Participación ciudadana en los parlamentos, una apuesta más simbólica que efectiva

Existen tres niveles por los que se abren las vías a la participación ciudadana en el poder público, según Tomás Alberich, del Área de Investigación de la Red-CIMS (Madrid). El primero de ellos es poner información a disposición del ciudadano. Información sobre cualquier actuación pública, sus alternativas, sus consecuencias. El segundo nivel lo conforman la consulta y el debate. En él, los afectados por la actuación pública –ya sea una ley o cualquier otra acción– dan su opinión, realizan sugerencias o proponen alternativas y se mantienen en contacto con y sus representantes.

El tercer nivel consiste en una gestión compartida del poder, en una toma conjunta de decisiones entre el ciudadano y el político. Es el nivel deseado de participación ciudadana que persiguen últimamente los parlamentarios autonómicos españoles.

El socialista Manuel Gracia, presidente del Parlamento de Andalucía, anunció la semana pasada que los ciudadanos andaluces podrán presentar enmiendas al articulado de proyectos y proposiciones de ley, que serán tramitadas si son asumidas por algún grupo parlamentario, según la última reforma de la Cámara en la que se recogen otros temas de transparencia. Gracia afirmó que, con estas medidas, el Parlamento andaluz sigue "avanzando en transparencia y participación" gracias a la "unanimidad" de todos los grupos y para demostrar que se "han antepuesto las demandas ciudadanas a las propuestas concretas".

La Cámara vasca cuenta con un foro de propuestas ciudadanas en el que se recogen las impresiones y sugerencias ciudadanas a los proyectos de ley. “Al final, tenemos la forma de participación, pero sin la presentación formal de una enmienda. Si un grupo parlamentario decide recoger la propuesta ciudadana reflejada en el blog, esta se lleva a cabo como enmienda”, confirmaron fuentes oficiales de la institución.

También en Galicia existe este portal online bajo el nombre Legisla con nosotros, que recopila y refleja públicamente las opiniones sobre los proyectos y proposiciones de ley que se encuentran en tramitación en el Parlamento de Galicia. “Una vez que se recibe el comentario se traslada a los servicios jurídicos, quienes a su vez se lo pasan a los diputados en la ponencia de la ley correspondiente”, afirmó un portavoz.

Pero, ¿qué diferencia hay entre estas enmiendas ciudadanas andaluzas y otras medidas como la participación legislativa a través de la web en parlamentos autonómicos como el vasco y el gallego?

Comparecencias en las asambleas

“La diferencia y novedad presentada desde el Parlamento de Andalucía es que se puede presentar la enmienda, sea individual o colectiva, en el Registro de la Cámara, es decir, que la garantía jurídica y formal es mayor y la enmienda queda a disposición de todos los grupos”, especificó la institución a infoLibre. “Desde el punto de vista formal puede ser lo mismo. Desde el punto de vista jurídico, esta reforma da más garantías jurídicas y formales a las enmiendas”, aclararon.

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En otras comunidades, como el País Vasco, Aragón o la Región de Murcia, se permite a los ciudadanos realizar comparecencias en su parlamento autonómico mientras que se está tramitando un proyecto de ley. En el caso de las asambleas de Aragón o Murcia, se invita a colectivos relacionados con el proyecto en cuestión a que participen en las sesiones legislativas. En Euskadi, cualquier ciudadano puede solicitar su comparecencia ante la Cámara en el proceso legislativo. “Las comparecencias llevan mucho tiempo como vía de participación de la ciudadanía, a nivel colectivo o individual y siempre aportan”, declaró una portavoz del Parlamento de Vitoria.

Manuel Gracia anunció también una novedad en la reforma andaluza respecto al escaño 110 del Parlamentoescaño 110. Este no corresponde a ningún grupo político, se diseñó para que un representante de las asociaciones firmantes de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) pueda defender en el pleno de la Cámara su propuesta. La novedad presentada en esta última reforma pone un límite de dos meses para la celebración del pleno correspondiente a la ILP en cuestión.

El tercer nivel del que habla Tomás Alberich consiste en una toma conjunta de decisiones entre el ciudadano y el político. Pero, ¿están los gobiernos autonómicos en el nivel deseado de participación ciudadana?