El Gobierno activa el procedimiento para parar la consulta del 9-N

El Gobierno del PP ha iniciado los pasos para promover el recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Consultas catalana de la que deriva el decreto de convocatoria de una consulta de autodeterminación para el 9 de noviembre.

Según anunció este sábado en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dos horas después de que el president de la Generalitat, Artur Mas, firmase el decreto de convocatoria, el primer paso que dará el Ejecutivo pasará por solicitar un informe ante el Consejo de Estado que esperan tener en menos de 48 horas. Una vez recibido el texto, se reunirá el Consejo de Ministros –a lo largo de la próxima semana– y se planteará el recurso correspondiente ante el Tribunal Constitucional (TC). 

"Una vez suspendida esta ley no podrá llevarse a cabo ninguna actuación para ejecutarla", recordó la vicepresidenta del Gobierno. De esta manera podría quedar anulada jurídicamente la consulta catalana prevista para el mes de noviembre.

Preguntada por el carácter vinculante del referéndum, después de que Mas asegurase durante el mes de septiembre que el 9-N "no tendrá vinculación jurídica directa", la vicepresidenta no dudó en afirmar que "un referéndum es un referéndum con independencia de si es vinculante o no lo es".

Sánez de Santamaría calificó como "un error" la decisión tomada por el president porque esta convocatoria, a su juicio, "fractura a la sociedad y divide a los catalanes". La vicepresidenta también remachó que "ningún Gobierno puede ceder por encima de lo que debe decidir el pueblo español" porque "ningún Gobierno puede ceder ni transigir lo que no le es propio". 

El Consejo de Estado da vía libre al Gobierno para que recurra ante el TC la consulta del 9-N

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El PSOE apoya la impugnación

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, indicó este sábado que el PSOE "apoya" la impugnación del decreto, que calificó como "último episodio de una deriva muy grave", y avirtió al presidente de la Generalitat de que su actitud "está provocando una enorme frustración y fractura en la sociedad catalana y española".

"Artur Mas debe saber que la consulta se va a paralizar y que no se va a realizar, por eso apoyamos la impugnación para que se cumpla la Constitución y para que una decisión que compete a todos los españoles no se tome por una parte de la ciudadanía española", ha asegurado