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Un juez critica el archivo de los vuelos de la CIA

  • El magistrado José Ricardo de Prada considera que "no se han practicado las diligencias mínimas imprescindibles para la investigación de los hechos"
  • De Prada tacha de "prematuro y arbitrario" el sobreseimiento y critica que con él "se incumplen gravemente las obligaciones que tiene contraídas nuestro país en relación con hechos de gran gravedad"

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Publicada el 12/01/2015 a las 17:04 Actualizada el 12/01/2015 a las 17:05
Sede de la Audiencia Nacional

Sede de la Audiencia Nacional.

E. P.
El juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada se ha opuesto este lunes al archivo de la causa en la que se investigaba un presunto vuelo secreto de la CIA que hizo escala en Palma de Mallorca en enero de 2004 y en el que se trasladaba al ciudadano alemán de origen sirio Khaled El Masri, al considerar que las torturas presuntamente cometidas en estos desplazamientos marcaron "un indudable retroceso en nuestra civilización".

En un voto particular, De Prada discrepa de la opinión dos de sus compañeros de la Sección Segunda, la presidenta Concepción Espejel, y el juez Enrique López, cuyo voto mayoritario ha inclinado la decisión a favor de la confirmación del archivo de la causa, ya dictado por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno el pasado mes de septiembre. El magistrado cerró de forma provisional la investigación tras resultar imposible la identificación de la tripulación del vuelo

De Prada considera que "no se han practicado las diligencias mínimas imprescindibles para la investigación de los hechos" y que el cierre resulta "prematuro y arbitrario" y "en falso". "Se incumplen gravemente las obligaciones que tiene contraídas nuestro país en relación con hechos de gran gravedad", agrega. Además de este vuelo, el juez Moreno investigaba otra decena de traslados por aire que la agencia de inteligencia norteamericana habría realizado entre 2002 y 2006 utilizando bases aéreas españolas para llevar a cabo el traslado de prisioneros a centros de detención como el de Guantánamo.

Las acusaciones populares, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), IU y la Asociación Libre de Abogados (ALA), solicitaron al juez la imputación de cuatro altos cargos del Gobierno, del exdirector general de Política Exterior para América del Norte, del Ministerio de Asuntos Exteriores Miguel Aguirre de Cárcer; el exsecretario general de Política de Defensa Javier Jiménez-Ugarte; el secretario de Estado de Política Exterior del Ministerio de Exteriores, Miguel Nadal Segalá; y el exdirector del Gabinete de Política Exterior de Presidencia del Gobierno, Ramón Gil-Casares Satrústegui.

Espejel y López, consideran en un auto hecho público este lunes, que para que los cuatro altos cargos del Gobierno español pudieran haber cometido el delito de detención ilegal "tendría que haberse representado que en esos aviones se trasladaban detenidos ilegalmente". "Difícilmente se les podría entender concernidos por el delito de torturas, puesto que ni participaban en las presuntamente cometidas en los centros de detención, ni está acreditado, ni tan siquiera de forma indiciaria , que se cometieran a bordo de las aeronaves", dicen.

"Una mera presunción de que se podrían haber cometido torturas no es suficiente como para poder imputar objetivamente el delito", agregan y añaden que los hechos se cometieron en 2002 y todavía están siendo investigados en Estados Unidos y en otros países, por lo que difícilmente se podría exigir a los cargos gubernamentales "un conocimiento suficiente de lo que estaba ocurriendo".

No se pudo identificar a los responsables

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno archivó el pasado mes de septiembre de forma provisional la investigación. Según explicaba, las investigaciones llevadas a cabo por su Juzgado apuntaban indiciariamente a que el avión en el viajaba El Masri –que declaró haber sufrido torturas– recaló en el aeropuerto español. No obstante, "las diligencias practicadas en el sentido de la identificación de la tripulación del vuelo resultaron infructuosas", indica el magistrado, que decreta el sobreseimiento provisional.

A pesar de ordenar el archivo, Moreno pedía averiguar el domicilio y paradero que las 12 personas que integraban la tripulación y advierte que, si logra acreditar su verdadera identidad "procederá penalmente contra ellos". La Sección Segunda avala la eficacia de la instrucción: "Creemos que no se puede dudar que la investigación ha sido oficial, profunda y efectiva", dice el auto.
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