IU no investigó ninguno de los pagos de las tarjetas B realizados por sus consejeros

"IU constituye una comisión de investigación interna que aclare todo lo sucedido con las tarjetas black". Izquierda Unida-Comunidad de Madrid lanzaba el pasado 6 de octubre una nota de prensa con ese titular. Con ella anunciaba la creación de un órgano integrado por cinco miembros de la federación. Nueve días más tarde, el 15 de octubre, la comisión de investigación elevó su dictamen de conclusiones a la ejecutiva regional. Cinco únicos folios. Y en el segundo párrafo ya dice lo único que ha revisado y lo que deja fuera: los integrantes del órgano fiscalizador determinaron, en su primera sesión, que el objeto de la indagación "no se centrará en las tarjetas black, cuya investigación ya está en vía judicial, sino en lo aparecido en los medios de comunicación, el 6 de octubre". O sea, su único punto de atención fue el pago que, con su tarjeta B, hizo quien era mano derecha de Miguel Blesa en Caja Madrid, Enrique de la Torre. Este, en un mail desvelado por infoLibre, señalaba que había abonado con su Visaopaca la fianza del recurso judicial que IU interpuso contra una decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre en 2009. 

Este diario ha tenido acceso al borrador del informe de la comisión de investigación que se llevó a la ejecutiva de IU-CM el pasado miércoles y, dos días después, a la Presidencia Regional. El documento que sirvió de base para pedir el acta de diputado a quien se responsabilizó de haber consentido ese pago, Antero Ruiz. El informe no se ha hecho aún público y ni tan siquiera se envió a los dirigentes de la Presidencia Regional. Tampoco disponen de él las federaciones de IU, cuya inquietud, indignación y alarma ha crecido en los últimos días, porque entienden que la caída de Ruiz no es suficiente y avisan de que no se puede cerrar "en falso" la investigación. No es más que un deseo que, por ahora, no podrá cumplirse. Este miércoles fuentes oficiales de IU-CM remarcaron que la comisión "finalizó sus trabajos" y la Presidencia "adoptó su resolución" el viernes pasado. 

El texto, que obra en poder de infoLibre, delimita desde sus primeras líneas dónde empiezan y acaban los trabajos de los investigadores internos: ver qué ocurrió con aquella querella presentada en 2009 para defender a uno de sus consejeros en la Comisión de Control de la entidad, Juan Gómez Castañeda, suspendido por el Ejecutivo de Aguirre junto a Fernando Serrano, representante elegido por el PP y afín a Alberto Ruiz-Gallardón. Y añaden los miembros de la comisión de investigación: "También hemos procedido a la aclaración sobre la posibilidad del conocimiento por parte de algún miembro de esta organización de la existencia y el uso de estas tarjetas, así como la posible concesión de créditos a esta organización o personas individuales de la misma de manera irregular". El órgano subraya que "no tiene como función dirimir sobre posiciones políticas", porque eso corresponde a la dirección. 

Por tanto, la comisión no se propuso ver qué ocurrió con los 456.522,20 euros que gastó José Antonio Moral Santín, vicepresidente de la caja y cabeza visible de los consejeros de IU. De esa enorme cantidad cargada a Caja Madrid entre 2003 y 2012 (fue el segundo que más tiró de su visa black), Moral extrajo en efectivo el 81%, 368.809,83 euros, de los que es imposible seguir el rastro. Tampoco intentó explorar los gastos de sus otros dos hombres en la entidad: Rubén Cruz (233.763,54 euros) y Juan Gómez Castañeda (128.000,44 euros). El argumento es que este asunto "ya está en vía judicial". Sorprende esta contención previa, puesto que la ejecutiva que creó la comisión se convocó de urgencia el domingo 5 de octubre. Esto es, antes de que este diario publicara la noticia. 

18 peticiones de comparecencia

Partiendo de esta premisa, la comisión, a partir de su constitución (7 de octubre), mantuvo cuatro sesiones hasta el pasado día 14. Sesiones en las que se pidió la comparecencia de 18 personas que "ocupaban diferentes responsabilidades durante los hechos" que se procedieron a investigar, y en un periodo concreto: desde que IU interpuso el recurso hasta su resolución judicial, en mayo de 2009 –el Tribunal Superior de Madrid levantó la suspensión a Gómez Castañeda–. En consecuencia, se citó, por un lado, a los miembros de la dirección colegiada que tomó el mando de IU-CM después de que su coordinador, Fernando Marín, dimitiera en abril de 2008 por problemas de salud. A saber: Gregorio Gordo (coordinador de la Presidencia), Lidia Fernández (Comunicación), Antero Ruiz (Institucional), Carlos Penit (Organización), Inés Sabanés (portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid) y Ángel Pérez (portavoz de IU en el Ayuntamiento de la capital). En este paquete faltaría el responsable de Finanzas, Pedro Orgaz, ya fallecido. 

Por otro lado, el órgano fiscalizador convocó a los que se sentaban en la comisión de finanzas en aquel periodo (Gerardo del Val, Tania Sánchez, Rubén Bejarano y Miguel Ángel Gómez). También se llamó a los coordinadores generales de la federación: Ángel Pérez, líder de 1993 a 2000; Miguel Reneses (2000-2002); Fausto Fernández (2002-2004), Gregorio Gordo (marzo de 2009-diciembre de 2012), y Eddy Sánchez (diciembre de 2012 hasta hoy). El redactor de la querella contra el Gobierno de Aguirre, Juanma Vela, fue asimismo contactado. Y, por último, a los consejeros propuestos por IU: Moral Santín, Gómez Castañeda y Cruz.

De todos los convocados, 13 acudieron a la sede de IU-CM, en la calle de Sierra Carbonera, en el distrito de Vallecas: Juanma Vela, Lidia Fernández, Antero Ruiz, Gregorio Gordo, Tania Sánchez, Ángel Pérez, Miguel Reneses, Gerardo del Val, Fausto Fernández, Carlos Paíno, Rubén Bejarano, Miguel Ángel Gómez y Eddy Sánchez. Tres contestaron "por escrito a las preguntas formuladas por la comisión, a través de correo electrónico": Moral Santín, Gómez Castañeda y Cruz. El informe nada dice sobre qué declararon y cómo se defendieron. Ninguna expresión literal aunque, según fuentes de la federación, sólo insistieron en su inocencia. A Sabanés, militante de Equo desde 2011, se le remitió el cuestionario el 14 de octubre, pero al cierre del dictamen no había podido responder por la premura y por encontrarse de viaje. Un compareciente no dio "ningún tipo de respuesta": el abogado José Luis Rodríguez. 

No hay actas y los apuntes contables son "insuficientes"

La comisión, antes de relatar sus acuerdos, se queja de la "dificultad" que ha encontrado a la hora de "concretar/contrastar" el relato de los convocados, "al no diponer ni de actas de acuerdos de algunos de los órganos celebrados". También lamentan sus miembros las cuentas y apuntes contables de IU-CM "insuficientes". Por ello, para hacer sus trabajos, el órgano tuvo que servirse de la "memoria o el recuerdo de los comparecientes". Igualmente, manifiesta la comisión su "sorpresa e indignación" por que se filtrara información relativa a sus sesiones de trabajo, "que algún día también sería necesario investigar". Este medio publicó sucesivas noticias sobre los pasos dados por este órgano.

En su borrador –el dictamen definitivo se emitirá en los próximos días, cuando se incorpore la documentación y las transcripciones de las entrevistas–, la comisión concluye lo siguiente: 

Por todo ello, la comisión presentó una serie de recomendaciones para que las apruebe la dirección, para evitar que tamaño escándalo pueda repetirse. Sugiere que se elabore un código ético de cargos públicos y representantes de la federación en empresas públicas; que, una vez entregado el dictamen definitivo, se cree una nueva comisión "que recabe una mayor información de todos los aspectos relacionados con la actividad de miembros de IU-CM en todos los órganos de Caja Madrid y Bankia; que se redacte un listado de la presencia de la federación en empresas públicas, tanto en Caja Madrid como en sociedades vinculadas; que se elaboren actas de las reuniones de los órganos de dirección y que se tenga un "mayor control y rigurosidad en las finanzas de IU-CM". 

El dictamen de la comisión, que se leyó (pero no se envió) a los miembros de la Presidencia Regional. Esta asumió el informe y, a propuesta del coordinador, Eddy Sánchez, aprobó una resolución que implicó la caída de Antero Ruiz. Texto respaldado con 43 votos a favor (70,49%), 16 en contra y 2 abstenciones. 

Fueron cinco los miembros de la comisión de investigación: Carmen Pérez-Carballo, la portavoz, Eva Gómez, José Luis Martínez Cestao, Mateo González y Lali Vaquero. Las dos primeras, como ya informó este diario, pertenecieron a la asamblea general de la caja durante años. Sus integrantes se reunieron el pasado lunes con la comisión de transparencia federalcomisión de transparencia, a la que entregaron el lunes pasado el dictamen. Pero, hasta la fecha, no ha indagado más, ni tampoco la ejecutiva ha dado vida a un nuevo órgano que dé continuidad a los trabajos de investigación. 

"Los trabajos de la comisión ya están finalizados y la organización, en su Presidencia del viernes pasado, adoptó una resolución", indicaron este miércoles fuentes oficiales. Si en el futuro se montará un nuevo órgano de vigilancia, nada, "no se ha hablado aún", ni está prevista una reunión de la dirección para discutir sobre este asunto. Lo único que queda, por ahora, es que se acabe la transcripción de las comparecencias y se adjunte la documentación, pero el dictamen de conclusiones "no va a cambiar". 

Alarma fuera de Madrid

La respuesta de IU-CM a un escándalo mayúsculo que empaña la imagen de la federación y la asocia con PP y PSOE en el momento de mayor crecimiento de Podemos preocupa sobremanera fuera de Madrid. Distintos territorios de IU y el PCE han emitido o preparan ya resoluciones muy duras donde exigen que se llegue a una depuración "ejemplar" de responsabilidades, caiga quien caiga. Que se liquide sin demora a aquellos que, "por acción u omisión" permitieron esas prácticas "fraudulentas, clientelares, especulativas y antisociales" en la caja. Y si IU-CM no es capaz de hacerlo, que lo haga el máximo responsable, Cayo Lara. 

Dos son los hombres más señalados ahora mismo. Dos excoordinadores autónomicos que han tenido un protagonismo capital en la vida de la federación en los últimos 20 años y a quienes se responsabiliza de haber gestionado la presencia de IU en Caja Madrid: Ángel Pérez, actual portavoz en el Ayuntamiento de la capital, y el diputado Miguel Reneses, secretario de Organización de Lara. Las federaciones piden medidas expeditivas, y rápidamente. El plazo expiraría en la próxima reunión del máximo órgano de poder de IU, el Consejo Político Federal, prevista para el 8 de noviembre. 

IU-CM no se da por aludida ni va a reaccionar al movimiento conjunto y escalonado de los territorios. "Las federaciones han adoptado sus resoluciones y Madrid ya ha hecho lo suyo y tomó sus decisiones", sentencian tajantes desde la cúpula regional. Ni las antiguas mayoría y minoría de Madrid, que gobiernan juntas desde el pasado abril, quieren hurgar en la herida: los cuadros están sumergidos en las primarias abiertas, en la recogida de avales y en la inscripción de los simpatizantes.

Reunión de Lara y sus barones el sábado

En las últimas horas se van conociendo nuevos textos. El martes por la noche, la Presidencia Regional de IU Murcia aprobó una durísima resolución [puedes leerla aquí en PDF] que pide la cabeza de Reneses y Pérez por haber promovido a Moral Santín, Cruz y Gómez Castañeda y exige también la salida de todos aquellos que no fiscalizaron su actuación en la caja. La dirección de La Rioja, por su parte, reclama que dimita Pérez "por su defensa reiterada y pública" de Moral, y que se suspenda cautelarmente de militancia a "los coordinadores generales" [aquí el PDF]. 

Cayo Lara convocó este miércoles a sus barones regionales para una reunión en Madrid el sábado 25, a las cuatro de la tarde. La cita hizo pensar a varios coordinadores consultados que se abordará el asunto Caja Madrid-Bankia, que Lara les sondeará para conocer su opinión antes de la ejecutiva del lunes. Desde Olimpo, la sede federal, no salió palabra.