Jueces y fiscales proponen ocho medidas para frenar la escalada de casos de corrupción

Asociaciones de jueces y fiscales publicaron este miércoles un documento en donde recogen ocho medidas urgentes para luchar contra la corrupción empujadas, aseguran, por la situación de "máxima alarma" social ante las "continuas noticias sobre casos de corrupción política".

Los colectivos –Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Foro Judicial Independiente, Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales–, dicen no poder "permanecer ajenos a esta grave situación", lo que les ha llevado a emitir un documento en el que apelan a la "responsabilidad constitucional de los poderes públicos". "Los continuos episodios de corrupción política que han visto la luz socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho", afirman.

Jueces y fiscales critican que el modelo constitucional del Poder Judicial se ha ido "pervirtiendo" al tratar los partidos políticos de "preservar" el "control sobre quienes tienen el deber de juzgarles".  Por ello, las asociaciones firmantes consideran necesaria la adopción de las siguientes medidas:

1. Evitar injerencias del poder político en la elección de los integrantes del órgano de gobierno del Poder Judicial.

2. Incremento del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de jueces y fiscales en España a la media europea.

3. Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).

4. Instauración de un nuevo modelo procesal penal, apto y eficaz para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción.

5. Revisión del Código Penal a fin de sancionar como delito la financiación ilegal de partidos políticos.

6. Mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, con el consiguiente incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria.

7. Reducción del número de aforados en el ámbito político y limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.

8. Reforma de la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia en su ejecución.