El nuevo ministro de Justicia revisará la ley de tasas judiciales de Gallardón

El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, fijó este lunes el "análisis" y la "mejora" en la aplicación de las nuevas tasas judiciales, la revisión del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la reforma del Registro Civil entre sus prioridades al frente del Ministerio. Catalá recibió la cartera de Justicia de manos de su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, en el Palacio de Parcent. Esta mañana juró el cargo en el Palacio de la Zarzuela y, acto seguido, participó en el Consejo de Ministros que aprobó recurrir la consulta soberanista de Cataluña ante el Tribunal Constitucional.

El traspaso de cartera tuvo lugar en las salas nobles del Palacio de Parcent, que estuvieron abarrotadas de autoridades. Entre ellas, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, o el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Fernando Grande-Marlaska, junto a fiscales, vocales del Consejo General del Poder Judicial y representantes de asociaciones de jueces, secretarios judiciales, notarios o procuradores.

Catalá agardeció la nutrida presencia que le ha acompañó en este acto y expresó su deseo de que sea indicio de una "pronta y estrecha colaboración" entre todos los profesionales del Derecho, algo, a su juicio, absolutamente imprescindible para afrontar los retos que la Administración de Justicia tiene ante sí. El diálogo con muchos sectores se había roto en la época de Gallardón, por lo cual los afectados recibieron con buenos ojos este cambio de actitud.

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"Os convoco a alcanzar un gran acuerdo que permita el desarrollo equilibrado de las reformas pendientes", trasladó Catalá a todos los operadores jurídicos, para pedirles su colaboración a cambio de ofrecerles "diálogo, lealtad y voluntad de consenso".

Catalá, que regresó a la que fue su "casa" entre 2002 y 2004 como número dos de José María Michavila, fijó sus prioridades para este año de legislatura: la revisión del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la "mejora" de los sistemas de justicia gratuita, el "análisis y la mejora" en la aplicación de la ley de tasas, la "mejor versión" final de la Ley de Servicios Profesionales y la implantación de un sistema eficaz y ágil de Registro Civil.

Además, prometió aumentar las plazas de jueces y fiscales para dar solución a la situación de jóvenes que salen de la Escuela Judicial y no tienen destino. Aunque no citó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que revoluciona el mapa judicial, sí mostró su compromiso para trabajar a favor de una justicia electrónica.