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Galicia

Protestar en la calle contra las políticas de Merkel tiene precio: 300 euros

La policía carga contra los manifestantes que protestan en Santiago de Compostela

La Subdelegación del Gobierno en A Coruña ha abierto un expediente sancionador que incluye una multa de de 300 euros al portavoz del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) en Santiago de Compostela, Rubén Cela, y a dos miembros del sindicato Confederación Intersindical Galega (CIG), Paulo Carril y Xabier Aboi, por su participación en la concentración del pasado 25 de agosto contra la visita oficial de la canciller alemana, Angela Merkel, a Santiago de Compostela en compañía del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. “Por el momento, la notificación se mantendrá en stand by hasta conocerse el resultado de nuestros recursos”, aseguró a infoLibre el portavoz del Bloque, que añadió que se les acusa “de ser los cabecillas de la movilización”.

Además, el responsable comarcal de la formación política en A Coruña, Paulo Carballada, y el de Guitiriz (Lugo), Alfonso Losada, deberán responder ante la justicia por la vía penal acusados de haberle quitado el arma a un policía y de haber clavado a otro agente un objeto punzante por el que tuvo que ser atendido en un hospital compostelano, respectivamente. “A nosotros tres [Cela, Carril y Aboi], por el momento, sólo nos ha llegado la notificación por la vía administrativa. Pero sabemos que también entraremos por vía penal”, apuntó Cela.

“El atestado policial sobre el que se sostienen las denuncias no se corresponde con lo realmente sucedió, intentando presentar a los agredidos como agresores”, aseguró Cela, quien consideró que la actuación policial fue “desmesurada y discrecional”, ante una protesta "simbólica y pacífica contra las políticas austeras de la troika”. El portavoz del BNG también llamó la atención sobre el hecho de que los atestados no hagan referencia “a las diferentes cargas policiales, ni a los heridos que se produjeron en las mismas”, y calificó de “curioso” que no se produjesen “ni identificaciones, ni detenciones”, a pesar de la gravedad de las acusaciones. “Vamos a ver, ¿cómo se explica que en una manifestación en la que pinchan a un policía y le intentan robar el arma a otro agente no haya ni un solo detenido?”, sentenció.

En una rueda de prensa celebrada en la capital gallega este viernes, los cinco acusados coincidieron en que la actual legislación proporciona “cobertura legal” a las “querellas y atestados falsos”. Los afectados apuntaron que se ven en una situación de “indefensión” y por ello anunciaron que recurrirán en un breve espacio de tiempo las diligencias que se abrieron, además de reivindicar su situación con movilizaciones sociales, “hoy más necesarias que nunca”.

“Vamos a recurrir a la vía judicial y a la de la movilización social. Si esto sigue, intentaremos crear un clima de opinión pública. Están en juego derechos básicos que no se negocian, se defienden y punto”, apostilló Cela. El portavoz nacionalista aseguró a este diario que estas actuaciones tratan de “amedrentar e intimidar a la gente ante futuras movilizaciones”. “Es increíble que haya un Gobierno que quiera que la gente se quede encerrada en casa”, dijo Cela, quien añadió que “el Partido Popular lo que busca es retrotraernos a la Ley de Orden Público franquista de 1959”.

Mariano Rajoy y la canciller alemana, Angela Merkel, recorren a pie un tramo del Camino de Santiago, en el municipio de O Pino, el pasado 24 de agosto.

En representación del Observatorio para la Defensa de los Derechos y Libertades, la abogada Yolanda Ferreiro aseguró que la futura aplicación de la denominada ley mordaza no es una reforma legal “aislada”, sino que, después de los recortes sociales que se han venido produciendo, “ahora le toca el turno a los derechos políticos”. “Esta ley da cobertura legal a delitos que se venían produciendo con anterioridad, donde el principio de veracidad de los atestados de las fuerzas de seguridad se convierte en algo intachable”, apuntó la letrada, que añadió que “da cabida a la creación de un estado policial”.

En este sentido, Cela indicó que en su defensa los acusados utilizarán “fotografías y vídeos que hicieron ese día los periodistas”. “Con la aprobación del nuevo texto, eso será ilegal”, sentenció el dirigente.

Paulo Carballada será el primer acusado en prestar declaración el próximo lunes 12 de enero. Para ese mismo día, el BNG ha convocado una manifestación a las 11.00 horas en la calle de Monforte, frente a los juzgados de A Coruña.

“Acto de protesta simbólico y pacífico”

La manifestación que motivó este proceso judicial se produjo el pasado 25 de agosto de 2014, con motivo de la visita de la dirigente alemana a Santiago de Compostela junto a Mariano Rajoy, momento en el que un centenar de personas se congregaron en las calles del casco histórico de la capital gallega para protestar contra los recortes y las políticas impuestas por la Unión Europea.

“La concentración, que era simbólica y pacífica, se celebró en la praza da Quintana, al otro lado de la catedral, intentando evitar una confrontación con las fuerzas de seguridad que estaban en la plaza del Obradoiro”, explicó Cela a este diario. La protesta consistió en una performance, una representación en la que una persona disfrazada de Merkel llevaba atada con una correa a otra que representaba a Mariano Rajoy.

La policía carga contra los manifestantes que protestan en Santiago

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“El acto discurrió sin altercados hasta que llegó el colectivo de emigrantes retornados. La policía les impidió reunirse en la plaza con el resto de manifestantes. Por ello, y como muestra de solidaridad, los que nos encontrábamos ya dentro decidimos salir a reunirnos con ellos. En ese momento comenzaron las cargas policiales”, explicó a infoLibre Cela.

La marcha, fue calificada como “ilegal” por el delegado del Gobierno en Galicia en aquel momento, Samuel Juárez. Por su parte, el actual delegado del Ejecutivo en la comunidad autónoma, Santiago Villanueva, calificó el pasado martes de “totalmente objetivo” el atestado policial. “España es un país libre y cada uno se puede manifestar, pero hay unos cauces de cómo hacerlo y de acuerdo a la normativa establecida”, sentenció tras el acto de la Pascual Militar celebrado el pasado 6 de enero en A Coruña.

“Que el delegado tache de ilegal una manifestación es algo muy significativo. Ninguna manifestación es ilegal”, apuntó el portavoz del Bloque, que hizo un llamamiento a “que la gente no se deje amedrentar” porque “es necesario defender lo que es justo”.

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