Caso Bárcenas

El juez Ruz certifica que el Gobierno de Aguirre violó de forma sistemática la ley para favorecer a la trama de Correa

Aguirre en la Asamblea

El auto del juez Pablo Ruz del caso Gürtel que acusa al Partido Popular de beneficiarse de la trama liderada por Francisco Correa también hace hincapié en que los órganos gestores de la Comunidad de Madrid gestionaron "al margen del procedimiento establecido por la normativa reguladora de la contratación pública o de la normativa presupuestaria".

De esta forma, los integrantes de la red corrupta lograban alterar "el proceso de contratación de tal forma que, partiendo de unas instrucciones verbales, se ejecuta el acto y se remitían las facturas al órgano administrativo el cual, en varios casos, se limitaba a pagar con cargo a su presupuesto gastos que no había tramitado, controlado, ni aprobado", especifica la resolución judicial.

Así, la investigación llevada a cabo por el juez Ruz ha permitido constatar la existencia de "una operativa de contratación pública" llevada a cabo por diferentes entidades y consejerías de la Comunidad de Madrid, "que se apartó de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia, llevándose a cabo la tramitación de los diferentes expedientes de contratación con infracción de lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas", destaca el auto de la Audiencia Nacional.

Esperanza Aguirre

Y esta falta de control, propiciada por el Gobierno de Esperanza Aguirre, permitió que la trama de Correa obtuviera contratos por un valor de 8,7 millones. Y la trama tuvo de esta forma un beneficio irregular estimado de 4,9 milones  en al menos 348 actos, que fueron tramitados y gestionados de forma directa o indirecta por los órganos de la Comunidad de Madrid y adjudicados a dedo a empresas de la red corrupta.

La entrada de Correa en la Comunidad de Madrid se produce a partir de 2004, meses después de que Esperanza Aguirre se hiciera con el poder en las elecciones autonómicas celebradas del 19 de noviembre de 2003 tras el episodio del tamayazo. Y esa irrupción de Correa se fundamenta, según el juez, "en las relaciones entabladas con distintos responsables políticos del PP". 

En concreto, este vínculo descrito por el juez se inició con motivo de la incorporación de Alberto López Viejo a la Viceconsejería de Presidencia, en dónde era la persona de confianza de la propia AguirreAguirre, que acabó nombrándole consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid. Otras de las personas directamente implicadas en las adjudicaciones del Gobierno regional del PP son el viceconsejero de Inmigración y Cooperación Carlos Clemente Aguado, pero también el asesor Pedro Rodríguez Pendás.

Una comisión del 10%

De esta forma, las empresas del grupo Correa, como por ejemplo Boomerangdrive, Easy Concept Comunicación SL (anteriormente Down Town Consulting), Good & Better SL, Servimadrid Integral SL y Diseño Asimétrico obtuvieron adjudicaciones de diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid para la realización de eventos o actos públicos ofertados mediante procedimientos de contratación pública.

Así, López Viejo llegó a un acuerdo con Correa para, "en el ejercicio de su cargo, conseguir que la organización de los actos institucionales o conmemorativos a los que asistiera Esperanza Aguirre, en su condición de presidenta de la Comunidad de MadridEsperanza AguirreComunidad de Madrid desde el 21 de noviembre de 2003, fueran adjudicados a las empresas seleccionadas por Correa a cambio de su correspondiente comisión", que en el caso del consejero de Inmigración, Carlos Clemente Aguado, era "del 10% sobre la facturación llevada a cabo".  Este cargo público fue el que "en la mayoría de las ocasiones encarga la celebración de dichos actos y al que se le remiten las facturas generadas para que se proceda a su pago" por la Consejería.

En cumplimiento del acuerdo entre Correa y López Viejo, cada vez que se celebraba un evento institucional con intervención de Aguirre, el consejero se ponía en contacto a través de su asesor técnico, Pedro Rodríguez Pendás, con los responsables de la organización de la red corrupta para indicarle las características generales del montaje y diseño del acto. "De ese modo, López Viejo adjudicaba directamente los contratos a esas mercantiles eludiendo toda la normativa y principios de contratación", confirma el juez.

"Enmascarar" a Correa

Para "enmascarar" y "ocultar" las "reiteradas e incorrectas adjudicaciones" a Correa, la red corrupta y los cargos del PP de la Comunidad de Madrid recurrieron al fraccionamiento de los contratos que nunca superaban los 12.000 euros, por lo que al ser adjudicaciones menores no tenían que ser sacadas a concurso.

El modus operandi concreto de la red era, según el juez: "Sobre la base del importe total facturado se fraccionaba en varias facturas, siempre de importe inferior a 12.012 euros con el fin de eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación y se determinaba qué empresas eran las encargadas de facturar y a qué consejerías se facturaba. Estas facturas bien eran emitidas por la misma empresa, bien por del grupo Correa o pantalla". 

Y el juez en su auto destaca, también que López Viejo, "con el fin de vencer dicha resistencia, hizo valer la autoridad de su cargo por su directa relación con Presidencia ante ellos o ante sus superiores. De ese modo, éstos los abonarían con cargo a sus respectivos presupuestos, desconociendo que el importe abonado incorporaba la comisión que López Viejo tenía asignada".

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Ayuntamientos

Además de la Comunidad de Madrid, Francisco Correa desarrolló su actividad en distintos municipios madrileños, como por ejemplo en la capital, en Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Alcalá de Henares. En todos los casos fueron imputados altos cargos municipales, destacando los alcaldes Jesús Sepúlveda, marido de la dimitida Ana Mato; Ginés López, Guillermo Ortega y Arturo González Panero.

También fueron imputados los diputados regionales del PP López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco. Precisamente este último era una persona de confianza de Aguirre, que llegó a nombrarle a principios de 2009, poco antes de estallar el caso Gürtel, como presidente de comisión de investigación del espionaje en la Comunidad de Madrid.

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