La Junta de Andalucía colgará todas las actas de los ‘consejillos’ de 2001 a 2012

Fue el pasado viernes cuando se conoció que Alaya había reclamado a la Junta las citadas actas en un plazo de diez días, que debía acompañar de las convocatorias internas de esas reuniones y del orden del día de todas y cada una de ellas. El propósito era investigar "cuantas cuestiones eran analizadas en los citados consejos en torno al uso ilícito de las transferencias de financiación para el pago de (la agencia) IDEA de las subvenciones sociolaborales sobre la existencia de procedimientos en la concesión de todas las subvenciones, sobre la falta de fiscalización previa, sobre el importante déficit presupuestario generado por la Consejería de Empleo y el consiguiente débito con IDEA que anticipaba el pago de unas subvenciones que se otorgarían arbitrariamente, sobre las modificaciones presupuestarias para incrementar el crédito presupuestario del programa 31L, y sobre los presuntos acuerdos de colaboración entre las consejerías de Empleo y de Innovación". 

Alaya pedía toda la documentación para comprobar si en dichos actos "se recogen extremos que pongan de manifiesto el conocimiento generalizado entre las más altas instancias de la Junta de la indiciaria vulneración de la competencia del Estado en la concesión" de subvenciones de naturaleza laboral "y acerca de la ilegalidad" del procedimiento de concesión y pago, "conocimiento indiciario que ya existía en la fase de elaboración de los Presupuestos de cada año".

La Junta ha respondido, pues, de forma rápida, y por una doble vía: remitiendo todos los papeles a la jueza y colgando después la información en su web, bajo la premisa, repetida en varias ocasiones por la presidenta andaluza, de que no hay nada que esconder y de que se será implacable con la presunta corrupción. Las actas se harán públicas en cuanto estén entregadas al juzgado, en principio a lo largo de esta tarde, según precisaron fuentes oficiales [consulta aquí en PDF la nota de prensa por la que se comunica el levantamiento del carácter reservado de los consejillos]. 

Con su auto –resolución razonada–, Alaya tocaba la gestión de Díaz. Los consejillos son presididos por el consejero de Presidencia, cargo que ella ocupó de mayo de 2012 a septiembre de 2013, en el último Ejecutivo de José Antonio Griñán. Sus antecesores fueron Gaspar Zarrías –bajo el mandato de Manuel Chaves–, Antonio Ávila y Mar Moreno –ambos con Griñán de presidente–. La documentación fue demandada por la acusación particular que ejerce el PP, a la que el Ejecutivo autonómico presentó en su día alegaciones. 

Conflicto por las actas en el pasado

Al inicio de la investigación del caso ERE, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ya reclamó a la Junta las actas del Consejo de Gobierno, una decisión que suscitó tensiones entre el Gobierno de Griñán y la magistrada y que finalmente resolvió el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo. Este determinó que Alaya sí podía consultar los papeles. 

Los abogados de la Junta han redactado dos recursos contra la jueza, a los que ha tenido acceso este periódico. En uno [míralo aquí en PDF], pide que deje de instruir la causa de las presuntas irregularidades en los fondos destinados a los cursos de formación, alegando que podría haberse vulnerado el principio de "juez natural". El Gobierno autonómico se basa en las declaraciones del principal testigo del caso, el funcionario Teodoro Montes, que acudió al juzgado de Alaya hace un año para denunciar los hechos que conocía, y este le dijo que denunciara ante la Guardia Civil. Posteriormente, el juzgado número 6 abrió la causa por unos hechos que están investigando órganos judiciales de varias provincias andaluzas. Según la Junta, la causa no fue a reparto y podría haber correspondido a cualquier otro magistrado, por lo que reclama la nulidad de competencias en esta pieza de los cursos de formación. 

La segunda impugnación [aquí el PDF] se refiere al caso de los ERE. La Junta refuta el argumento de la jueza de que el Gobierno andaluz no es competente para regular las ayudas sociolaborales. El texto denuncia que Alaya "está criminalizando el hecho mismo de otorgar las ayudas con independencia de que en ella se cumplan todos los requisitos legales". "Al negarse la competencia en su conjunto, la negación no sólo afecta a los actos administrativos y disposiciones reglamentarias, sino también a las leyes y a quienes las aprueban, siendo exclusivamente el elemento determinante de la persecución penal la accesibilidad del juzgado al perseguido en la instrucción, y no la vulneración competencial. Esta paralización ilegítima, afecta a toda la acción de la Comunidad Autónoma en la materia eludiendo, además, el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad que, aún no prevista para estos casos, como es obvio, regula el artículo 163 de la Constitución", razona el Ejecutivo autonómico.