Críticas en la carrera judicial contra el presidente del TSJ de Madrid por cobrar dietas de la Comunidad

Jueces y fiscales critican al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Vieira, por elegirse a sí mismo para realizar trabajos remunerados por la Comunidad de Madrid. Esta polémica coincide con la denuncia del Colegio de Abogados por el "desprecio" mostrado por el Gobierno regional por la justicia gratuita y el turno de oficio.

"Los magistrados y funcionarios que han cobrado de la Comunidad de Madrid lo han hecho por decisión de la comisión de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Otra cosa distinta es la actuación de su presidente, Francisco Vieira, que se eligió a sí mismo para realizar los trabajos remunerados". Así se expresa a infoLibre un magistrado, que recoge el sentir de otros jueces, muy críticos con la actuación de Vieira.

El diario El País ha publicado esta semana sendas informaciones sobre las percepciones de jueces, fiscales y otros funcionarios adscritos al TSJ por parte de la Comunidad de Madrid, de forma directa o de forma indirecta con la empresa Indra de intermediaria. Precisamente, el TSJ es el órgano que se encarga de investigar a los aforados del Gobierno regional.

En similares términos se ha expresado a este periódico el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz, que defendió a los magistrados y resto de funcionarios, pero no a Vieira. Según su versión, los jueces y fiscales dieron por hecho que si el presidente del Tribunal madrileño les asignaba unos trabajos. éstos no serían incompatibles con su labor judicial. "Otra cosa diferente sería la actuación de Vieira", explica García Ortiz.

Expediente informativo

El pasado martes, Vieira contestó a las preguntas del promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca-Herrero, que instruye un expediente informativo para averiguar si Vieira y otros jueces incurrieron en incompatibilidad al recibir una compensación económica superior a los 200.000 euros por el desarrollo de una herramienta informática en decanatos y órganos judiciales que se puso en marcha en 2010. Las mismas fuentes consultadas por este diario auguran un importante "recorrido" del expediente.

Además, los nueve juristas que constituyen el denominado Comité Permanente de seguimiento de la digitalización de los juzgados y tribunales de Madrid (integrado por tres jueces y seis secretarios, dos de ellos de alto rango) cobraron en 2014 dietas extra por importe de 3.000 euros cada uno (27.000 en total). Recibieron ese dinero por haber asistido a cuatro reuniones que se celebraron en la biblioteca del Tribunal Superior de Madrid.

En su comparecencia, Vieira defendió que los pagos que reciben jueces y otros juristas de la empresa Indra para mejorar los sistemas informáticos del Gobierno madrileño responden a tareas de creatividad, y no de asesoramiento, compatibles con sus funciones.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha asegurado este jueves que es "evidente" que alguien ha querido "montar" una polémica en torno a los supuestos pagos de primas a jueces por parte de la empresa Indra por asesorar en proyectos informáticos del Gobierno madrileño.

Justicia gratuita

Todas estas críticas se producen en un contexto en el que el Colegio de Abogados de Madrid ha denunciado que pese a haber llevado a cabo múltiples reuniones de trabajo con los máximos responsables de la Consejería de Presidencia y Justicia de Madrid, todas las vías de negociación están "agotadas".

En una nota de prensa, los abogados solicitan la "racionalización" del sistema y el ajuste de las bases de compensación económica: "Las negociaciones con la Comunidad de Madrid se han roto ante la reiterada actitud de desprecio mostrada por sus dirigentes a las reivindicaciones planteadas sobre la actual situación en la que se encuentran la justicia gratuita y el turno de oficio".

Además, el Colegio de Abogados lamenta el "total abandono e ignorancia" que la Comunidad de Madrid muestra con los ciudadanos madrileños con derecho a este servicio público, y con los profesionales que ejercen el turno de oficio. "La Comunidad de Madrid no ha hecho ningún esfuerzo ni ha buscado vías de acuerdo para desatascar el conflicto con los abogados del turno de oficio".

Sin acuerdo

El Colegio de Abogados de Madrid entiende que el presupuesto de Justicia de la Comunidad de Madrid es, desde hace años, "manifiestamente insuficiente" para cubrir la demanda de la ciudadanía de asistencia letrada gratuita y de orientación jurídica. Desde 2003, año en que se transfirieron las competencias en materia de Justicia, la Comunidad de Madrid "no solo no ha actualizado el pago a los abogados del turno de oficio, si no que en el Baremo 2012, lo redujo en un 20%".

Para la Comunidad de Madrid en términos absolutos, actualizar los pagos supone un escaso impacto en su presupuesto, del 0,07% y de un 1,31% adicional en el presupuesto de Justicia. Además, los abogados del turno de oficio sufren un retraso sistemático en los pagos como consecuencia en los desfases presupuestarios que no tiene ninguna otra Comunidad Autónoma. El periodo medio de pago previsto legal es de 60 días, siendo el real de 150 días

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Acciones concretas

Ante esta situación, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid ha acordado emprender acciones concretas para defender y dignificar el trabajo de los abogados del turno de oficio, así como reivindicar un servicio público digno para los ciudadanos y profesionales.

Está prevista la elaboración de un calendario de movilizaciones con la participación de las distintas asociaciones de abogados que representan al turno de oficio. Así como, la comparecencia de la decana en sede parlamentaria de la Asamblea de Madrid.