Marea blanca, afectados y consumidores tachan de “homicida” al Gobierno

"Un Gobierno que se precie de tener la mínima humanidad simplemente debe aplicar la ley para salvar la vida de los enfermos". Son palabras de Carmen Flores, presidenta de la Asociación Defensor del Paciente, sobre la gestión que está realizando el Gobierno en relación a la adquisición del medicamento Sovaldi, un fármaco de última generación que presenta altas tasas de curación de la hepatitits C. Pero podrían ser de cualquiera de las asociaciones de pacientes y usuarios, ya que existe un consenso general a la hora de criticar las actuaciones de un Ejecutivo que, a juicio de Flores, está cometiendo "un atentado".

Las polémicas no dejan de salpicar desde hace un tiempo a Gilead, la compañía farmacéutica que ostenta la patente del Sovaldi. Tal y como publicó infoLibre, la empresa –que tributa en Irlanda para reducir su factura fiscal– basa buena parte de su negocio en la compra de laboratorios que cuentan con fármacos en etapas avanzadas de investigación, con el fin de colocar sus medicamentos en el mercado. Pero es que, además, Gilead vende en España la medicina que sana determinados genotipos de la hepatitis C a 20.800 euros el tratamiento: 180 veces más de lo que le cuesta producirlo, ya que su coste es de apenas 115 euros, según un estudio.

Esta controversia no ha hecho más que incrementarse este jueves, cuando se ha conocido que la Oficina de Patentes india ha rechazado la petición de Gilead para patentar el Sovaldi, lo que provocará que otras empresas puedan comenzar a fabricar genéricos del medicamento, según ha informado la ONG Médicos sin Fronteras en un comunicado. Y las asociaciones consultadas por infoLibre lo tienen claro: el Gobierno español, a su juicio, debería tomar medidas similares para no someterse al "chantaje" de la compañía.

Una opción, "emitir una licencia obligatoria"

"Hay países donde se entiende que, cuando la vida de las personas corre peligro y una farmacéutica está jugando con los precios de esta manera, el Gobierno tiene derecho a saltarse la legislación en materia de patentes", afirma Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua, que critica que "un Gobierno que se está declarando tan defensor del derecho a la vida tiene que ser consecuente y ponerla por encima de cualquier cosa". Por ello, Sánchez plantea que el Ejecutivo debería incluso "valorar si hay elementos suficientes para ir a los tribunales" contra Gilead. "Se puede o ceder o decir que no se negocia con secuestradores", resume gráficamente.

Mario Cortés, presidente de la Plataforma de Afectados de Hepatitis C, también se muestra partidario de tomar medidas expeditivas para solucionar el problema. "El problema en la UE y en España es que firmaron hace años un documento que dice que no se pueden importar genéricos de fuera de la UE porque ponen en peligro el dinero de las farmacéuticas privadas", explica Cortés, que no obstante sí que plantea varias alternativas que el Gobierno podría utilizar para desbloquear la situación. La más factible, a su juicio, es "emitir una licencia obligatoria", lo que permitiría que el Estado produjese el medicamento aun sin el consentimiento de Gilead a cambio de una indemnización.

"Quien no protege a los pacientes de la propia farmacéutica está cometiendo un atentado, porque es un atentado tener un fármaco y no darlo", asegura a este respecto Carmen Flores, que sostiene que la "presión" contra la empresa tiene que producirse a nivel europeo y no solo nacional. Por ello, la presidenta de la Asociación Defensor del Paciente explica que han enviado una carta tanto al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, como a la Comisión Europea, exigiendo que se llegue a un acuerdo con Gilead para atender a los enfermos, especialmente a los que necesitan la medicación con más urgencia.

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"Hay que tomar soluciones inmediatas"

Esta reivindicación es la que mayor consenso suscita: "Estamos en pleno incendio y hay que llamar a los bomberos y apagar el fuego, luego ya tendremos tiempo para estudiar qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal, pero no podemos estar esperando", denuncia Jesús Escudero, portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid. Cortés coincide y asegura que el Gobierno sigue "mareando la perdiz", mientras que Sánchez sostiene que "no se puede tolerar es que se sigan estudiando medidas mientras muere gente cada día".

"Además de elaborar un plan, hay que tomar soluciones inmediatas", remacha el portavoz de Facua, que explica que su organización ha pedido una reunión a Alonso, algo que también ha hecho la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Defensor del Paciente y la Plataforma de Afectados de Hepatitis C han ido más allá y han pasado al terreno de las acciones legales contra Sanidad: la asociación dirigida por Flores ya ha presentado una denuncia ante el juzgado de instrucción, mientras que el colectivo de afectados planteará su propia querella el próximo lunes.