Inspectores, técnicos y partidos piden cambios en la definición de delito fiscal para combatir el fraude

La evasión de impuestos es considerada como uno de los problemas endémicos del país que se hace más visible, si cabe, en momentos de estrechez económica. La economía sumergida supone el 19,2% del PIB, según un estudio del profesor de la Universidad de Linz Friedrich Schneider referenciado por la Comisión Europea. Por eso son cada vez más las propuestas que, desde la política y los colectivos profesionales, se ponen encima de la mesa para atajar esta dinámica. Uno de los aspectos clave en este punto son las normas encaminadas a penalizar la actuación de los defraudadores fiscales. 

El límite de la cuota defraudada para considerar que se ha podido cometer delito contra la Hacienda Pública española está situado desde el año 2003 en 120.000 euros por ejercicio y delito. Sin embargo, en el caso de los delitos contra la Hacienda europea (subvenciones comunitarias) –recogidos en el artículo 305.3 del Código Penal– el límite está en 50.000 euros, el mismo nivel fijado para los fraudes a la Seguridad Social. Precisamente es esta cantidad (50.000 euros) la que fijan como límite para cometer delito partidos políticos con representación parlamentaria como el PSOE o Izquierda Unida y sindicatos como Gestha, donde están representados los técnicos de Hacienda. Los inspectores de Hacienda plantean, por su parte, que esta cantidad se aumente a los 600.000 euros, siempre que cuando haya delito vaya acompañada de más sanciones y de la obligación para los condenados de entrar en prisión. 

En su llamada Declaración de Valencia, bajo el título Por una democracia limpia [consulta el texto en PDF aquí] el PSOE incluía una serie de medidas para luchar contra la corrupción y regenerar la vida política. Entre ellas, estaba rebajar de 120.000 a 50.000 euros el umbral de la cantidad defraudada que constituye delito fiscal y elevar la pena de prisión a seis años y, consiguientemente, el plazo de prescripció, que ahora está en cinco. Es cierto que los socialistas, en los casi ocho años que estuvieron en el poder entre 2004 y 2011, no propusieron esta medida en términos similares. 

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), por su parte, presentó el pasado 27 de octubre una proposición no de ley (PNL) en el Congreso en la que reclama una modificación del Código penal para bajar el límite para la consideración de delito contra la Hacienda Pública a 50.000 euros de fraude y del tipo agravado (con multas más elevadas y penas más largas) a 120.000 euros. Firmada por el diputado Alberto Garzón, la iniciativa todavía está pendiente de su inclusión en el orden del día del Pleno para su debate. Además, incluye ampliar el plazo de prescripción (un año en el momento de la aprobación, dos años a partir del primer año de aplicación de la ley, tres a partir del segundo y cuatro a partir del tercero), que no puedan pagarse en efectivo las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional por importe igual o superior a 1.000 euros, o extender la responsabilidad solidaria en la deuda originada por fraude fiscal a quienes colaboren en él activa o pasivamente, entre otras medidas. 

En lo que va de legislatura han pasado por el registro de la Cámara baja diez iniciativas más de los diferentes grupos parlamentarios encaminadas a establecer medidas contra el fraude fiscal, si bien bajar el límite de la cuota defraudada en relación al delito fiscal no ha estado entre las propuestas hasta la citada de Izquierda Unida. En abril de este año, con los votos del PP y de Foro Asturias y la abstención de CiU y UPN, el Congreso rechazó una proposición no de ley pactada entre el PSOE y la Izquierda Plural que incluía una veintena de medidas para luchar contra el fraude fiscal con el objetivo de recaudar unos 30.000 millones adicionales. Pero entre ellas no estaba rebajar el límite a 50.000 euros. 

Entre otras propuestas, los socialistas pedían una reestructuración de la Agencia Tributaria para garantizar una mayor independencia con el nombramiento de su director general a través de una mayoría reforzada de dos tercios del Congreso y por un mandato de seis años. También reclamaban incrementar los recursos humanos y económicos, así como crear un sistema de primas en función de los resultados de los inspectores. Y para conseguir un trabajo más eficaz, la propuesta abogaba por crear una Oficina de Lucha contra el Fraude específica que coordinase a los diferentes departamentos de las administraciones central y autonómica; y un plan de formación y especialización para jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "creando en su caso una Policía fiscal".

Las propuestas de los técnicos

El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha también es defensor de la medida de bajar el límite para el delito fiscal. "Sin duda llama la atención que en la defraudación a la Seguridad y a los fondos de la Unión Europea el límite para que se considere delito sea 50.000 euros y para la Hacienda española sea 120.000 euros", señala José María Mollinedo, portavoz de este colectivo, que ha reclamado, sin éxito, la inclusión de esta reforma en las leyes antifraude de 2006 y 2012. "Nuestros argumentos no se recogieron nada más que en lo relativo al fraude a la Seguridad Social y a la prescripción del delito fiscal en los considerados casos agravados, cuando la cuota defraudada supera los 600.000 euros, lo hagan mediante una organización criminal o utilicen testaferros en paraísos fiscales", explica. 

Mollinedo cree que es imprescindible tomar este tipo de medidas para cambiar la tendencia a la baja en el número de denuncias que se presentan ante el Ministerio Fiscal por delito contra la Hacienda Pública. El año pasado, el organismo encargado de la recaudación de impuestos presentó 578 denuncias. Esta cifra es la más baja desde 2007. La cifra del año pasado contrasta especialmente con la de 2011, que es el ejercicio en el que más se presentaron desde 2007. Fueron, en total, 1.014. En 2013 hubo, por tanto, un 43% menos de denuncias que en 2011.

A juicio del secretario general de Gestha estas cifras tiene que ver con lo que él define como un planteamiento "de péndulo" en la Agencia Tributaria. Explica que en los últimos años la directriz del Ministerio de Hacienda ha sido la de "primar la cantidad a la calidad" en las actuaciones de inspección. "El descenso tiene que ver con que se ha preferido volcarse en infractores que tienen deudas más pequeñas, que no tienen capacidad de recurso, lo que provoca un aumento de los ingresos, pero también que se detecten menos delitos fiscales", subraya.

Inspectores de Hacienda 

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Los inspectores de Hacienda, por el contrario, defienden aumentar a 600.000 euros la cantidad mínima defraudada para ser tipificada como delito fiscal a cambio de unas mayores sanciones y el ingreso en prisión ineludible para el condenado. José María Peláez, miembro de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), señala que esta medida se explica en que en el contexto actual "hay miles de expedientes que saturan los juzgados de lo penal por causas de delito fiscal, incrementando los tiempos de tramitación". Esta situación provoca, a juicio de los inspectores, que cuando recae sentencia –"Suelen pasar de ocho a diez años", asegura–, las posibilidades de cobro sean nulas porque en muchos casos la compañía investigada ya se ha vaciado y la condena recae sobre el administrador, que se declara insolvente. "Si muchos de esos expedientes fueran por la vía administrativa, a través de la Agencia Tributaria, la recaudación sería mayor porque su investigación no se dilataría tanto en el tiempo", señala. 

Los inspectores defienden que, en cualquier caso, esta medida tendría que ir acompañada de otras encaminadas a que los condenados por fraude fiscal entren obligatoriamente en prisión aunque reparen el daño o no tengan antecedentes penales. "Por el juego de los atenuantes penales, las penas que están próximas al umbral del tipo penal suelen ser castigadas con multas en sus tramos mínimos, inferiores en ocasiones a los que recaerían en el ámbito administrativo, sin llevar aparejado el ingresos en prisión, por lo que el reproche jurídico es menor que si las actuaciones se culminaran por la Agencia Tributaria", puede leerse en el documento Reforma fiscal española y agujeros negros del fraude en el que la IHE defiende esta propuesta. 

Peláez rescata cifras oficiales para evidenciar que el número de encarcelados por delito fiscal en España es bajo. A 1 de octubre de 2014, había 64.000 personas en prisión, de las que solo 150 lo estaban por delitos contra la Hacienda Pública. Esta cifra tiene, según su criterio, varias explicaciones: que en muchas ocasiones el condenado regulariza su situación abonando la suma defraudada, la atenuante de dilaciones en el proceso como consecuencia de los atascos en los juzgados o el hecho de que la última reforma del delito fiscal en el Código Penal permita que al pagar la deuda la pena se rebaje dos grados, por lo que se impone una condena de prisión de 3 a 6 meses que no supone el ingreso efectivo en prisión y una multa del 25 al 50%, que es un importe inferior al que se le hubiera impuesto en el ámbito administrativo. "En alguna ocasión ha ocurrido que el defraudador pide a la Inspección que envíe su expediente al juzgado para tratarlo como delito fiscal, porque así le resulta más favorable el trato en la vía penal que en la administrativa", asegura Peláez.