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Corrupción

El escándalo del comedor social de Benalmádena llega a los juzgados

  • La concejal independiente Encarnación Cortés denuncia al teniente de alcalde, Francisco Salido, por malversación de caudales públicos, tráfico de influencias e infidelidad en la custodia de documentos
  • Cortés pide la imputación de Salido y los principales cargos de la Asociación Comedor Social, y que la alcaldesa declare como testigo

Publicada 16/09/2014 a las 06:00 Actualizada 15/09/2014 a las 21:44    
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Encarnación Cortés, concejal de Benalmádena.

Encarnación Cortés, concejal de Benalmádena.

Malversación de caudales públicos, tráfico de influencias e infidelidad en la custodia de documentos. Son los delitos de los que sería responsable Francisco Salido, teniente de alcalde de Benalmádena y principal promotor del comedor social de la localidad, según la denuncia que interpuso ante la justicia este lunes la concejal Encarnación Cortés, según indicaron a infoLibre fuentes judiciales. Cortes es la concejala independiente del ayuntamiento que promovió la investigación y que reveló la existencia de más de 250.000 euros procedentes de subvenciones públicas en facturas sin justificar.

Según la denuncia de Cortés, que ha contado desde el inicio de su investigación con ayuda de la Comisión Anticorrupción del Partido X, el informe definitivo presentado por el interventor hace unas semanas –que denuncia que la Asociación Comedor Social no ha justificado casi el 80% de las subvenciones que ha recibido desde 2011– prueba "la existencia de una conducta coordinada dirigida a la obtención de fondos públicos sin justificación alguna". Un comportamiento, hace hincapié la demanda, liderado "por el presidente [Salido] de un partido político, UCB, que mediante el cargo de concejal de Bienestar Social ha ordenado el pago de subvenciones a una Asociación que no ha justificado sus gastos y en la que participan activamente familiares del mismo, por lo que la vinculación del mismo con el Comedor es indudable".

La demanda, igualmente, hace hincapié en que los 262.500 euros sin justificar según el informe del interventor del ayuntamiento "suponen un grave perjuicio para la causa pública, puesto que se ha producido presuntamente la sustracción de dinero público". Esta cantidad ya ha sido reclamada formalmente por el consistorio a la asociación que gestiona el comedor social a través de un expediente de reintegro, si bien el escándalo no ha provocado aún ninguna reacción política por parte de la alcaldesa, Paloma García (PP), que gobierna desde 2012 gracias al apoyo de los tres concejales del partido de Salido.

Además de ante el juzgado, Cortés también ha presentado sendas demandas ante la Agencia Tributaria y la Seguridad Social para investigar posibles infracciones fiscales cometidas por la asociación. En estos documentos la concejala denuncia la falta de contabilidad escrita que mantuvo durante años la organización, así como las supuestas irregularidades en sus cuentas y la posible falsedad de las facturas aportadas para justificar los gastos del comedor.

"Existen indicios de falseamiento de documentos puesto que debido al volumen de mercadería que parece haberse comprado y con la asiduidad en que se hacían los compras, es fácilmente comprobable que las instalaciones del comedor no tienen capacidad física para almacenarla, ni para cocinarla, ni el personal encargado de la cocina podría materialmente preparar comida a esos volúmenes", señala la denuncia, que pone como ejemplo que el comedor gastaba "una media de más de 1.000 euros mensuales en frutas y verduras", llegando a presentarse facturas de hasta 5.600 euros al mes (sin incluir el IVA). La veracidad de estas facturas, según la denuncia, es "prácticamente impensable" dado el tamaño del comedor.

Tráfico de influencias

Pero la demanda presentada ante los juzgados no sólo denuncia la falta de justificación del dinero procedente de las subvenciones que recibió hasta hace unos meses la asociación gestora del comedor social. También hace referencia al hecho de que el propio Salido, acompañado de varios responsables de la asociación, retiró documentación relativa a las cuentas del comedor cuando el interventor la solicitó para la realización de su informe, una actuación que para Cortés supone la comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos por parte del teniente de alcalde.

"Francisco Salido, como autoridad por su cargo de concejal delegado del Área de Bienestar Social, en cuyo ámbito se encontraba la documentación, tenía encomendada la custodia de los documentos que en su sede laboral se encontraba", señala la denuncia, que también recoge la explicación que el propio teniente de alcalde dio a infoLibre cuando este diario le preguntó por los motivos que le habían llevado a retirar la documentación: según Salido, él y los miembros de la Asociación Comedor Social que le acompañaban lo hicieron para presentarla "bien foliada".

Y con sus actuaciones tanto Salido como el número 2 de su partido, José Manuel López Merino, también habría incurrido en un delito de tráfico de influencias, según la denuncia de Cortés. La acusación de la concejala se basa en la recriminación directa que, en su informe, realizó el interventor contra Salido, al que hizo máximo responsable de las "presiones morales" a las que se vio sometido mientras fiscalizaba las cuentas, que habrían limitado "la independencia en el desarrollo del trabajo". Según el informe del interventor, Salido y López Merino se habrían presentado en el ayuntamiento en repetidas ocasiones "interesándose por el estado de las actuaciones e instando a que se tengan por justificados los gastos con la documentación presentada para que continuaran los pagos de las subvenciones".

"La conducta del Concejal de Bienestar Social pudiera ser constitutiva del delito de tráfico de influencia propio", asegura a tenor de esta afirmación la denuncia de Cortés, puesto que "en el ejercicio de las facultades de su cargo [Salido] se ha personado en las dependencias de ayuntamiento instando a los funcionarios encargados del control financiero de las subvenciones otorgadas al Comedor, a que se tuvieran por justificados los gastos con la única finalidad de que continuaran transfiriéndose los pagos a la misma sin oposición o reparo de la Intervención Municipal". La conducta de López Merino –que según el interventor trató de ""cambiar el sentido del procedimiento" de fiscalización– sería "igualmente dolosa" y también puede constituir, según la demanda, un delito de tráfico de influencias.

La alcaldesa, testigo

"Todas las evidencias relatadas hacen pensar que los responsables de la Asociación Comedor Social de Benalmádena, valiéndose de la colaboración necesaria del concejal de Bienestar Social, Francisco Salido, quien ordenaba el pago de las subvenciones recibidas por la misma y cuyos gastos no han podido justificar, han utilizado dicho instrumento como sistema para un posible enriquecimiento de personas allegadas a un partido político, así como de familiares", remacha la denuncia, que pide la imputación de Salido y López Merino y los principales responsables de la asociación: su presidente, José Lara; su secretario, Francisco Cañete, que además es cuñado de Salido; su tesorero, Antonio Pérez Relinque; y el hermano de Salido, Enrique Salido, voluntario remunerado en el comedor y que se ocupaba de realizar las compras.

De igual manera, la demanda también solicita que se llame a declarar como testigos tanto al interventor como al jefe de la Unidad de Bienestar Social, que fue quien denunció en primera instancia la retirada de documentación por parte de Salido. Y, de igual forma, la denuncia pide incluir como testigo a la alcaldesa Paloma García, con quien infoLibre ha intentado ponerse en contacto, de nuevo sin éxito. A este respecto, Cortés ha asegurado que la alcaldesa sigue esquivando "su responsabilidad, que es tomar las decisiones", y se ha mostrado sorprendida por su reciente nombramiento como diputada en la Diputación de Málaga y vicepresidenta de la empresa Turismo Costa del Sol.


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