Las denuncias de Hacienda por delito fiscal se desploman

Las memorias de la Agencia Tributaria evidencian cómo hay un descenso progresivo en el número de denuncias que se presentan ante el Ministerio Fiscal por delito contra la Hacienda Pública. El año pasado, el organismo encargado de la recaudación de impuestos presentó 578 denuncias ante la Fiscalía tras detectar fraudes superiores a los 120.000 euros en un mismo ejercicio, que es cuando se considera que podría existir delito fiscal.

Esta cifra es la más baja desde 2007, el primer año que se considera comparable con el último por una cuestión de metodología en la recogida de datos de la agencia. La Administración tributaria, en los casos en los que el fraude fiscal es penalmente reprobable, debe denunciar los hechos. A partir de entonces pasa a actuar como mero auxiliar del juez o fiscal, sin competencias propias. La cifra de denuncias del año pasado contrasta especialmente con la de 2011, que es el ejercicio en el que más se presentaron desde 2007. Fueron, en total, 1.014. En 2013 hubo, por tanto, un 43% menos de denuncias que en 2011.

Los informes anuales de la Agencia reflejan una tendencia al alza en el número de denuncias desde 2008 –cuando hubo 679– que se rompió en 2011. En 2009 las denuncias fueron 738; en 2010, 938; y en 2011, 1.014. El retroceso de 2012 (652 denuncias) se profundizó todavía más en 2013 (cuando fueron 578).

A juicio de José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato más representativo de los técnicos de Hacienda, estas cifras tiene que ver con lo que él define como un planteamiento "de péndulo" en la Agencia Tributaria. Explica que en los últimos años la directriz del Ministerio de Hacienda ha sido la de "primar la cantidad a la calidad" en las actuaciones de inspección. "El descenso tiene que ver con que se ha preferido volcarse en infractores que tienen deudas más pequeñas, que no tienen capacidad de recurso, lo que provoca un aumento de los ingresos, pero también que se detecten menos delitos fiscales", subraya. 

Esta estrategia, amplía Mollinedo, es muy positiva para las grandes compañías porque no se pone la lupa sobre ellas. La tendencia, explica, se dirige a buscar contribuyentes convencionales que no realizan fraudes complejos y que no tienen acceso a gabinetes jurídicos especializados para defenderse. "Lo más sencillo es hacer el trabajo burocrático de investigar un pequeño negocio o compañía mediana. Ahí la Administración sabe que, si hay fraude, va a recaudar porque no va a haber litigio posible y eso contribuye a aliviar la tensión del déficit", añade. Según datos de Gestha, las grandes empresas y fortunas concentran el 72% de toda la evasión.

Ramsés Pérez-Boga, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, ofrece una explicación diferente. A su juicio, la evolución del número de denuncias "no guarda mucha consistencia" y señala que las cifras "no dependen de la actuación" de los trabajadores de la Agencia Tributaria. "Cuando hacemos una liquidación y la cantidad defraudada pasa los 120.000 euros se manda un informe a la asesoría jurídica y el abogado del Estado tiene que decir si hay o no delito y dar traslado, en su caso, a la Fiscalía". Así que, según su criterio, estos datos están influidos por dos componentes: el azar y el éxito de la selección. 

La explicación de la Agencia

En su memoria, la Agencia Tributaria señala que el descenso en las denuncias por delito fiscal en 2013 está influenciado por el ciclo económico. El organismo señala que la existencia de menor actividad puede dar lugar a menores cuotas defraudadas. Ello, subraya en el informe, hace más difícil que, en un contexto de menor actividad económica se alcance el umbral mínimo de 120.000 euros de cuota defraudada por concepto impositivo y año, necesario para que exista posibilidad de denuncia por delito fiscal.

Mollinedo rebate este argumento. Y ofrece una explicación en base a datos extraídos también de las memorias de la Agencia Tributaria. Se centra, en este caso, en la cifra de deuda liquidada como consecuencia de acciones de inspección. El total del dinero reclamado tras actas de inspección (no quiere decir que esa vaya a ser la cantidad ingresada porque puede haber recursos por la vía judicial) ascendió en 2011 a 5.510 millones de euros. Ese año hubo, tal y como se ha comentado, 1.014 denuncias de la Agencia Tributaria por delito fiscal. El año pasado –cuando hubo 578 denuncias– la deuda liquidada fue de 5.652. Hubo, por tanto, un aumento del 3% en el dinero reclamado a pesar del drástico descenso en el número de denuncias. Por tanto, el argumento de que la "menor actividad" provoca que haya "menores cuotas defraudadas" no encaja. "Si el argumento es que hay menos riqueza, menos actividad y que, en consecuencia, se defrauda menos, también debería estar afectada la deuda liquidada y no lo está", explica Mollinedo. 

Reclamación de los inspectores 

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), en un informe reciente, reclama que la Agencia Tributaria pase a tener competencias en la persecución e investigación de los delitos contra la Hacienda Pública. Los inspectores piden que –a falta de una Policía Fiscal que se encargue de la persecución de este tipo de delitos– determinadas unidades de este organismo puedan convertirse en una suerte de Policía Judicial. De esta forma, aseguran, su actuación sería más "eficiente", pues por el momento la función de este organismo ante casos de fraude se limita a una labor de "auxilio judicial muy relevante, pero con muchas limitaciones". 

Asimismo, señalan que, igual que ocurre en Alemania, determinadas unidades u oficinas de la Agencia (distintas de las que realizan comprobaciones tributarias), podrían ocupar el lugar de la Fiscalía, con todos sus derechos y obligaciones, para investigar delitos contra la Hacienda Pública. Los inspectores consideran que en la actualidad se ven obligados a lo que definen como una “judicialización temprana” de los expedientes, por lo que pierden la capacidad investigadora y todas las iniciativas que hacen una vez que se remite el expediente a la Fiscalía se realizan desde entonces “por mandato” del Juzgado de Instrucción.

Los últimos casos de corrupción han reabierto el debate sobre las medidas para hacer frente a esta lacra. Y, en este punto, la lucha contra el fraude fiscal es uno de los aspectos fundamentales. PSOE e IU, por ejemplo, reclaman bajar el umbral para que se considere delito fiscal hasta los 50.000 euros. En 2003 el Gobierno del PP elevó de 90.000 a 120.000 una cuantía que permanecía invariable desde 1995, cuando se fijó en 15 millones de las antiguas pesetas. Ambos piden además que se amplíe el plazo de prescripción: el PSOE reclama que pase de 4 a 6 años e IU a 8 años ampliable a 10 para los casos protagonizados por redes organizadas o en los que se utilicen paraísos fiscales. El sindicato Gestha reclama que también se baje el umbral hasta los 50.000 euros. 

10.000 euros menos de recaudación 

Hacienda deja de ingresar 10.000 millones al año por falta de personal

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Las memorias de la Agencia Tributaria también dan cuenta de una evolución a la baja en el número de sus trabajadores. La plantilla del organismo encargado de la recaudación fiscal estaba integrada a finales del año pasado por 26.231 personas, 1.720 menos que en 2008. El descenso es del 6%. También ha habido desde entonces una reducción en el número de funcionarios dedicados a la inspección, donde hay 141 efectivos menos que entonces. El número de profesionales ha pasado de 5.198 a 5.057. 

España es el país de la UE que, con datos ponderados según la población, dedica menos recursos humanos a la lucha contra el fraude fiscal. En el Reino Unido los recursos son el doble que en España: hay un empleado de administraciones tributarias por cada 929 ciudadanos, mientras que en España hay uno por cada 1.958, según datos de este organismo. Se da la circunstancia de que en el país anglosajón el dinero no declarado supone apenas el 9% de toda la riqueza generada –según un estudio del profesor de la Universidad de Linz Friedrich Schneider, referenciado por la Comisión Europea–, mientras que en España es el 19,2%. 

Ramsés Pérez-Boga utiliza estas cifras para sostener que las arcas públicas dejan de ingresar cada año 10.000 millones de euros por falta de medios. Según sus cálculos, duplicar la plantilla que actualmente tiene el organismo encargado de la recaudación de impuestos multiplicaría por dos los 10.091 millones de euros recaudados en 2013 en acciones de inspección, según datos de la memoria de la Agencia Tributaria. Esta cifra de recaudación apenas supone recuperar una sexta parte de todo el dinero defraudado, que ronda los 65.000 millones de euros cada año.