Un juzgado investigará si se cumplieron las medidas de seguridad para los empleados del Carlos III

El Juzgado de Instrucción Número 21 de Madrid trasladó al Ministerio Público que abra diligencias previas para determinar si el Hospital de la Paz-Carlos III aplicó todas las medidas de cara a garantizar la seguridad del personal y la formación de los trabajadores para tratar casos de ébola. El juzgado adopta esta decisión al entender que el relato de la denuncia presentada por médicos del servicio de Medicina Intensiva de La Paz "presenta las características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, insta a la Fiscalía a recabar toda la documentación sobre las medidas de seguridad y las iniciativas de formación aplicadas, así como una relación de las personas asistentes a los cursos de formación, quiénes los prestaron.

También reclama las relaciones de médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería que estuvieron en contacto con el virus. Aparte, encarga un oficio a la Inspección de Trabajo a fin de que remita actas o informes instruidos en relación al objeto de la denuncia. Frente a esta resolución, indica el juzgado, cabe interponer un recurso en el plazo de tres días.

Fallos en la formación 

En su denuncia, los médicos consideran que, "si no están acompañados de una formación y entrenamiento apropiados y estrictos" y "medios estructurales que permitan ponerlos en práctica", los protocolos "son insuficientes para garantizar la seguridad que exige el tratamiento de un agente biológico de nivel cuatro como es el ébola.

Asimismo, los facultativos recuerdan que desde el 29 de abril "han venido denunciando la necesidad de una infraestructura, medios y formación, imprescindibles para el tratamiento de los enfermos afectados por esta patología" y señalan que aunque se les prometió "una formación adecuada (...) por medio de talleres prácticos", el Servicio de Protección de Riesgos Laborales del hospital "ofrece en el mes de julio a los interesados una charla explicativa de unos 45 minutos de duración, a lo sumo, y la exhibición de unos trajes de protección que no reúnen las condiciones de seguridad requeridas".

Por otro lado, exponen que el 8 de agosto, el jefe de servicio recibe un comunicado de la dirección médica del hospital en el que se asegura haber cumplido todas las peticiones de los facultativos. No obstante, en la denuncia señalan que esa afirmación es "del todo inexacta pues la estructura de las habitaciones de hospitalización y sus esclusas no reúnen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad del paciente y del personal". "Además los trajes de bioseguridad disponible no son los adecuados para la relización de técnicas de soporte vital. Tampoco se ha recibido formación adecuada sobre su colocación ni, especialmente, su retirada: momento clave en el que se produce la mayor parte de los contagios", aseveran.

A continuación ponen de manifiesto que el 6 de octubre, el mismo día que se conoció que la técnica de enfermería Teresa Romero había resultado infectada, los facultativos del servicio tuvieron una nueva reunión con la subgerencia en la que "reiteran las peticiones pendientes". Y explican: "[en ese encuentro] ponen a nuestra disposición los trajes solicitados pero no la formación y entrenamiento adecuados de todo personal. Tampoco se contempla la ampliación de las esclusas en las que, por su tamaño reducido, se lleva a cabo con dificultad y riesgo la retirada de la vestimenta y resulta imposible la descontaminación el equipo".

Dos días después, el miércoles 8 de octubre, los médicos envían un nuevo escrito en el que vuelven a solicitar "una infraestructura acreditada con nivel de bioseguridad similar al de los centros de la UE o EEUU que atienden a pacientes críticos infectados por el vurus del Ébola".