Desahucios

El Gobierno aprueba una dación en pago con un sistema muy duro de condiciones

El Gobierno aprueba la dación en pago con un sistema muy duro de condiciones

Y. González / E. Herrera

Como suele ocurrir en el Consejo de Ministros posterior a un debate del estado de la nación, y de forma más pronunciada en un 2015 netamente electoral, el de este viernes ha ido cargado de anuncios legislativos. En dos cuestiones con las que los conservadores esperan un alto impacto social: el decreto ley de "segunda oportunidad", en manos del Ministerio de Hacienda. Y un paquete de reformas en la administración de Justicia con la supresión de tasas a particulares como eje.

Tras una semana de versiones contradictorias entre Economía y Hacienda, el Consejo de Ministros de este viernes sentenció que el decreto ley de "segunda oportunidad" sí incluye la dación en pago, un fenómeno que supone que la entregra de la vivienda al banco salde la deuda. Pero ni el método ni la explicación ofrecida hasta la fecha por Economía son sencillos. 

El procedimiento cuenta con tres pasos, de los que sólo entraña una novedad real el tercero, el de la dación en pago con condiciones. El primero de ellos, según explicaron fuentes del Ministerio de Economía, es la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial. Para ello el deudor –empresario, autónomo o persona individual– tendrá que acudir a un notario o a un regisrtrador que designará un mediador. A partir de entonces comenzará una negociación para establecer quitas o aplazamientos de la deuda que se podrá extender hasta dos meses.

Si no hay acuerdo, el siguiente paso será solicitar un concurso de acreedores (algo que ya contempla la ley actual para personas jurídicas y también físicas) aunque la novedad es que estos procesos serán analizados por la vía civil en juzgados de primera instancia. Hasta ahora se hacía en juzgados de lo mercantil. A esta modalidad se podrán acoger aquellas personas físicas y jurídicas que tengan pasivos de hasta cinco millones de euros. Y las quitas serán propuestas por el mediador.

Lo novedoso es el tercer punto, que establece la posibilidad de aplicar quitas sobre algunas deudas. Y eso solo si se cumplen con las siguientes condiciones: probar que se ha actuado de buena fe, haber liquidado todo sus bienes y comprometerse a pagar en cinco años los créditos contra la masa (costas judiciales), así como las deudas con Hacienda o la Seguridad Social (los llamados privilegiados) las pensiones alimenticias). Si esos requisitos se cumplen se podrá aplicar una quita sobre el resto de deuda ordinaria pendiente de pago. 

Además, según explicaron en el departamento de Luis de Guindos, los acreedores podrán pedir ante el juez que se revoque esa exoneración si durante esos cinco años se ha producido una mejora de la fortuna como por ejemplo, puede ser un premio de lotería. Además, el Gobierno informó de que esas esas quitas no tendrán efecto fiscal, por lo que los los beneficiarios de este plan no tendrán que tributar por ellas.

"Buenas prácticas"

El segundo de los anuncios hecho este viernes por Sáenz de Santamaría en relación a la vivienda tiene que ver con el código de buenas prácticas antidesahucios al que se han adherido 45 bancos y cajas desde 2012 y con la moratoria a los desahucios de colectivos muy vulnerables que ahora se extenderá hasta 2017.

Esta es la tercera vez que, desde 2012, el Gobierno modifica lo requisitos. A partir de ahora podrán beneficiarse de este código –que abre la puerta a la dación en pago o la reestructuración de deudas– las familias con ingresos de hasta 22.365,42 euros anuales, es decir, tres veces del IPREM calculado en 14 pagas. Hasta el momento se calculaba en 12 y ese límite era de 19.170,39 euros.

Como novedad también se incluye a los mayores de 60 años entre los supuestos de especial vulnerabilidad que se pueden acoger al código, se eleva a 300.000 euros el límite de precio de adquisición de los inmuebles que podrán beneficiarse del código (antes eran 250.000) y se eliminan las cláusulas suelo para las familias situadas en el umbral de este plan.

La clave estará ahora en ver si estos nuevos requisitos contribuyen a impulsar unas medidas que, hasta el momento, no han generado los resultados esperados. De hecho, desde marzo de 2012 y hasta el primer semestre de 2014, 23.983 familias en riesgo de exclusión buscaron con sus entidades flexibilizar los pagos hipotecarios o encontrar algún tipo de alternativa en virtud de este código. Y sólo 2.124 (un 8,9%) consiguieron la dación en pago.

Justicia y cheque familiar

Por si parte, el ministerio de Justicia presentó un amplio paquete de reformas con la supresión de tasas como eje. La propuesta de Rafael Catalá recoge la modificación de las tasas judiciales que establece que las personas físicas quedarán exentas del pago de las mismas en todos los órdenes e instancias.

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En el Real Decreto Ley se incorpora, demás, el anuncio realizado por el presidente del Gobierno en el debate del estado de la nación sobre la de ampliación de deducciones fiscales en vigor desde enero de este año en el IRPF para familias numerosas y las que tienen a su cargo ascendientes o descendientes con discapacidad.

Así, y según figura en el texto, se extienden estos conocidos como "cheques familiares" de 1.200 euros al año a las familias monoparentales con dos hijos. De igual forma, el "cheque familiar" de 1.200 euros para familias numerosas y con ascendientes o descendientes con discapacidad se amplía para el caso de que el contribuyente sea pensionista o perceptor de prestaciones contributivas y asistenciales del sistema de protección del desempleo.

Estas ayudas, que tendrán efectos desde el 1 de enero de 2015, se suman a la de cien euros mensuales para madres trabajadores con hijos menores de tres años, en vigor desde el año 2002. En total, los beneficiarios de "cheques familiares" de la reforma fiscal podrían superar el millón de personas, según cálculos del Gobierno.

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