Los magistrados de la Sección Segunda de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han ratificado la condena contra el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte por
"daños morales" contra la funcionaria Ana María Garrido, según una sentencia a la que ha tenido acceso
infoLibre.
Los jueces condenan al Consistorio, que durante el auge de la
red Gürtel de Rafael Correa se convirtió en el
epicentro de la mayor trama de corrupción ligada al PP.
Pero no solo Boadilla del Monte fue protagonista por sus corruptelas, sino que al menos dos de las personas vinculadas con el Ayuntamiento
denunciaron los presuntos abusos de poder del PP de este municipio y de las localidades aledañas.
Concejal histórico
Uno de ellos, cuya tarea fue fundamental en destapar el caso, fue
Ángel Galindo,
hijo del histórico concejal de Izquierda Unida del municipio del mismo nombre, y que desde hace varias legislaturas encabeza la formación Alternativa por Boadilla (APB).
Ahora APB es el principal partido de la oposición en
Boadilla del Monte. Precisamente
la firma de Galindo, abogado de profesión, consta en la denuncia presentada por el exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas. Esta denuncia se ha confirmado en todos sus términos, siendo el inicio de la pieza separada de
los papeles de Bárcenas por la que está imputado el extesorero del PP.
Pero la otra persona que denunció las irregularidades vinculadas a la corrupción del PP en esta zona de Madrid fue la funcionaria de Boadilla Ana Garrido, que también
declaró como testigo ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira.
Lucha contra la corrupción
Tras el estallido del
caso Gürtel Garrido, que ahora es la presidenta de una ONG que lucha contra la corrupción: el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción,
se trasladó a vivir a Costa Rica.
Pero a su vuelta del país centroamericano, la funcionaria constató determinados ataques por parte de sus superiores en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte: "Son tantos años y tanto tiempo viviendo la pesadilla que no me lo creo. Hoy le he preguntado a mi abogado si podían seguir recurriendo y me dicho que sí pueden, aunque tendrán que acudir al Tribunal Supremo, pero que ya
tienen la obligación de pagar la indemnización", que supera los 80.000 euros.
Garrido está "tan harta" de la actuación del Ayuntamiento, que ha solicitado la extinción del contrato. "
Desde que denuncié la rama Gurtel de Boadilla mi vida ha sido un infierno. Volví pensando que todo iba a ser normal cuando me incorporara a mi puesto de trabajo. Pero estoy señalada por el PP. Tenían directrices de hacerme la vida imposible", ha asegurado esta funcionaria a
infoLibre.
Miguel Álvarez Peralta
Helena Resano
