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Inmigración

Expertos y ONG tachan de “disparate” la intención del PP de legalizar la expulsión en caliente de inmigrantes

Expertos y ONG tachan de “disparate” la intención del PP de legalizar la expulsión en caliente de inmigrantes

Modificar la ley para permitir las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla vulneraría la legislación internacional y también la española. Es lo que afirman tajantemente los expertos consultados por infoLibre sobre la intención que tiene el PP de enmendar la Ley de Extranjería en este sentido, un cambio legislativo que los especialistas tachan de "disparate".

La polémica saltaba este miércoles, cuando se conoció que entre las 25 enmiendas presentadas por los conservadores a la Ley de Seguridad Ciudadana que se está tramitando en el Congreso se incluía una que no tiene nada que ver con esta norma, sino que afectaba a la Ley de Extranjería. El añadido que propone el PP establece un "régimen especial" para Ceuta y Melilla, por el cual "los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial [...] intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España". 

De esta manera, la enmienda promovida por el PP legalizaría la entrega directa a las autoridades marroquíes de los inmigrantes que cruzasen irregularmente la frontera ceutí o melillense, esquivando la norma que actualmente rige en todo el territorio nacional. Hoy por hoy, la Ley de Extranjería establece que, si la policía captura a un migrante al acceder a través de un puesto no habilitado –como las vallas situadas en las ciudades autónomas–, debe trasladarlo a una comisaría para tomarle los datos y atender una eventual petición de asilo, un proceso en el que el extranjero tiene derecho a contar con asistencia letrada y un traductor, en caso de necesitarlo.

Un "limbo legal" que "no cabe" en la ley

Para los expertos la enmienda del PP vulnera normas a nivel internacional y también españolas, incluida la propia Constitución. Así lo asegura Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que califica de "barbaridad" el hecho de que se pretenda crear un "vacío de protección jurídica" en Ceuta y Melilla al aplicar una legislación especial que no rige en el resto del Estado. "Esto es lo que hacen los americanos en Guantánamo, crear una zona donde no hay derechos", algo que "no cabe" en la ley, asegura Escudero.

La misma opinión tiene María Serrano, responsable adjunta de política interior de Amnistía Internacional, que en declaraciones a Europa Press calificó de "limbo legal" la situación en la que quedarían Ceuta y Melilla si se aprobase esta enmienda. Pero "crear un régimen específico no exime de aplicar el derecho internacional", señaló Serrano, que afirmó a infoLibre que la iniciativa del PP "podría suponer la vulneración del derecho europeo", por lo que Amnistía Internacional "va a dirigirse a la Comisión Europea" para que examine el caso.

Porque ese es uno de los grandes puntos de consenso entre los expertos: que la norma sería contraria a los tratados internacionales suscritos por España. En este sentido, Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universitat de Valencia (UV), asegura que la enmienda "se arriesga a ser una infracción gravísima del derecho internacional de los refugiados", ya que las normas internacionales "obligan a recibir y tramitar" una eventual petición de refugio de un inmigrante. "Y con esta norma ni siquiera se pregunta", denuncia De Lucas.

Escudero argumenta de manera similar que la "barbaridad jurídica" que plantea el PP "vulnera claramente el derecho internacional en el ámbito del asilo y el refugio", y que esta vulneración de los tratados internacionales provoca que también vaya contra la Constitución, que establece que los acuerdos de este tipo que ratifique España "formarán parte del ordenamiento interno". "Uno no puede devolver sin aplicar garantías procesales; primero hay que certificar la razón por la cual se expulsa" al indocumentado, insiste el experto. "Imagina que el inmigrante dice: 'Solicito asilo'. Pues eso tiene un procedimiento, que puede terminar igualmente con la expulsión, pero hay que analizar el caso", remacha Escudero.

Las expulsiones colectivas, prohibidas expresamente

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"No se puede legalizar lo que es ilegal bajo el derecho internacional", declara por su parte tajantemente Serrano. "En en derecho internacional están prohibidas las expulsiones sumarias, que se ejercen sin ningún tipo de garantía, sin un examen de en qué situación se encuentra cada persona o si quere asilo", señala la responsable de Amnistía, que explica que "el Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíbe expresamente las devoluciones colectivas". "Y están prohibidas por las consecuencias que pueden tener pata los derechos humanos: torturas, malos tratos... nadie puede ser devuelto a un país donde corra en peligro su vida, y en una expulsión sumaria nadie comprueba si esto puede ser así", remacha Serrano.

Para De Lucas, además, "hay otro argumento que aconsejaría prudencia en este aspecto, que es el que ofrece el auto del juzgado 2 de Melilla". El catedrático se refiere a la imputación del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, por un presunto delito de prevaricación que se habría cometido precisamente al realizar devoluciones en caliente. La imputación se basa en una orden dictada por Martín en la que se considera que los inmigrantes pisan territorio español una vez que saltan la última valla, la tercera, desde Marruecos, por lo que mientras las personas fueran interceptadas antes de esa tercera valla no se les aplicaría la legislación y protección españolas.

El auto del juez, no obstante, señala que "el terreno entre vallas es suelo español y está sujeto a su soberanía", algo con lo que se muestra totalmente de acuerdo De Lucas, que rechaza este tipo de devoluciones puedan sostenerse basándose en este argumento. "Si la frontera estuviese en la tercera valla, los policías estarían o en tierra de nadie o en territorio marroquí", afirma el experto. Escudero va en la misma línea al preguntarse "qué hacen los agentes ahí" si ese no es territorio español, y además aporta otro dato: las autoridades españolas "deben respetar la legalidad [nacional] actúen donde actúen".

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