Transparencia

El Congreso mantiene oculto cuánto paga a sus trabajadores

Hemiciclo del Congreso de los Diputados.

Las remuneraciones de los empleados que no son parlamentarios y que trabajan en el Congreso de los Diputados permanecen ocultas a ojos de la ciudadanía. No existe un documento oficial público que recoja una relación de las retribuciones de las personas que, al margen de los parlamentarios, trabajan en la sede máxima de la soberanía popular a sueldo de la Administración. Así lo han confirmado a infoLibre los servicios oficiales del Congreso, donde admiten que esa información "nunca ha sido pública" y señalan que habrá que esperar a la puesta en marcha de la Ley de Transparencia para ver si la institución estará obligada o no difundirla. 

Además de los diputados –que perciben un sueldo base de 2.813 euros, a lo que se suma una cantidad mensual para su alojamiento y manutención de 870,56 euros si son de Madrid y 1.823,86 si son de fuera y otros complementos en función de la tarea que desempeñen en la Cámara– en el Congreso trabajan alrededor de 400 funcionarios que ejercen tareas administrativas y técnicas y cuyas funciones están determinadas en el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Este cuerpo de funcionarios lo integran los letrados, que desempeñan funciones de asesoramiento jurídico y técnico a los diferentes órganos de la Cámara; los archiveros-bibliotecarios, que organizan, gestionan y conservan los recursos documentales y bibliográficos; los asesores facultativos; los redactores taquígrafos y estenotipistas; los administrativos y los ujieres. 

Por otro lado está el personal laboral contratado por la Cámara para desempeñar funciones no atribuidas estatutariamente a los funcionarios como pueden ser los servicios sanitarios (tres médicos y tres enfermeros), informáticos, de mantenimiento de las instalaciones o de prevención de riesgos laborales. Según detallan los servicios oficiales de la Cámara este grupo lo integran alrededor de 125 personas.

Pero el Estatuto del Personal recoge otra categoría de trabajadores de la Cámara baja cuyas retribuciones también son una incógnita. Se trata del personal eventual que, según informan desde los servicios oficiales, está dividido en dos grupos. Por una parte están los asistentes de los diputados que son contratados por la Cámara (tienen derecho a contar con su ayuda los miembros de la Mesa y los parlamentarios que presiden comisiones y además hay otros 205 asistentes que se reparten entre los grupos según el número de representantes que tiene cada uno, tal y como se recoge en el documento de régimen y ayudas a los diputados). Y, por otra, está el personal de confianza contratado por los grupos parlamentarios con cargo a la subvención que recibe cada uno de ellos. 

Al margen de todos estos trabajadores quedan otros que no son propiamente trabajadores de la Cámara como son los empleados encargados de la limpieza o la restauración. Se trata de servicios externalizados que se sacan a concurso a través de un procedimiento administrativo. Lo que hace el Congreso es pagar a la adjudicataria una cantidad fija para que se encargue del servicio y de remunerar al personal. 

La asignación en Presupuestos 

Para 2015, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asignan al Congreso 84.243.490 euros. De ellos está previsto que 28,2 millones (partidas de altos cargos e indemnizaciones por razón de servicio) se utilicen para pagar las retribuciones y dietas –estas últimas exentas de tributación– de los 350 diputados de la Cámara. Para retribuir al personal laboral se dedicarán 3,8 millones y al eventual, 7,5 millones. No obstante, es imposible saber entre cuántas personas se tienen que repartir esta última cantidad porque no existe una relación pública de puestos de trabajo que incluya al personal de confianza contratado por los grupos. Por otro lado, la partida dedicada a remunerar a los funcionarios está integrada en el capítulo de Cortes Generales e incluye a los que trabajan tanto en el Congreso como en el Senado. Para 2015 está dotada de 36,5 millones de euros. 

El artículo 60.3 del Reglamento de la Cámara, vigente desde el 5 de marzo de 1982, establece que "la relación de puestos de trabajo y la determinación de funciones correspondientes a cada uno de ellos se hará por la Mesa del Congreso". La realidad es que el Boletín Oficial de las Cortes Generales recoge en un documento cuál es la plantilla orgánica del Congreso, aunque esta es incompleta porque no recoge las remuneraciones y tampoco información específica sobre el personal eventual (asesores de los diputados) ya sean contratados directamente por la Cámara o por los grupos parlamentarios. 

Ante este panorama es una incógnita si la Ley de Transparencia arrojará luz sobre este asunto, pues el texto sólo detalla que la norma será de aplicación en el Congreso de los Diputados "en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo". Habrá que ver si los desarrollos de la ley contienen algún tipo de especificación relativa a este asunto. Por otro lado, consultados por este periódico, los servicios de prensa de los diferentes grupos parlamentarios señalaron no tener constancia de que sus formaciones hubieran reclamado a través de alguna iniciativa parlamentaria que se hiciera pública información sobre la estructura del personal parlamentario y sus remuneraciones.

Más transparencia 

En el otro lado, las organizaciones que defienden que los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información de los poderes públicos, creen que debería haber más transparencia en este ámbito. Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, considera que la información detallada sobre el número de personas que trabajan en el Congreso y sus retribuciones debería ser pública "de oficio" en la página web de esta institución. Y argumenta que debería ser así porque se trata de puestos de trabajo y remuneraciones que van con cargo al erario público.

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Una opinión similar expresa Victoria Anderica, portavoz de la ONG Access Info Europe, quien cuestiona además el hecho de que, a tres meses de su puesta en marcha, no se hayan aprobado todavía los reglamentos de Ley de Transparencia y, por lo tanto, se desconozca a qué nivel de concreción obligará. A falta de publicar los decretos de desarrollo, la norma no obliga al Congreso a dar información sobre su funcionamiento interno. A juicio de Anderica, el ámbito de aplicación "no es amplio" y, por el momento, se limita a "poder conocer las partidas de gastos y poco más". 

Vicky Bolaños, una de las impulsoras de la asociación Qué hacen los diputados, creada en 2012 con el objetivo de fiscalizar el trabajo de los parlamentarios, también considera que la Cámara baja debería ser más transparente en lo relativo a este tipo de asuntos de su organización interna. De hecho, en una batería de propuestas para "abrir" el Congreso de los Diputados, este colectivo incluyó una petición expresa sobre la cuestión del personal. Reclaman que se pueda consultar en la página web cuántos asistentes tiene cada grupo (sean personal del Congreso o externo), quiénes son, con qué preparación cuentan y en qué procesos legislativos intervienen, así como incluir información sobre el funcionamiento administrativo y estructura del personal parlamentario.

En este punto puede surgir la duda sobre si publicar información concreta relativa a los trabajadores de la Cámara y sus retribuciones puede colisionar en algún caso con la legislación de protección de datos. Los portavoces de ONG protransparencia consultados por este periódico consideran que no. "No tendría por qué haber ningún problema porque la información a publicar en ningún caso contendría datos personales tales como nombres, apellidos o números de documentos de identidad", sentencia Lizcano. 

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