Justicia

Jueces progresistas lamentan las críticas del Gobierno a la excarcelación de etarras

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Jueces para la Democracia ha lamentado este miércoles que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, haya "atacado" a los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por ordenar la excarcelación de personas condenadas por terrorismo, en referencia a la reciente puesta en libertad de terrositas como el histórico dirigente de ETA Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, inductor del atentado de Hipercor, y del también miembro de la banda Alberto Plazaola Anduaga, al descontar de las penas a las que fueron condenados los periodos de reclusión que cumplieron en cárceles francesas.

Y es que la vicepresidenta del Gobierno afirmó el pasado viernes tras el Consejo de Ministros que en el Ejecutivo "no se entiende" la puesta en libertad de estos etarras, cuando la segunda sección de la Sala de lo Penal del mismo tribunal "no aplicó el mismo criterio con otro preso de ETA", recordó. "Los ciudadanos no lo entienden y claramente nosotros tampoco", remarcó la número dos del Gobierno.

Sáenz de Santamaría dijo apoyar la intención de la Fiscalía de recurrir las excarcelaciones ante el Tribunal Supremo: "Lo tenemos muy claro y nos llena de desazón que los ciudadanos se tengan que enfrentar a criterios judiciales tan dispares y tan incomprensibles", subrayó.

Las decisiones judiciales "están ampliamente motivadas"

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La organización recuerda en un comunicado que este tribunal ha actuado de acuerdo con una Decisión Marco de la Unión Europea "que resulta vinculante para nuestro país, en la línea de lo que ha indicado el Tribunal Supremo en esta materia". Sin embargo, y ante dichas decisiones judiciales que "están ampliamente motivadas" –apuntan–, la vicepresidenta del gobierno "ha atacado con dureza a los magistrados de dicho tribunal". El colectivo no olvida mencionar que determinados medios de comunicación "también han arremetido en términos similares contra estos magistrados".

Jueces para la Democracia ha señalado que "en un Estado de derecho son los tribunales independientes los únicos competentes para interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico y que los otros poderes deben acatar y respetar las decisiones judiciales". "No resulta aceptable la descalificación institucional, ni tampoco las presiones para que nuestros órganos judiciales se ajusten a los criterios del poder político" critican y remarcan que, con estas actuaciones, el Gobierno "está perdiendo los papeles, al atacar la independencia judicial y al olvidar principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional como la división de poderes".

Los magistrados no consideran "ético utilizar el dolor de las víctimas de manera partidista" y lamentan que el Consejo General del Poder Judicial y su presidente, Carlos Lesmes, "sigan sin cumplir sus funciones constitucionales de garantes de la independencia judicial ante una grave injerencia del poder ejecutivo en un asunto sobre el que no tiene competencias". Por último, remarcan que "una democracia constitucional se debilita cuando el poder político utiliza mecanismos de instrumentalización emocional para atacar las instituciones judiciales", por lo que reclaman al Gobierno "un mayor respeto hacia la actuación independiente de los tribunales".

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