Ruz imputa a Acebes por apropiación indebida en la compra de acciones de Libertad Digital con la ‘caja B’ del PP

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar como imputado el próximo martes al exsecretario general del Partido Popular Ángel Acebes, al extesorero de la formación Álvaro Lapuerta y al empresario de la construcción Antonio Vilela por la compra de acciones de la empresa de comunicación Libertad Digital con cargo presuntamente a la caja B del partido.

El magistrado, que investiga la supuesta contabilidad B de la formación en una pieza separada del caso Gürtel, imputa a Acebes un delito de apropiación indebida por "su responsabilidad respecto al eventual conocimiento y autorización de la operación", enmarcada en la ampliación de capital de Libertad Digital, y al hecho de que estos fondos acabaran "siendo detraídos por sus iniciales destinatarios aprovechando estos la opacidad de los mismos".

El juez cita en el mismo auto como testigos al expresidente de Libertad Digital Alberto Recarte; y a dos compradores de acciones de este grupo, el exdirector general del Ministerio de Justicia Alberto Dorrego y el empresario Borja García Nieto.

En su auto, el juez incorpora un informe de la UDEF sobre las operaciones presuntamente realizadas a través de la llamada caja b del PP a partir de octubre de 2004 para la suscripción de acciones de Libertad Digital. La policía ha investigado esos hechos a partir de nueve apuntes manuscritos que aparecían en la contabilidad paralela aportada al juez por el extesorero de los conservadores, Luis Bárcenas, entre 2004 y 2005 y que, según Ruz, podrían constituir un delito de apropiación indebida. Según la declaración que prestó Barcenas, estas operaciones fueron solicitadas por Alberto Recarte, entonces presidente de Libertad Digital al entonces secretario general del PP, Angel Acebes.

Recarte le pediría, según el auto, encontrar personas que comprarsen acciones en el marco de la ampliación de capital que se estaba siguiendo. Así las cosas, Lapuerta le habría planteado a Acebes utilizar los fondos de la caja b para suscribir esas acciones, con el fin de que esas participaciones fueran traspasadas a terceros. El propio Lapuerta, Francisco Yáñez y Rosalía Iglesias figuraron como suscriptores de acciones, siempre utilizando el dinero b del partido. Los tres vendieron posteriormente las participaciones y en el caso de Lapuerta y Rosalia Iglesias no consta que el dinero retornase a la caja b del PP.

En su auto el juez reitera la dinámica de fraccionar las donaciones anónimas que realizaban Barcenas y Lapuerta para no superar el límite legal establecido entonces de 60.000 euros. A través de esa práctica, la Policia ha acreditado otra contabilidad paralela para financiar la sede regional del PP en Bizkaia y las obras que se llevaron a cabo en aquel edificio.