Margallo atrae todas las críticas tras sugerir que Rajoy no descarta suspender la autonomía catalana

El Gobierno utilizará todas las herramientas legales a su alcance para que no se celebre la consulta independentista el 9 de noviembre. Así lo ha asegurado este martes José manuel Grcía-Margallo, ministro de Asuntos Esteriores. "Toda la ley, sólo la ley, pero toda la ley", argumentó. ¿Eso incluye la suspensión de la autonomía catalana?, le preguntaron. "Incluido lo que haya que incluir para que esa consulta no se celebre", ha respondido.

"Un referéndum de secesión contrario al ordenamiento jurídico español" es "rechazable por la comunidad internacional y produciría efectos pésimos para Cataluña, España y la Unión Eurpea", ha subrayado. La unidad de España, abundó, es una línea infranqueable porque "no es propiedad de este Gobierno ni del Parlamento" sino que viene fijada en la Constitución Española.

El ministro aseguró también que la hipotética independencia de Escocia sentaría un "pésimo precedente" y no ha querido adelantar cuál será la posición del Gobierno si gana el 'sí' y el nuevo país solicita ser miembro de la Unión Europea. "Cuando llegue la ocasión, hablaremos", ha dicho.

En defensa de la unidad de España argumentó que la defensa de la integridad territorial de los Estados es prioritaria no sólo en la Unión Europea sino también en el resto del mundo, como demuestran los conflictos armados de Ucrania, Mali, Siria o Libia. En su opinión, los pueblos sólo pueden reclamar la autodeterminación en tres supuestos: si son colonias de otros estados, si han sido ocupados militarmente o si se están negando derechos fundamentales a sus ciudadanos. "Es obvio que no se dan ni en Escocia ni en otro Estado de la Unión", ha dicho.

El ministro también ha reflexionado sobre qué pasará a partir del 10 de noviembre y ha subrayado que en la vida, a su juicio, no hay "situaciones irreversibles". "Dentro de la Constitución y de las leyes, con diálogo, todo es posible. Fuera de la Constitución y de las leyes, nada es posible", ha insistido.

En este punto ha expuesto que la Carta Magna es un "contrato social" que decidieron todos los españoles "en democracia plena" y que de esta misma forma se debe modificar si así se considera. "Todos y cada uno de los españoles son propietarios de todos y cada uno de los centímetros cuadrados del país", ha añadido.

García-Margallo se ha defendido de quien considera que se excede de sus competencias como responsable de Exteriores al hablar de Cataluña. Ha argumentado que puede opinar en tanto que "patriota" que cree en la unidad de España y que defiende el principio de legalidad. También, por "conocimiento de causa", ha dicho: una Cataluña independiente dependería del reconocimiento internacional y de la pertenencia a la UE.

Las palabras del ministro han merecido inmediatamente la reprobación de la práctica totalidad de las fuerzas políticas, así como de los Gobiernos de Cataluña, Euskadi y Andalucía. 

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha advertido a Margallo de que suspender la autonomía catalana no impedirá el proceso: "No piensen que con esto se frenará el curso de la Historia", subrayó. Y Pere Macias, portavoz adjunto de CiU en el Congreso, se ha preguntado  si "la próxima ocurrencia" del ministro será "intentar perseguir judicialmente a 1,8 millones de catalanes" por querer votar.

El diputado de ERC Joan Tardà ha suvbrayado que si el ministro "cree que con amenazas va a desmovilizar la ilusión del pueblo catalán, es un cínico o un zoquete" y que significa que "desconoce totalmente la realidad de Cataluña". Joan Coscubiela, n nombre de ICV, ha exigido más diálogo y prudencia y "menos bravuconería". Y hasta el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha instado a Margallo a "no matar moscas a cañonazos".

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En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, según el cual Margallo, "se equivoca de cabo a rabo". "Amenazar con la ley no es la vía más adecuada" para resolver este tipo de cuestiones, advirtió. Más gráfico ha sido el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, quien ha preguntado al ministro si el uso de todos los mecanismos legales que asegura que el Gobierno utilizará para evitar la consulta scatalana incluye también "el envío de tanques".

Al PSOE tampoco le ha gustado la insinuación de Margallo. El secretario de Política Federal de este partido, Antonio Pradas, tachó de "provocación gratuita" sus palabras y advirtió de que, con estas declaraciones "retroalimenta y justifica reacciones independentistas". Una opinión que comparte el Gobierno andaluz, cuyo portavoz, Miguel Ángel Vázquez, ha asegurado que el Ejecutivo que preside Susana Díaz "no ve bien las amenazas" del ministro y anima al Gobierno de Mariano Rajoy a "buscar soluciones y no aumentar el problema".

La única formación política que ha salido a respaldar el mensaje de fondo de Margallo ha sido UPyD. Su portavoz, Rosa Díez, ha subrayado que en un Estado de Derecho "la línea roja es el incumplimiento de la ley". "El Estado de Derecho no se puede permitir que nadie incumpla la ley, ni un ciudadano común ni un gobernante. Esa es la línea roja que marca la democracia. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada", ha insistido.