La detención de Granados desempolva la turbia relación entre el político y sus empresarios amigos

Años después de múltiples pero fallidas denuncias políticas y judiciales, la detención del exnúmero dos del PP madrileño, Francisco Granados, y la subsiguiente cascada de arrestos –medio centenar– en la llamada Operación Púnica ha desempolvado un largo y conocido pero obviado historial, el de la relación entre Granados, que empezó su carrera como alcalde de Valdemoro, y sus empresarios amigos. Entre ellos y en lugar preeminente, David Marjaliza, promotor inmobiliario, exconcejal del PP, uno de los mayores beneficiados por las decisiones políticas de su paisano y ahora considerado el otro gran conseguidor de la trama que acaba de aflorar. 

Ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, la macrorredada ha hecho estallar la investigación casi nueve meses después de que Granados se viese forzado a dimitir como senador tras conocerse que había ocultado 1,5 millones de euros en Suiza.

Todo apunta a que él mismo y Marjaliza eran los máximos conseguidores de una trama cuyos tentáculos se extienden –de momento– a cuatro comunidades: Madrid, Castilla y León, Valencia y Murcia. Todos los políticos y altos cargos arrestados, salvo dos del PSOE, pertenecen al PP. Una multinacional del sector de la energía, Cofely, filial de GDF Suez, aparece en la investigación con la gran destinataria de los contratos amañados previo pago.

Aunque la investigación permanece bajo secreto de sumario, sí ha trascendido que el juez Velasco indaga el proceso de blanqueo de las comisiones que solo en los dos últimos años reportaron a los implicados el amaño de contratos valorados en 250 millones de euros.

Fuentes del bufete madrileño Garrido, que tiene a David Marjaliza por cliente y asegura representarle en pleitos "con Hacienda", confirmaron a infoLibre que el juez les ha pedido documentación. “Estamos colaborando”, dijo un miembro del despacho al tiempo que negaba toda conexión con los hechos investigados: el bufete se limita a prestar asesoramiento profesional a Marjaliza y sus empresas, remarcó la fuente al tiempo que desmentía de forma tajante que algún socio del bufete haya sido detenido o llamado a declarar.

"El tapado de Granados"

Senador hasta que en febrero trascendió que había ocultado un millón y medio de euros en una cuenta de Suiza,Granados ejercía de –presunto– abridor de puertas municipales, siempre de la mano de su amigo y excompañero de partido David Marjaliza, uno de los empresarios a los que el Ayuntamiento de Valdemoro benefició repetidamente al modificar planes urbanísticos y a quien un antiguo empleado de su empresa definió como "el tapado de Granados” en una de las conversaciones intervenidas en el caso Gürtel.

Ya en 2006, y sin que aquello tuviera la menor consecuencia política, salió a la luz que, tres años antes, Granados había vendido a Marjaliza su chalé de Marbella. Fuentes políticas locales han asegurado desde entonces que la venta fue un mero paripé. 

Alcalde de Valdemoro justamente entre 1999 y 2003, Granados no abdicó del mando en ese municipio tras su salto a la política autonómica. Pero los escándalos que jalonaron su actividad política en Valdemoro nunca hasta ahora le hicieron mella. Por ejemplo, en 2006 el incendio del Mini Cooper que usaba su esposa, Nieves Alarcón, hizo aflorar que el vehículo estaba a nombre de una de las principales constructoras del municipio, Obras y Vías, de Ramiro Cid Sicluna

En febrero de 2009 y al tiempo que estallaba el caso Gürtel, otro escándalo acorraló a Granados, a quien de nuevo salvó su jefa en el Gobierno de Madrid y en el PP, Esperanza Aguirre: con una licencia concedida en 2006, otra empresa de Ramiro Cid Sicluna estaba levantando en Valdemoro una mansión a la medida y el gusto de Granados y su familia sin que, formalmente, el inmueble perteneciera al político.

Cuando el entonces vicepresidente regional se vio interpelado por el diario Público sobre las extrañas circunstancias de la obra, Granados reconoció que fue él quien “encargó” el proyecto, una mansión de 1.000 metros cuadrados construidos sobre seis parcelas en las que el Plan General obligaba a levantar otros tantos chalés.

Una denuncia a la papelera

Dos años más tarde, Margarita Peña, una abogada y exconcejal socialista de Valdemoro que había adquirido la condición de azote solitario de Granados, formuló una denuncia por soborno ante la Fiscalía.

Sustentada en un completísimo dossier documental, la denuncia de Peña explicaba cómo David Marjaliza estaba tras todas y cada una de las cinco empresas invitadas en enero de 2000 por el Ayuntamiento a la "subasta restringida" convocada para vender una parcela destinada a hotel. Todas pertenecían en realidad al grupo DHO (Dico Harinsa Obrum). En 2009, el grupo entró en concurso de acreedores, aunque Marjaliza ha continuado su actividad a través de otras compañías.

En noviembre de ese año, la fiscal jefe del área Getafe-Leganés archivó las diligencias bajo el argumento de que, incluso si hubiera existido delito, este habría prescrito en 2010. La fiscal dio carpetazo pese a que su propio decreto de archivo hacía constar que las cinco empresas tenían "relación entre sí", como probaba el hecho de que que la fianza que todos los concursantes están obligados a depositar había sido luego retirada en la misma fecha y por la misma persona.

Cuando infoLibre desveló el archivo de aquella denuncia, el nombre de Marjaliza ya había emergido en el sumario del caso Gürtel: en mayo de 2013, el juez Pablo Ruz investigaba un pelotazo de 12 millones de euros que Marjaliza anotó en su haber gracias a otra de sus sociedades, Vancouver Gestión.

Chalés y mansiones al margen, Granados tiene abierto otro flanco judicial, aunque solo como testigo: en septiembre declaró ante la juez que, por imposición de la Audiencia de Madrid, aún investiga el espionaje a que dirigentes del PP madrileño enfrentados a Esperanza Aguirre fueron sometidos por parte de funcionarios de la Comunidad de Madrid. Las primeras investigaciones señalaban a Granados como el político que ordenó someter a vigilancia a personalidades como el exvicepresidente regional Alfredo Prada o el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo.

En enero, uno de los imputados envió a la juez un texto en el que aseguraba que solo seguían a aquellos políticos por los que Ignacio González, entonces vicepresidente y ahora jefe del Gobierno autonómico, tenía especial interés. Granados, que mantiene una relación de abierta hostilidad con González, dijo durante su declaración testifical que no sabía nada de nada.

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Con la investigación judicial todavía en ciernes, falta por conocer cómo funcionaba el nexo entre Granados y Marjaliza y el resto de los imputados. En el medio centenar de detenidos [ver la lista], figuran el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez; tres altos cargos del Gobierno murciano (entre ellos, la directora general de Turismo, Mariola Martínez; y seis alcaldes de localidades madrileñas próximas entre sí: cuatro de ellos son del PP (José Carlos Boza, Valdemoro; Gonzalo Cubas, Torrejón de Velasco; Agustín Juárez, Collado Villalba; y David Rodríguez, Casarrubuelos), uno al PSM (José María Fraile, Parla) y otro (Antonio Sánchez, Serranillos del Valle) a una pequeña formación independiente que gobierna previo pacto con los socialistas.

Los socialistas madrileños (PSM) remacharon a lo largo de la tarde que la investigación sobre Parla se ciñe a un contrato adjudicado a Cofely y no a ninguna actuación relativa a la etapa de su líder, Tomás Gómez, como alcalde.

El otro político procedente del PSOE involucrado en el caso es José Antonio Alonso, alcalde de Cartagena en los noventa y ahora dedicado a los negocios. Alonso fue representante de una sociedad de David Marjaliza que en 2006 logró un pelotazo de 17 millones gracias al traslado de la antigua fábrica cartagenera de la empresa Zincsa.