Blesa aporta como únicos bienes una póliza de seguros de 15 millones y su casa familiar de Madrid

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha aportado como únicos bienes una póliza de seguros por valor de 15 millones de euros y su casa familiar en la capital para cubrir la fianza de responsabilidad civil que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por el uso de las 'tarjetas B' de la entidad, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La póliza aportada por el expresidente de la caja madrileña se suscribió con la compañía Seguros Mapfre durante su etapa como presidente de la entidad, de la que fue máximo responsable entre 1996 y enero de 2010.

Tras recibir esta información, que Blesa facilitó a la secretaria judicial del Juzgado Central de Instrucción número 4 el pasado lunes durante una comparecencia que se produjo en su domicilio, el juez inició los trámites para determinar el patrimonio real del exbanquero, que está imputado por un delito continuado de administración desleal.

Rato evita el embargo

El juez sostiene que Blesa y Rato habrían "consentido, aceptado y propiciado" el uso de las 'tarjetas B', que supusieron un coste de 12,5 millones de euros durante el mandato del primero (de 1996 a enero 2010) y de 2,6 millones durante la etapa del exvicepresidente del Gobierno al frente de la caja madrileña (entre enero de 2010 y mayo 2012).

Rato logró sortear el embargo al presentar el pasado miércoles un aval del Banco Sabadell por valor de tres millones de euros. El juez le aclaró el martes que descontaba la cantidad de 197.459 euros correspondiente al montante que él y otros tres exdirectivos devolvieron el pasado mes de julio a Bankia, por lo que la fianza solo afecta a los gastos que se cargaron en Caja Madrid.

Las fianzas, que fueron impuestas a petición de la Fiscalía Anticorrupción y con la adhesión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), principal accionista de Bankia, incluyen tanto la responsabilidad civil que Blesa y Rato tendrían que afrontar en el caso de ser condenados por el uso de las 'tarjetas B' como la multa del 25 por ciento que establece la ley.