Transparencia

El Congreso lleva un mes incumpliendo la Ley de Transparencia

Diputados en el hemiciclo del Congreso de los Diputados.

Las observaciones de la Ley de Transparencia en lo relativo a la actividad pública son una obligación desde el pasado 10 de diciembre. Transcurrido ya un mes, el Congreso de los Diputados no ha habilitado todavía un espacio en su web que recopile de manera clara y estructurada la información sobre la institución. Esto implica que, paradójicamente, la cámara que vio nacer la ley y en la que se desarrolló el grueso de los debates sobre la misma está dándole la espalda. No ocurre así en el Senado, Senado, que sí dispone de un apartado específico de transparencia en su portal de internet.

Fuentes de la Cámara baja consultadas por infoLibre sostienen que, en su última reunión antes de las vacaciones de Navidad, la Mesa del Congreso, su órgano de gobierno, acordó que sería durante este mes de enero cuando se concretase la adaptación a esta ley. Por entonces, la institución que preside Jesús PosadaJesús Posadaya estaba incumpliendo la ley si se tiene en cuenta que el texto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 10 de diciembre de 2013, reflejaba que las obligaciones de transparencia para la actividad pública en esta y otras instituciones entraban en vigor un año después.

Sólo las comunidades autónomas y ayuntamientos disponen todavía de un año más para acoplarse a los requisitos de la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

Las mismas fuentes parlamentarias aseguran que será en la reunión de la Mesa de este martes, 13 de enero, cuando se defina la puesta en marcha de esta legislación, por lo que es muy posible que el Congreso se ponga al día con el cumplimiento de la ley este mismo mes. Asimismo, sostienen que el portal de la transparencia específico, un equivalente al que puso en marcha el Ministerio de la Presidencia para la Administración General del Estado, está avanzado puesto que buena parte de la información que la ley ordena que sea pública ya está volcada en diferentes apartados de la página.

Sin reforma del reglamento

A diferencia de lo que ocurre en el Senado, en la última reunión de la Junta de Portavoces, PP y PSOE –los dos grupos parlamentarios mayoritarios del Congreso– coincidieron en que para la implantación de la ley no hace falta una reforma del reglamento y que basta con una resolución de la Mesa. Se trata de una opinión contraria a la vertida por los letrados de la cámara en un informe sobre los requisitos que precisaba este trámite.

Según el capítulo II de la ley, el Congreso, junto a otras instituciones y organismos, debe publicar "de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública".

¿A qué tipo de información se refiere la ley?

Se engloba en tres grupos: institucional, organizativa y de planificación; de relevancia jurídica y económica, presupuestaria y estadística. Dado que el grupo de "relevancia jurídica" sólo afecta a las Administraciones Públicas, la institución en cuestión debe ceñirse a los otros dos.

Del primero de los bloques, la Cámara deberá publicar en un apartado específico "información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como su estructura organizativa". Además, el texto publicado en el BOE establece que debe incluirse un "organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional". Tal y como insisten en la Cámara baja, el grueso de estas informaciones ya es público en diferentes apartados de su portal de internet. Lo que restaría sería ofrecerlo de una forma más centralizada.

Concreción de las partidas presupuestarias

El segundo de los bloques afecta a la publicación, como mínimo, de todos los contratos, los importes de los mismos, el procedimiento empleado para su celebración, los licitadores participantes, la identidad del adjudicatario y las modificaciones del contrato. Los contratos menores también serán públicos aunque en este caso la obligación puede cumplirse trimestralmente. "Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector del sector público", reza el texto legal.

Igualmente, deben facilitarse los presupuestos, con descripción de las principales partidas e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución. Pese a que la ley no exige una concreción total de las partidas presupuestarias –sólo se refiere a "las principales"–, esta exigencia aportará algo más de luz sobre cuestiones polémicas como los viajes o el gasto en dietas de sus señorías.

Presentación: "clara, estructurada, entendible" y de fácil "identificación y localización"

Sobre la presentación de la información en cuestión, la ley también es precisa. El artículo 5.4 sostiene lo siguiente: "La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán mecanismo adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información pública así como su identificación y localización". De ahí que las instituciones que ya se han adaptado a la legislación hayan optado por hacer públicos sus datos en una especie de portal de transparencia dentro de sus propias páginas web.

La polémica de los viajes de los parlamentarios

Este retraso en la aplicación de la ley se produce cuando todavía resuena la polémica suscitada a raíz de la resolución, pactada entre PP y PSOE, en materia de control y publicidad de los desplazamientos de los diputados. Esta fua acordada el pasado 10 de noviembre en plena tormenta por los viajes de José Antonio Monago a Canarias, presidente de la Junta de Extremadura, a cuenta del presupuesto del Senado.

Una de las principales críticas estriba en que el Congreso publicará trimestralmente en su página web el total del gasto de los desplazamientos de los diputados en base a tres criterios: viajes a la circunscripción, viajes fuera de la circunscripción y viajes institucionales. Pero no se hará de forma individualizada ni concreta. Eso queda en manos de todo lo lejos que quiera llegar cada grupo en un informe posterior. Los socialistas, después, se comprometieron a facilitar esta información de forma detallada.

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"En aras a la debida publicidad y transparencia, parece conveniente que el Congreso publique con carácter trimestral el coste de tales desplazamientos, sin perjuicio de que cada grupo parlamentario realice un informe de la actividad de sus diputados que ha originado la necesidad de los mismos", reza el texto que fue presentado personalmente a la prensa por el propio Posada.

La novedad, a partir ahora, estará en que todos aquellos desplazamientos que hagan los diputados fuera de su circunscripción –bien sea a actos de partido o sectoriales– deberán contar con la supervisión o aval del grupo parlamentario en cuestión. "El citado aval deberá constar en la comunicación que se dirija a la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior, bien con carácter previo o en fecha inmediatamente posterior y, en todo caso, dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se realizó el desplazamiento. Transcurrido este plazo, de no haberse producido dicha comunicación, el diputado deberá reembolsar a la cámara el importe del mismo", reza la resolución. Un texto calcado fue trasladado al Senado.

En la motivación de esta propuesta de resolución, la Presidencia del Congreso entiende que sobre la base de que el ejercicio de la labor política y parlamentaria debe ser libre sin imponerse "censura o control previo". "Por ello no deben establecerse mecanismos de control o autorización previa en los desplazamientos, pero sí mecanismos de supervisión que involucren a las direcciones de los Grupos Parlamentarios en el aval de la realización de determinados tipos de desplazamientos, como ya se efectúa en los desplazamientos en vehículo propio dentro de territorio nacional", añade.

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