Los técnicos de Hacienda piden a Montoro que investigue al laboratorio del fármaco contra la hepatitis C

El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha pide a la Agencia Tributaria que ordene iniciar una investigación tributaria a Gilead Science SL, la comercializadora en España de los fármacos que son capaces de curar indefinidamente determinados genotipos de la hepatitis C. La compañía, según adelantó infoLibre este miércoles, utiliza Irlanda para reducir su factura fiscal con un modelo similar al de las grandes empresas tecnológicas. 

Gilead Science SL está participada al 100% por la irlandesa Gilead Sciences Ltd, que tiene su sede en Dublín, y a la que le compra todos los medicamentos que luego vende a las instituciones públicas, que son su principal cliente. Ambas compañías dependen del grupo Gilead Sciences, cuya entidad dominante es la norteamericana Gilead Sciences Inc, domiciliada en Foster City (EEUU). Pues bien, los técnicos de Hacienda consideran que "existen indicios razonables de prácticas fiscales agresivas [por parte de la comercializadora española] a través de una posible estrategia de compraventa entre filiales para trasladar los beneficios que obtienen en España hacia Irlanda y así reducir su factura fiscal en nuestro país".

Tras analizar las cuentas de la compañía en 2013, Gestha considera que el escaso margen bruto del 2,2% sobre las compras consumidas por 324 millones, comparado con la cifra de las compras realizadas a Gilead Sciences Ltd (Irlanda) por 344,9 millones y la acumulación de medicamentos en sus almacenes en España, le permite determinar que lo que presuntamente está haciendo esta compañía es "reducir el beneficio obtenido en España para trasladarlo a la empresa irlandesa". Y por eso reclama a la Agencia Tributaria que, "teniendo en cuenta el coste para el sistema de salud español", ordene iniciar una investigación tributaria para verificar si el precio de los medicamentos comprados a Irlanda se contabilizan a precios de mercado o están sobrevalorados. 

Asimismo, los técnicos reclaman al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que solicite a las autoridades irlandesas que realicen una investigación tributaria a la matriz irlandesa Gilead Sciences Ltd. La investigación, explica el portavoz de este sindicato, José María Mollinedo, tendría que correr a cargo de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, donde en los últimos meses se han producido ceses por "discrepancias irreconciliables" entre la superioridad y determinados cargos intermedios. 

Este laboratorio está en el punto de mira de los colectivos de pacientes afectados por el virus, que están llevando a cabo una campaña de protesta para denunciar que el fármaco no está llegando a las personas que lo necesitan. El asunto ha puesto sobre la mesa el debate de hasta qué punto son o no aceptables los precios a los que los laboratorios venden fármacos determinantes para la vida de las personas. Gilead, por ejemplo, suministra el Sovaldi a España a un precio 180 veces más caro de lo que le cuesta producirlo.

Dificultades 

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Para evitar lo que, a juicio de técnicos e inspectores de Hacienda, es una “práctica habitual” de inflar los precios, las legislaciones de los países desarrollados obligan a que los intercambios entre empresas de un mismo grupo se produzcan a precios de mercado. Estas normativas establecen que las ventas que se hacen entre la matriz y sus filiales tienen que hacerse a precio de mercado y no al que convengan las partes, pues eso puede dar lugar a un reparto de la fiscalidad conforme a los intereses de la empresa y no basado en la realidad del negocio.

El problema es que el valor de un bien material es fácil de determinar. Sin embargo, es más problemático calcular el de un principio activo que pertenece a una única compañía que ha hecho todo el proceso de investigación o que se encarga de comercializarlo. Por eso, explica Ramsés Pérez Boga, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, es complicado que una investigación tributaria acabe derivando en obligación de regularizar su situación para la compañía. "Cuando se trata de un medicamento con el que no hay comparación, hay que recurrir a otro tipo de métodos para determinar ese precio. Y ahí es cuando la norma a aplicar es muy compleja y la empresa puede decir que los cálculos son opinables o que las transacciones comparadas no son homogéneas. La investigación se hace también, pero es más difícil pormenorizar", señala.

Otro hecho llamativo –apunta Pérez Boga– es que la normativa de operaciones vinculadas no implica sanción. "Ante una irregularidad lo único que podemos hacer regularizar la situación y que pague lo que no pagó en su momento. No la podemos sancionar. Este es uno de los elementos más perversos de la normativa, pues parece que se invita a las multinacionales a especular". Y añade: "Este el primer problema y que hace que estas empresas pongan cada vez precios que son más discordantes con la actividad económica".