El Poder Judicial es el único de los once órganos del Estado que ejerce la transparencia

Ha sido, quizá, lo más vistoso de la entrada en vigor del grueso de la Ley de Transparencia. Las retribuciones de los altos cargos, la primera lista de las puertas giratorias, los beneficiarios de las indemnizaciones por cesantía... Información, en algunos casos nueva y en otros reagrupada en un mismo sitio web, el portal de la transparencia puesto en marcha por el Gobierno el pasado miércoles. 530.000 datos volcados, pero que se circunscriben a la Administración General del Estado. Sólo. O sea, los que obran en manos del Ejecutivo central, de sus diferentes ministerios. Pero la norma también está ya vigente para los demás órganos constitucionales y entes del sector público estatal, cada uno de los cuales ha ido alojando en sus respectivas páginas, en los últimos días, sus espacios específicos sobre transparencia. 

No todos presentan la información del mismo modo, pero la mayoría se ciñe a lo que exige la ley, sin dar un paso más allá. Y eso que el texto, como han venido denunciando las asociaciones protransparencia, se ha quedado corto y está lejos de los estándares de otros países. Pero hay una institución que sí ha querido salirse del guión y ofrecer más datos de los que le requería el texto legal: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que quiso enmendarse tras el escándalo de los viajes de Carlos Dívar, que al final le costó el puesto de presidente del órgano de gobierno de los jueces. La del CGPJ es, de entre todas las webs de las principales instituciones del Estado y de los organismos reguladores y supervisores, la más transparente, con diferencia: por la cantidad y calidad de la información y por la facilidad que tienen los ciudadanos para tramitar su petición. A años luz del laberinto de pruebas y requisitos que exige el Gobierno para poder registrar una pregunta, que llega hasta requerir claves complejas y un número de cuenta bancaria. 

Salvando el caso del CGPJ, el camino de la transparencia está plagado de límites, trabas y flaquezas. Faltan, en la inmensísima mayoría de las ocasiones, detalles sobre los viajes oficiales, datos de las agendas de los cargos públicos, actas de las mesas de contrataciones, relaciones de puestos de trabajo acompañadas de las tablas salariales o los registros de acceso a los edificios oficiales. Lo que sigue es una comparativa de la información relevante que ofrecen, sobre cuestiones claves, los órganos constitucionales y altas instituciones del Estado (Casa del Rey, Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, CGPJ, Consejo de Estado y Tribunal de Cuentas) y los órganos supervisores y reguladores (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).

01. LOS SALARIOS

La Ley de Transparencia obliga a publicar "las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables" de los entes públicos administrativos y empresariales. Y por alto cargo se entiende de director general hacia arriba. También han de incluirse las indemnizaciones percibidas por abandono del cargo (las cesantías). Todo eso es lo que ha divulgado el Gobierno. 

Todos los órganos analizados han difundido los salarios de sus altos cargos, con presentaciones en la web diferentes. Pero todos cumplen. Ahora bien, el CGPJ se coloca por delante. Publica el total anual del presidente de la institución y del Supremo, Carlos Lesmes (130.152,62 euros, más trienios); el de los vocales del núcleo duro, la Comisión Permanente (cinco con el presidente, tras la salida de Mercè Pigem tras haber sido sorprendida entrando en España desde Andorra con 9.500 euros), el del secretario general y las dietas recibidas por los vocales que no pertenecen a la Permanente. A la vez, difunde los sueldos, según escala, de los 442 funcionarios que trabajan para el CGPJ, y la tabla salarial del personal laboral (contratado). Algo similar ocurre con el Consejo de Estado. Además de ofrecer el montante de lo que paga a sus máximos responsables, incluye la tabla salarial del personal funcionario y eventual. 

Congreso y Senado dan cuenta de las remuneraciones y las declaraciones de bienes y renta de todos sus parlamentarios, pero no del aparato administrativo y de los asesores de los grupos. Aquí cabe hacer una primera puntualización: la Cámara alta ya dispone de un microsite alojado en su web ddedicado a la transparencia. El Congreso no ha llegado a tiempo: la Mesa y la Junta de Portavoces abordarán previsiblemente el próximo martes cómo se adapta a la ley, por si hacen falta cambios reglamentarios o basta una resolución del presidente, Jesús Posada. De la Casa del Rey ya se conocían los salarios de la familia real –aunque para 2015 el nuevo monarca, Felipe VI, hará una nueva distribución del presupuesto– y este miércoles se publicaron los de los altos cargos que trabajan para la Corona, pero siguen sin saberse las nóminas del resto del personal destinado en la Zarzuela pagado por los diferentes ministerios. 

El resto de instituciones cuentan, simplemente, los salarios de sus altos cargos. Ocurre así en el TC y en el Consejo de Estado. Un panorama semejante se encuentra en el Banco de España –se dice la remuneración del gobernador (174.733,67 euros) y de su número dos; de los miembros no natos del Consejo de Gobierno y de sus dietas, y de los directores generales, del secretario general y de los directores adjuntos)–, en la CNMC y en la CNMV, que llega al colmo de la parquedad al citar las retribucions de la presidenta, del vicepresidente y de los consejeros y la masa salarial bruta conjunta de los directores generales (417.533,29 euros). 

El Defensor del Pueblo se queda a medio camino, ya que publica los sueldos de su titular, Soledad Becerril, de sus adjuntos, del secretario general y del director del gabinete técnico, y añade la cantidad que cobran los técnicos A y B; los administrativos A, B y C y los subalternos A, B y C, rangos que no explica en esa página. 

02. LOS VIAJES

El caso Monago destapó el agujero que existe en torno a los desplazamientos de los cargos públicoscaso Monago. Escándalo que ya tenía un precedente anterior: el caso Dívar. Pero eso no ha conmovido en exceso a los poderes públicos. En el portal de la transparencia impulsado por el Ejecutivo nada se puede encontrar de los traslados. En las Cortes, en virtud de un acuerdo de PSOE y PP, sólo se ha alcanzado un pacto de mínimos: las respectivas webs sólo publicarán cada tres meses "el gasto total de los desplazamientos" de los parlamentarios, diferenciados por las tres categorías establecidas (viajes a o desde la circunscripción, viajes de partido y viajes en delegaciones oficiales), pero ninguna de las dos instituciones hará un informe individualizado. Eso queda para los grupos. Y cada uno se pone su listón. El PSOE, por ejemplo, promete desglosarlo y detallarlo al máximo. El PP, de momento, no se ha comprometido a ello. 

El CGPJ ya se aplica la exigencia. Desgrana los desplazamientos oficiales de cada uno de sus altos cargos, indicado comienzo y fin del traslado, el motivo, el coste de la locomoción, del alojamiento, de la manutención y el total. Por ejemplo, se puede comprobar cómo la asistencia de Lesmes a la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana en Santiago de Chile, del 31 de marzo al 5 de abril de este año, tuvo un importe de 7.570,37 euros, 7.416,51 gastados en los vuelos. El Poder Judicial también informa de los gastos de atenciones protocolarias y representativas hasta el pasado 30 de septiembre: 9.145,36 euros, de los 70.880 asignados para todo el ejercicio. 

El Tribunal de Cuentas incluye un capítulo sobre el coste de los viajes de sus miembros, aunque no con el grado de detalle del CGPJ. Incorpora el motivo del desplazamiento, los asistentes, el importe del traslado del presidente y el de los restantes integrantes del pleno, en conjunto. Ejemplo: la reunión en Luxemburgo del Comité de Contacto de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la Unión Europea, en octubre pasado. Llevar allí al presidente, Ramón Álvarez de Miranda, supuso un desembolso de 570,57 euros. Sus acompañantes costaron a las arcas públicas 2.102,14 euros. 

Otro tipo de gastos

La información que ofrece el Defensor del Pueblo es mucho más escueta (y menos útil). Hace una mera descripción de los viajes oficiales internacionales efectuales por los altos cargos y el personal de la institución desde la toma de posesión de Becerril, en julio de 2012. Pero no cuenta el coste. A cambio, sí da detalle del coste de las infraestructuras tecnológicas: ahí recoge el inventario de, por ejemplo, ordenadores personales (204), portátiles (39) y tabletas (12), los terminales telefónicos fijos (200) y móviles (30), así como su antigüedad media. También se recoge el número de líneas de telefonía, las numeraciones permitidas, la distribución de marcas de los dispositivos electrónicos, el catálogo de sistemas de información y aplicaciones, las plataformas de software o las instalaciones eléctricas y de climatización. 

El resto de altas instituciones del Estado y de órganos supervisores y reguladores no acomodan en sus webs datos sobre desplazamientos u otro tipo de gastos. La ley no lo exige, pero tampoco han decidido ponerse un umbral más alto. La Casa del Rey no tiene previsto hacerlo, según indicaron fuentes oficiales a este diario. 

03. LAS AGENDAS

La norma de Rajoy tampoco requiere la publicación de las agendas de los cargos públicos. Un hecho que organizaciones protransparencia como Access Info, la Fundación Civio o Qué hacen los diputados consideran capital, ya que conocer la actividad pública (ante los medios) y la que se desarrolla en los despachos (reuniones con grupos de presión, colectivos sociales, sindicatos, patronal, plataformas ciudadanas, otros cargos...) permite obtener una tarea panorámica, global, de su tarea. No es la primera vez que se ha discutido de la influencia de los lobbies, por ejemplo, en la labor legislativa, ni de la necesidad de regularlos y legalizarlos, aún no hecho. Disponer de la agenda completa del hoy presidente extremeño, José Antonio Monago, cuando era senador, habría permitido comprobar si los viajes que él calificó de partido fueron, en realidad, desplazamientos privados. Y permitiría tenerla años después, sin que el cargo señalado se escude en que la destruyó. 

En el portal del Gobierno se enlaza a la agenda del presidente y de sus ministros. Sin embargo, en la Moncloa no han podido explicar por qué la actividad oficial de Rajoy es tan escueta. Es muy frecuente que en la agenda semanal que la Secretaría de Estado de Comunicación remite a los medios sólo figuren dos actividades: su asistencia al pleno de control al Ejecutivo de los miércoles en el Congreso y al Consejo de Ministros de los viernes. Es evidente que un presidente del Gobierno mantiene una actividad más intensa. Aquí la transparencia ha brillado por su ausencia. En más de una ocasión, la prensa ha conocido sus reuniones con presidentes autonómicos o con el líder socialista días o semanas después de que se produjeran. La Moncloa esgrimía que se trataba de entrevistas privadas. 

Tampoco hay registros de acceso

La difusión de las agendas es una de las grandes asignaturas pendientes. Instituciones como la Casa del Rey, el Congreso o el Senado dan cuenta de las actividades oficiales de sus máximos responsables, pero no de sus reuniones de despacho. Las Cortes tampoco publicitan las agendas de diputados y senadores: la tarea recae en ellos o en sus grupos, si así lo quieren. UPyD la desgrana, y el PSOE lo está implantando para todos. Ya se puede consultar el calendario diario del secretario general, Pedro Sánchez, o del portavoz parlamentario, Antonio Hernando. 

El Poder Judicial dedica un apartado a la agenda de la institución y la de su presidente, Carlos Lesmes. Pero también peca de lo mismo: refleja la actividad institucional (reuniones del pleno y de la Comisión Permanente, básicamente). La CNMC permite consultar las reuniones ya realizadas de sus consejeros y directores. Las demás instituciones y órganos analizados no hacen mención alguna a la agenda. 

Otro tanto se puede afirmar de los registros de acceso a los edificios oficiales. No eran públicos y seguirán sin serlo. Y ninguna institución los incluye por ahora. Tenerlos habría permitido saber dónde se coló el pequeño Nicolás. O si en efecto se reunieron en la Zarzuela Francisco Camps y Rita Barberá con Iñaki Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, para cerrar los acuerdos de colaboración entre el Instituto Nóos y la Generalitat Valenciana. 

Lo que sí resulta bastante homogénea es la información institucional (organigramas, currículums de los altos cargos, planes y programas anuales...) y jurídica (memorias, dictámenes, resoluciones, etc.) demandada por la norma y que se proporciona en todos los portales. Lógico. Es lo más sencillo de obtener y lo menos controvertido. Lo mismo ocurre con el listado de bienes inmuebles propiedad de la institución, aunque este requisito no es obligado para los órganos constitucionales. Porque no todos los afectados por la Ley de Transparencia tienen los mismos deberes [ver cuadro aquí]. 

04. LOS CONTRATOS 

La publicación de los contratos, convenios, subvenciones y ayudas públicas, presupuestos, ejecución presupuestaria y cuentas anuales sí es una exigencia explícita de la norma. Todos los portales habilitados lo cumplen. E indican, en el caso de los contratos, objeto y duración de los mismos, importe de la licitación, procedimiento utilizado (concurso, negociado sin publicidad, adjudicación directa, menor), número de licitadores, identidad del adjudicatario y modificaciones del contrato. No obstante, ya existía, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, la Plataforma de Contratación del Estado, punto único de información de la contratación de todas las administraciones. 

De nuevo, el Poder Judicial va por delante. En su web se pueden localizar los contratos suscritos con el licitador, con las rúbricas de las partes, en PDF, así como las prórrogas y los modificados. Y también se pueden localizar las actas de la mesa de contratación. O sea, que se puede cómo se discutió y por qué se adjudicó un servicio a una empresa y no a otra. 

La cuestión de los formatos

En la mayor parte de los casos, las webs de las instituciones y órganos estudiados recogen los contratos en un cuadro o en tablas. Caso, por ejemplo, de la Casa del Rey, cuyo listado publicado ha permitido conocer que el catering de la proclamación de Felipe VI, asignado a la empresa Mallorca, costó 65.993 euros. O del Senado, o del Defensor del Pueblo, o del Tribunal de Cuentas, o de la CNMC, o del Consejo de Estado (que aún no tiene en su página los de 2014). Otros, se remiten a la Plataforma de Contratación del Estado, como la CNMV.

El Banco de España presenta la información de contratos mayores, menores y las modificaciones en formato Excel, fácilmente exportable, otro de los puntos a favor que señalan las organizaciones protransparencia, ya que se permite trabajar con los datos. También se opta frecuentemente por enlazar con los anuncios de la licitación, la adjudicación y la formalización en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea, así como de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas. Así ocurre, por poner un ejemplo, con el Congreso. 

05. LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

El Gobierno ha arbitrado, sin duda alguna, el sistema más complejo para que los ciudadanos puedan hacer sus peticiones de información. La plataforma exige, para poder registrar una pregunta, el DNI electrónico o un clave personal con un PIN que, si no se tiene, hay que demandar a la Agencia Tributaria, que a su vez demanda un número de cuenta bancaria. No hay forma de remitir las solicitudes por correo electrónico o vía telefónica o postal, porque no se indica ningún contacto. Las entidades protransparencia subrayaron que este es uno de los principales obstáculos al ejercicio del derecho de acceso a la información, pues no todos los españoles disponen de un DNI electrónico o se apañan para conseguir unas claves. El reclamo dentro de la web, además, apenas se ve, porque está situado en una esquina. 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de quien depende el impulso y gestión del portal, defendió ayer jueves el sistema, porque al enviar la petición se inicia un procedimiento administrativo que debe tener todas las garantías. "Imagine que con su nombre entre otra persona y le inicie un proceso administrativo que ni le va ni le viene o entre a ver la información que usted ha solicitado", recalcó ante los periodistas, para añadir que cada vez más españoles tienen un DNIe y "eso es más fácil".

Tampoco es sencillo tramitar peticiones dirigidas a la Casa del Rey. Como impuso el PP en su ley, hay que hacerlo a través de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, el órgano encargado de filtrar las preguntas. 

El ejemplo opuesto lo encontramos, otra vez, en el Poder Judicial. En su web, explica que aunque la ley exige la identificación del solicitante, el CGPJ prefiere aplicar el estándar internacional, al entender que "el acceso a la información pública es un derecho fundamental de carácter universal, en cuya garantía priman las obligaciones de transparencia de los poderes públicos frente a cualquier requisito impuesto al ciudadano que solicita el acceso". Por eso pedir datos es muy fácil: basta rellenar un simple formulario en el que no hace falta poner ni nombre ni apellidos ni teléfono ni motivo de la petición. Sólo se requiere una dirección de contacto y detallar la información que se requiere. Punto. 

En realidad, ninguna institución pide tanto como el Ejecutivo. Ni pone tantas trabas. El Senado permite cursar las peticiones a través del teléfono, correo electrónico o postal. El TC, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas o el Banco de España reclaman rellenar un formulario en el que sí piden la identidad del solicitante. El Defensor del Pueblo pone a disposición de los usuarios una dirección de email. La CNMV, la CNMC y el Consejo Económico y Social (CES) no ofrecen una pestaña específica, por ahora, para reclamar información. Tampoco la tiene el Congreso, que la pondrá en marcha en unos días. 

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Nada semejante en otros países

"La ley es de mínimos, débil, porque mucha información se queda fuera, y encima no reconoce de verdad el derecho de acceso. Es muy restrictivo que se exija el DNIe o unas claves complicadas de obtener. El efecto es disuasorio. Y no es nada habitual, si se compara con lo que ocurre fuera", sentencia Victoria Anderica, coordinadora de Access Info Europa. Opinión que comparte Javier de Vega, responsable de Comunicación de Civio: "En la mayor parte de países, se solicita la información mínima para devolver la respuesta. Como mucho piden nombre y apellidos y número de DNI, pero nada más. Prueba de ello es que el resto de órganos piden muchos menos requisitos para enviar la petición". De Vega insiste asimismo en todo el caudal de datos que quedan fuera del escrutinio público: actas de la mesa de contratación, informes de los interventores, sanciones por incumplimiento, facturas pendientes de pago a proveedores, listas de espera sanitarias, autorizaciones urbanísticas, falta de contraste de las declaraciones de bienes, notas e informes previos (que explican el proceso de toma de decisiones)...

La Ley de Transparencia arranca, sí, pero con muchos lastresLey de Transparencia. Quizá demasiados. Porque hasta ahora se le han visto más sombras que luces, ya que buena parte de la información disponible se recopila en un solo nodo, una sola web, pero ya se conocía.