaza cuando abandonen sus cargos.

En la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, el sindicato incluye un posible delito adicional: los empleados de los registros de la propiedad y mercantiles no son funcionarios –son contratados por los registradores– por lo que “se corre el riesgo cierto de que los datos, altamente sensibles, contenidos en el Registro Civil, sean manejados, alterados, modificados y utilizados por personas de la esfera privada”.

Todos en contra: desde los registradores hasta los funcionarios

La privatización de los registros civiles ha constituido una batalla larga –el anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros a finales de 2012– y nada pacífica. La iniciativa de Ruiz-Gallardón de ceder su gestión a los registradores de la propiedad y mercantilesno fue del agrado de ninguno de los implicados: ni siquiera de los propios registradores, pero tampoco de los jueces, los secretarios judiciales y los funcionarios de Justicia.

Los primeros no querían hacerse cargo, gratis, de un trabajo adicional. Porque la intención del ministro era ahorrar 450 millones de euros y que los trámites siguieran siendo gratuitos para los ciudadanos. Los registradores son funcionarios porque acceden al puesto mediante oposición, pero sus ingresos no proceden de los Presupuestos Generales del Estado, sino que se financian con las tasas que cobran a los usuarios de su servicio.

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Tal fue la controversia que en las últimas elecciones a la presidencia del Colegio de Registradores ganó la candidatura que se oponía a hacerse cargo de los registros civiles. En la lista perdedora se presentaba la nuera de Ruiz-Gallardón. La votación no hizo más que reproducir el rechazo a la medida que ya habían manifestado el 80% de los registradores en una asamblea celebrada en 2013.

Los funcionarios, por su parte, clamaron desde el principio contra la privatización de un servicio con el que se pretendía compensar, decían, a los registradores por el perjuicio que les va a ocasionar la liberalización de actividades profesionales obligada por la Unión Europea, y por la caída de ingresos que les ha causado el estallido de la burbuja inmobiliaria. Además, temían por la confidencialidad de los datos que manejan los registros y por el futuro de los 2.500 interinos que trabajan en los registros civiles.

Los secretarios judiciales, finalmente, se ofrecieron a hacerse cargo de los registros, una posibilidad que Justicia ni siquiera tomó en consideración.