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Consulta catalana 2014

Grandes empresas y bancos aprietan a Rajoy para que dé un giro sobre Cataluña tras el 9 de noviembre

Grandes empresas y bancos aprietan a Rajoy para que dé un giro sobre Cataluña tras el 9-N

El núcleo duro de las grandes empresas del Ibex-35 y de las principales entidades financieras ha trasladado a Mariano Rajoy en las últimas semanas la petición de un giro a su política sobre Cataluña tras el 9 de noviembre, fecha señalada para la consulta soberanista suspendida por el Tribunal Constitucional. La élite del poder económico maneja estudios detallados sobre las 23 propuestas que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, trasladó a Rajoy el 30 de julio, y considera factible una negociación política a partir de ese documento. La mayoría de las fuentes consultadas por infoLibre reconocen, sin embargo, su pesimismo sobre la actitud del presidente del Gobierno, a quien ven más preocupado por las consecuencias electorales para el PP en el resto de España si se abre un diálogo bilateral con Cataluña que por frenar el auge del soberanismo, sobre el que un alto cargo bancario catalán advierte de que puede ser “irreversible”.

Entre los grandes bancos y empresas que manejan un porcentaje significativo del PIB y otro quizás mayor de influencia sobre la política, crece estos días la inquietud sobre Cataluña. Fuentes del Consejo Empresarial para la Competitividad, que agrupa y coordina a los presidentes de Telefónica, Caixabank, Santander, BBVA, Iberdrola, ACS o Endesa, entre otros grupos empresariales, confirman que se han sucedido los contactos al más alto nivel con Rajoy y con miembros de su equipo de confianza, a quienes además se les han enviado “papeles y propuestas concretas” para intentar convencer a Moncloa de que tiene que producirse un giro respecto a Cataluña si se quiere garantizar “la estabilidad política y económica”, en palabras de uno de los interlocutores.

Todos pronostican que seguirá creciendo la tensión política hasta el 9 de noviembre. Dan por descontado que el Tribunal Constitucional no va a levantar la suspensión de la consulta convocada y que Artur Mas y la Generalitat tampoco tomarán decisiones claramente ilegales, que además podrían comprometer a funcionarios públicos que arriesgarían sanciones de distinto grado. Creen que serán la Asamblea Nacional Catalana y otros movimientos cívicos y privados quienes pilotarán el proceso durante las próximas semanas, y que podría desembocar el día 9 de noviembre en votaciones que se pretenden masivas y que tendrían un valor simbólico de calado, como lo tuvieron las manifestaciones multitudinarias de las últimas Diadas. Se prevé por tanto una escalada gradual de la tensión, con la presión por un lado de un porcentaje cada vez más amplio de la ciudadanía catalana reclamando su derecho a pronunciarse y un Rajoy que seguirá enrocado en la aplicación de la Constitución y las leyes.

¿Y el 10 de noviembre?

En ese escenario, Rajoy tendría –a juicio de uno de los asesores del citado Consejo– dos opciones: “Salir el día 10 presumiendo de que ha impuesto la ley y el independentismo ha sido derrotado, etcétera, etcétera, o bien ofrecer ese mismo día la apertura de un diálogo con la Generalitat para abordar las reivindicaciones concretas que Mas planteó en su día”.

Uno de los estudios manejados por entidades pertenecientes al Consejo para la Competitividad sobre las 23 propuestas de Mas concluye que “trece son perfectamente asumibles por el Estado; seis son legales aunque su contenido tendría que negociarse y matizarse, y hay cuatro claramente inasumibles por su inconstitucionalidad”, según las mismas fuentes. Entre las propuestas que se citan como “asumibles sin ningún problema por parte del Estado” se citan los puntos 11 (sobre la gestión autonómica del 0,7% del IRPF para fines sociales), el 12 (sobre políticas activas de empleo) o el 21 (sobre becas universitarias). Como puede imaginarse, las grandes empresas consideran “innegociable” el punto 5 del documento de Mas, referido a la unidad de mercado.

De alguna forma, se trataría de poner el contador en el punto anterior a la sentencia del Tribunal Constitucional que en julio de 2010 arrasó parte del Estatut aprobado por el Parlament, “cepillado” por las Cortes y refrendado por una mayoría de catalanes. Las fuentes consultadas asumen que esa sentencia supuso una bofetada para muchos ciudadanos de Catalunya que no se identificaban entonces con el independentismo. La negociación directa entre el Gobierno y la Generalitat podría ampliarse luego a otros grupos políticos, con el objetivo de construir una disposición adicional a la Constitución que pudiera contar con una amplia mayoría sin tener que pasar por los mecanismos exigidos para una reforma constitucional profunda. Como ya publicó infoLibre, esta vía de solución es defendida también por sectores del PP y del PSOE.

Un acuerdo “urgente”

El poder económico apuesta por una negociación bilateral de los 23 puntos de Mas porque tiene prisa. De hecho, las fuentes consultadas creen que Rajoy debe lanzar su oferta de diálogo el mismo día 10 de noviembre y “conseguir un acuerdo con Mas antes de navidad”. Según ese cálculo, ERC y el resto de la izquierda soberanista rechazaría el acuerdo, pero Mas podría contar con el apoyo de Convergencia, de Unió, del PSC, de Ciutadans y obviamente del PP, “además del aplauso editorial de los grandes medios de comunicación catalanes”, cuya financiación, por cierto, depende mayormente de las mismas empresas y bancos que defienden esta vía.

La fórmula recuerda los métodos de negociación que siempre se han utilizado entre Cataluña y el Estado, aunque esta vez se reconoce que es preciso ponerle “luz y taquígrafos a ese diálogo para que no pueda tacharse de simple mercadeo”. Esta hipótesis considera que “aún es posible convencer a una franja importante de quienes apoyan el llamado derecho a decidir pero no quieren romper con el Estado”.

Desde la cúpula de la banca creen que Rajoy se equivocaría “si cede a la tentación de pensar que puede matar políticamente a Mas y a Convergencia con la simple aplicación de la ley y la no celebración de la consulta”. Artur Mas quiere evitar ser fagocitado por ERC, y su posibilidad de recuperar la centralidad política es poder argumentar: “Lo he intentado todo, y de las cuestiones más urgentes he conseguido todo esto” (negociación de los 23 puntos).

Si Rajoy no cede y el acuerdo no se produce en los próximos meses, los interlocutores de las grandes empresas y bancos creen que Artur Mas intentará construir una candidatura unitaria, dar vida a lo que se viene denominando Partit del President o casa común del soberanismo, cara a la convocatoria de unas elecciones de carácter plebiscitario. El primer paso podría ser un compromiso de apoyo mutuo con ERC en las municipales de mayo de 2015, pacto que podría darles la victoria en el 90 % de los ayuntamientos. Y permitiría a Mas no adelantar las autonómicas y esperar a 2016, como desea ERC.

El tablero puede saltar

El poder económico analiza la situación sobre Cataluña de modo inseparable al resto del escenario político. La presión sobre Rajoy para una solución dialogada y una negociación urgente tiene que ver también con el temor que los 'grandes' del Ibex-35 comparten sobre el incierto paisaje electoral que todos los sondeos pronostican, y muy especialmente con el agotamiento del bipartidismo. Según la última encuesta de Metroscopia publicada por 'El País', la suma de PP y PSOE, que en las generales de 2011 rozaba aún el 52% pese a la estrepitosa caída del voto socialista, no pasaría hoy del 37%.

Pero hay más. El hecho de que el propio diario El País afirmara sobre su encuesta que no “hacía cocina”, es decir que se limitaba a trasladar lo que dicen los encuestados sin la interpretación sociológica que acompaña a todo sondeo electoral, ha provocado múltiples interpretaciones. Una de las fuentes bancarias con las que ha podido hablar infoLibre para esta crónica asegura que la estimación de escaños que considera más fiable en las encuestas que se manejan da al PP 140, al PSOE 80 y a Podemos 45. Y tampoco descarta que, dependiendo de la evolución de la crisis y de los escándalos de corrupción, el apoyo a Podemos permita al partido de Pablo Iglesias incluso dar el sorpasso y convertirse en segunda fuerza en el Congreso.

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Con ese horizonte electoral, repiquetean de nuevo las campanas de la llamada Gran Coalición que defiende Felipe González “si el país lo necesita”. Y tanto González (pese a la masiva oposición del PSOE) como los poderes financieros, empresariales y mediáticos insisten en que España “necesitaría” esa coalición a la alemana si el descalabro socialista y la irrupción de Podemos fragmenta la representación parlamentaria. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha rechazado pública y reiteradamente cualquier posibilidad de coalición con el PP, que en las filas socialistas se considera “suicida”. Pero ha sorprendido también la rotundidad con la que Sánchez ha descartado cualquier posible pacto con Podemos.

En el ámbito del poder económico se considera que ese riesgo de que salte por los aires el “tablero de la transición” se reduciría si Rajoy diera un giro político a la relación con Cataluña y a la solución del actual conflicto. Casi todos los interlocutores observan con pesimismo la actitud del presidente del Gobierno y creen que no es sólo su asesor Pedro Arriola quien le inclina a sostener la confrontación. Muchos barones del PP calculan que una negociación que lleve a un mayor reconocimiento de la singularidad catalana provocaría una sangría de votos en sus territorios. “Mientras Rajoy piense más en los votos en Albacete que en el modelo de Estado más conveniente para todos, no hay nada que hacer”, sostiene una de las fuentes consultadas.

Sólo en una de las entidades más relevantes, el Banco Santander, consideran más factible que Rajoy se incline hacia el diálogo desde el 10 de noviembre. Y se basan en lo que Emilio Botín transmitió a su entorno antes de morir repentinamente. Como desveló el propio Rajoy, ambos se reunieron en secreto una semana antes de la defunción. Al parecer, hablaron de Cataluña, y Botín salió con la impresión de que el presidente del Gobierno estaba dispuesto a cambiar de estrategia una vez superado el 9-N.

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