Rajoy rescata dos leyes presentadas en febrero como eje de su plan anticorrupción

El lector puede estar familiarizado con los términos "regeneración democrática" y "paquete de medidas anticorrupción". Han sido empleados en numerosísimas ocasiones por miembros del Gobierno y el PP desde que Mariano Rajoy llegó a la Moncloa tras ganar las generales de 2011 por mayoría absoluta. Pero el grueso de estos bloques legislativos no son más que un mero enunciado sin efecto. Es decir, no están en vigor. Será este jueves cuando el jefe del Ejecutivo asuma la presentación de los textos considerados el eje del denominado programa de reformas de regeneración democrática. Se trata de los proyectos de ley de control de la actividad económica de los partidos y reguladora del ejercicio del alto cargo. Dos viejos conocidos del Congreso de los Diputados si se tiene en cuenta que llevan en el registro desde finales de febrero, cuando recibieron luz verde del Consejo de Ministros. Pero podemos remontarnos todavía más en el tiempo. Fue en su primer debate sobre el estado de la nación, en febrero de 2013, cuando Rajoy propuso al resto de partidos alcanzar un pacto por la transparencia y contra la corrupción y ya mencionó algunos de los puntos en los que insistirá este jueves desde la tribuna de la cámara Baja.

Tanto el primer debate del estado de la nación protagonizado por el líder del Partido Popular como el momento actual, cuando éste ha decidido, en sus propias palabras, asumir la "iniciativa" contra la corrupción, beben del mismo contexto: los escándalos que afectan al partido del Gobierno. Rajoy ponía sobre la mesa la oferta de pacto anticorrupción en plena ebullición del caso Bárcenas y, ahora, lidera la presentación de ambas iniciativas legislativas después de un mes negro para el PP. Rajoy ha sido testigo de cómo se imputaba al ex secretario general de su partido, Ángel Acebes, de cómo Rodrigo Rato era dado de baja del PP por haber sido uno de los beneficiarios de las tarjetas B y de cómo sobre todo el PP de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, era golpeado de nuevo con la Operación Púnica. Hasta la fecha, cuatro alcaldes de distintos pueblos de la Comunidad ya han caído y Francisco Granados, ex secretario general de los conservadores madrileños, considerado uno de los cabecillas de esta trama, está encarcelado.

Con estos mimbres, y cuando han pasado ya más de cinco años del estallido del caso Gürtel, llega Rajoy al Congreso de los Diputados. Su presencia presentando las iniciativas del Gobierno son la vía intermedia que su equipo ha encontrado para evitar que el presidente se enfrente a un pleno monográfico sobre corrupción como habían solicitado tanto los grupos de La Izquierda Plural como el Partido Socialista los días posteriores al estallido de la Púnica. La mayoría absoluta del PP en el hemiciclo bloqueó estas peticiones y anunció que sería en noviembre cuando los dos proyectos de ley serían debatidos.

El primero de los proyectos, relacionado con los partidos políticos, según el Gobierno, "mejora la regulación del funcionamiento interno" de las formaciones, "amplía la fiscalización de sus actividades económicas y refuerza el control sobre su financiación". El texto viene a completar la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos aprobada en el primer Consejo de Ministros de Mariano Rajoy como presidente, el 30 de diciembre de 2011.

Sobre los altos cargos, se plantea "una regulación sistematizada del estatuto de altos cargos, con mayores requisitos, controles y garantías  en el acceso, ejercicio y cese de tareas". El texto que Rajoy defenderá no gusta del todo en el PP. Dirigentes consultados en su día por infoLibre criticaban que esta ley convierte a la política en un terreno exclusivo para las élites.

Encuestas y miedo electoral

Hace un mes se especulaba con que fuera la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien defendiese el grueso del paquete de medidas anticorrupción. Pero tras el escándalo de los viajes privados del presidente de Extremadura (PP) a Canarias a cargo del Senado, Rajoy dio el paso. En su partido achacan este gesto a dos cuestiones: las malas previsiones que auguran las encuestas al partido y las presiones internas. Destacados presidentes autonómicos y alcaldes de peso habrían trasladado al presidente su temor a no mejorar los datos de los sondeos en las próximas municipales y autonómicas si no se manda un mensaje claro contra la corrupción. 

¿Qué ha pasado para que el grueso del paquete de regeneración no sea una realidad todavía?¿Por qué los conservadores no han conseguido el consenso que dicen llevan buscando desde febrero de 2013? En este caso, el PP se ha encontrado siempre con una oposición reacia a pactar con un partido esquivo a la hora de dar explicaciones sobre los escándalos de corrupción que tenía en su propia casa. Por mucho que los conservadores han intentado que cale la idea de que estos escándalos no son algo exclusivo de sus filas –léase el caso de los ERE del PSOE–, el resto de partidos han puesto el foco en que el PP pretende la adhesión a un paquete de reformas que ha llegado al registro del Congreso ya elaborado, prácticamente cerrado.

Por su parte, en el Gobierno y en el PP culpan sobre todo al PSOE del retraso. Y señalan que antes de las elecciones europeas frenaron las negociaciones en esta materia a petición de los socialistas y que, después, les dieron otro aplazamiento a la espera de que se consumara el proceso de renovación tras el anuncio de la marcha por parte de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Así las cosas, llegó septiembre de este año y cuando el PP llamó al partido de Pedro Sánchez para hablar del tema se encontró con que los socialistas, como el grueso del resto de formaciones con representación parlamentaria, rechazaban cualquier tipo de pacto en este sentido mientras no se retirase un tema que Rajoy y los suyos habían explotado todo el verano: el tema de la elección directa de alcaldes. El ''no' rotundo de los partidos y la oposición interna dentro de las propias filas del PP –destacados dirigentes veían contraproducente modificar la ley electoral a tan pocos meses de las elecciones– hicieron que la idea haya sido enterrada poco a poco.

Ultimátum

Ese mismo mes de septiembre, el portavoz de los conservadores en el Congreso, Alfonso Alonso, anunció que se daban hasta el mes de octubre para llegar a acuerdos con el resto de grupos. Y que, pasado este mes, las iniciativas llegarían a pleno y que el marco de negociación se reduciría a la presentación de enmiendas. Así ha ocurrido. Este jueves, las iniciativas llegan a pleno. 

A partir de las 9:00, se debatirán las enmientas a la totalidad al Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticoscontrol de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticosy, después, se votarán las enmiendas de devolución al Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Según informa la cámara, a este proyecto se han presentado una enmienda de texto alternativo del Grupo Socialista y tres de devolución, de IU, ICV-EUiA, CHA; UPyD y el Grupo Mixto.

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Si las enmiendas son rechazadas –el PP lo tiene en su mano gracias a la mayoría absoluta que ostenta– ambos proyectos seguirán su tramitación en la Comisión Constitucional. Será en este foro donde se votarán las enmiendas al articulado que presenten los partidos con representación parlamentaria.

¿Se guarda Rajoy algún as en la manga? En el PP confían en que así sea, en que no se limite a los textos ya conocidos. En este sentido, recuerdan que es posible que ponga sobre la mesa iniciativas de control de los indultos y que ofrezca al resto de formaciones un pacto para que cualquier cargo público que se enfrente a juicio oral sea apartado. Además, se espera que anuncie la puesta en marcha de una ponencia sobre la Ley Orgánica reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.

Los partidos de la oposición ya han avisado de que el debate será duro. De momento, los conservadores reclaman que no se convierta en un 'y tú más' en lo que a corrupción se refiere. Pese a esta petición, cada vez que un partido ha recordado al PP en la cámara los escándalos de corrupción que les afectan, desde el PP han intentado responder con la misma moneda.