Bankia y Caja Madrid sólo han reclamado la devolución del 1,2% del dinero gastado con las 'tarjetas B'

El uso que 83 consejeros de Caja Madrid y Bankia hicieron de sus tarjetas B ha generado un escándalo social mayúsculo, pero ambas entidades no han adoptado medidas para reclamar la devolución del dinero. En total, entre 2003 y 2012, los consejeros gastaron 15.494.500 euros. La Fundación Caja Madrid y Bankia, herederas de la histórica entidad financiera, sólo han pedido de momento la restitución de 197.459 euros. Es decir, el 1,27% del total.

Bankia solicitó dos informes a su asesor jurídico, el bufete Herbert Smith Hills, sobre las posibles responsabilidades civiles y penales de los consejeros por el uso de las tarjetas. El primer documento se refiere a la etapa de Caja Madrid, y el segundo analiza la situación después de que siete cajas se fusionaran para crear Bankia en diciembre de 2010.

Entre 2003 y 2012 los consejeros cargaron a Caja Madrid 15.249.300 euros con sus tarjetas, que en teoría eran para gastos de representación, pero que se utilizaron de forma mayoritaria para retirar efectivo o realizar compras de alimentación o ropa. Dichas tarjetas no tenían un soporte contractual –en el contrato de trabajo o mercantil de los consejeros y directivos– y no consta que sus dueños declarasen el dinero a Hacienda. Aunque Caja Madrid entregaba ese tipo de tarjetas a sus consejeros al menos desde 1994, no aportó los datos anteriores a 2003 porque la información disponible era "parcial".

Pues bien, el asesor jurídico de Bankia no observa base legal para que se reclame a los consejeros de Caja Madrid los 15,2 millones de euros, en su mayoría gastados indebidamente. "Las disposiciones a cargo de las tarjetas son difícilmente incardinables en el concepto jurídico de cobro de lo indebido, generador de una obligación de restitución", concluye la filial española del bufete británico.

Los abogados de Herbert Smith Freehills conceden gran importancia al hecho de que Caja Madrid autorizase el uso de las tarjetas, ya que ello pudo despertar en sus detentadores "la posible creencia de la corrección o legalidad" de su uso. Un argumento curioso puesto que no parece que sea posible usar una tarjeta de crédito sin autorización de una entidad financiera.

"Nos movemos en el terreno de la inestabilidad"

Los autores del informe jurídico pasan a analizar la figura jurídica del "cobro de lo indebido", que consiste en la percepción de algo que no había derecho a cobrar y que genera la obligación de devolver el dinero. Pero concluyen que no es de aplicación a este caso. "Nos movemos en el terreno de la inestabilidad derivada de la falta de elementos probatorios acerca de las circunstancias en que se usaron las tarjetas, su multiplicación en el tiempo y lo variable de su uso [...]. En función de las singularidades del caso, muy posiblemente sea casi imposible apreciar error –entendido como conciencia de lo indebido del pago– en los que usaban las tarjetas", dice literalmente el informe.

Herbert Smith Freehills sostiene, además, que Bankia no está legitimada para iniciar ningún tipo de acción judicial en reclamación de esos 15,2 millones de euros, que en todo caso correspondería a la Fundación Caja Madrid. Ambas entidades son las herederas de la antigua caja: Bankia se quedó con el negocio financiero y la Fundación Caja Madrid con la obra social. Pero el asesor jurídico de Bankia entiende que esta entidad "no soportó el quebranto económico producido por el uso de las tarjetas", y por ello no está legitimado para exigir a los consejeros y directivos que lo devuelvan. En todo caso, insiste en que tampoco la Fundación Caja Madrid tendrá éxito si reclama ese dinero: "Parece difícil intentar con éxito el ejercicio de acciones restitutorias".

El bufete considera que no existió "cobro de lo indebido", y tampoco aprecia apropiación indebida por parte de quienes gastaron esos 15,2 millones de euros en temas que nada tenían que ver con sus funciones en la caja: "Resulta difícil fundamentar la existencia de un posible delito de apropiación indebida por parte de los usuarios de las tarjetas, dado que el perceptor o acreditado verosímilmente podía tener la creencia de que ostentaba un título (operativo o funcional) para utilizar la tarjeta".

¿Y quienes autorizaron el uso de las tarjetas podrían haber cometido algún delito, por ejemplo de administración desleal? Pues tampoco. Herbert Smith Freehills señala que penalmente resultaría "muy complicado –seguramente imposible– indagar en el proceso decisorio que desembocó en la autorización de las repetidas tarjetas, cuyo uso se prolongó durante muchos años. La existencia de una decisión inicial posiblemente enervó el dolo específico que este tipo penal requiere en los que posteriormente se limitaron a no decidir la retirada de las tarjetas". Por todo ello, concluye que existe "ausencia de relevancia penal" en los hechos analizados.

En resumen: nadie cometió ningún delito y tampoco hay nada que reclamar a quienes fundieron 15,2 millones de euros. Al menos eso opina el asesor jurídico de Bankia, entidad que ahora preside José Ignacio Goirigolzarri.

El efecto del rescate bancario

El segundo informe del bufete analiza los mismos hechos pero ya en la época de Bankia, en los años 2011 y 2012. Hay que destacar que en este periodo fue mucho menor el dinero gastado con las tarjetas: 245.200 euros en total. En este caso, los abogados llegan a una conclusión diferente: sí existe base legal para reclamar el dinero a los usuarios de las tarjetas. ¿Cuál es el motivo? "Por decirlo con palabras sencillas, se trata de la crisis financiera y del rescate bancario", argumenta Herbert Smith Freehills, que destaca que "la continuación de las tarjetas sin cobertura contractual o estatutaria es muy difícil de justificar en el contexto de austeridad extrema reclamada por la nueva situación".

Así las cosas, continúan los autores del informe, "la creencia psicológica de lo 'debido' del pago (esto es, de la licitud de la tarjeta) se debilita notablemente a partir de la creación de Bankia, sobre todo teniendo en cuenta que quienes la disfrutaban en el nuevo banco ostentaban también la condición de administradores ejecutivos".

Eso sí, Herbert Smith Freehills mantiene que tampoco en este caso existió un delito de apropiación indebida y no advierte "relevancia penal en las conductas o actuaciones consideradas".

Amparándose en este documento, que lleva fecha de 16 de junio de 2014, los responsables de Bankia se pusieron en contacto con cuatro exdirectivos de la entidad financiera para reclamarles que devolvieran el dinero. Y los cuatro aceptaron reembolsar los fondos que utilizaron durante los años 2011 y 2012. En concreto, el expresidente Rodrigo Rato entregó 54.837 euros; Ildefonso Sánchez Barcoj devolvió 90.879 euros; Matias Amat restituyó 42.043 euros, y José Manuel Fernández Norniella reembolsó 9.700 euros. En total, 197.459 euros. 

Como desveló infoLibre este sábado, Rato sigue sin devolver los 44.200 euros que cobró en 2010, antes de que Caja Madrid se transformase en Bankia. Y lo mismo ocurre con los otros tres exdirectivos de la entidad, que habían dispuesto de importantes sumas entre 2003 y 2010: Sánchez Barcoj gastó 484.200 euros, Amat cargó a la tarjeta 389.000 y Norniella dispuso de 175.400 euros. Es decir, entre los cuatro aún no han devuelto 1.092.800 euros pagados con sus tarjetas opacas. 

Los 197.459 euros reembolsados por los cuatro exdirectivos de Bankia no suponen el total abonado por las tarjetas de esta entidad, que ascendió a 245.200. La diferencia son 47.741 euros, correspondientes a pagos realizados por consejeros de Caja Madrid, pero cuya facturación se cargó en las cuentas de Bankia. De acuerdo con el informe de Herbert Smith Freehills, es la Fundación Caja Madrid quien estaría legitimada para reclamar este dinero.

El FROB le enmienda la plana al asesor de Bankia

Herbert Smith Freehills recomendaba en todo caso enviar la documentación al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el organismo público que controla las cajas nacionalizadas y que es el principal accionista de Bankia. Tras analizar la documentación, los responsables del FROB decidieron enmendarle por completo la plana a Bankia y a su asesor jurídico. Y es que el organismo público llegó exactamente a las conclusiones opuestas: decidió trasladar los hechos a la Fiscalía Anticorrupción al entender que en absoluto se podía descartar la existencia de delitos, apreció en la actuación de los consejeros suficientes indicios como para analizar si se produjo un cobro indebido y concluyó que es Bankia quien está legitimada para reclamar el dinero gastado con las tarjetas.

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El FROB, en un escrito fechado el pasado 4 de julio, recuerda que Bankia se quedó con todo el negocio financiero de Caja Madrid, "en el que se encontraban los 15 millones de euros de gastos registrados por el uso de esas tarjetas". Por ello, entiende que el perjuicio "se ha materializado en los accionistas de Bankia actuales, y en concreto en el FROB y a través del mismo en el contribuyente".

Pero, al menos de momento, José Ignacio Goirigolzarri ha decidido no hacer caso al criterio de su principal accionista. Así que Bankia no ha reclamado los 15 millones de euros. Cuando se pregunta en la entidad financiera por qué no han exigido la devolución del dinero desde que el FROB trasladó los hechos a la Fiscalía en julio, se escudan en el informe de Herbert Smith Freehills que asegura que ellos no están legitimados para reclamar. Y cuando se plantea la misma cuestión en la Fundación Caja Madrid, se amparan en el criterio del FROB.

¿Resultado? Muy sencillo: los que dilapidaron los 15,2 millones siguen con el dinero en sus bolsillos y el descubierto generado en la caja se tapó con fondos de los contribuyentes.