El programa de Podemos en Andalucía, el laboratorio para 'asaltar' la Moncloa

Podemos ya tiene programa electoral para las elecciones andaluzas. Su candidata a la presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, lo presentó este miércoles en un acto en el que también participaron otros dirigentes regionales y el secretario de Organización del partido, Sergio Pascual. Es el primer documento programático que la formación plantea para unas elecciones nacionales y, dado que su hoja de ruta está enfocada a conseguir a toda costa llegar al Gobierno central en las próximas generales, Andalucía será el primer lugar donde se pongan a prueba algunas de las propuestas que lanzarán también a nivel estatal.

Rodríguez, a la que las encuestas sitúan en tercer lugar en la carrera por el Palacio de San Telmo –sede del Gobierno andaluz–, aseguró que el documento está basado en el "rigor", la "valentía" y la "solvencia". El programa, que sirve como base para los comicios que se celebrarán el próximo día 22 de marzo, consta de 433 medidas divididas en cinco bloques temáticos. Y, junto a este escrito, el partido ha presentado un resumen ejecutivo de 14 páginas y un tercer documento que contiene las 30 propuestas que, tras ser votadas por los militantes andaluces, Podemos considera fundamentales, y que según han cifrado en la presentación costarían 215 millones de euros.

Empleo: certificado de solvencia laboral

La candidatura de Rodríguez considera que "la primera prioridad" del nuevo Gobierno andaluz debe ser generación de puestos de trabajo. La aspirante a presidenta ha criticado al presentar su programa que otros partidos prometan en campaña "objetivos concretos de empleo cuantificados que nunca se cumplen", y en este sentido el documento de Podemos no especifica ninguna cifra, si bien plantea varias propuestas para fomentar la creación de empleo "digno" y "en condiciones de calidad".

De esta forma, el programa plantea como una de sus medidas prioritarias la creación de un "certificado de solvencia laboral", un documento que sería otorgado por la Junta a las empresas tras comprobar que cumplen la ley "en materias como contratación temporal y a tiempo parcial, horas extras, etcétera". La no obtención de este certificado por parte de las compañías les impediría contratar con la Junta, o al menos limitaría su capacidad de suministrar servicios a la Administración.

Dentro de sus 30 propuestas prioritarias, Podemos también enuncia la necesidad de "impulsar políticas de emprendimiento socialmente responsables", especialmente centradas en la "creación de empleo joven". En este sentido, el partido plantea "fortalecer la actividad pública de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial" –unos organismos ya existentes que se encargan de asesorar a los ciudadanos que quieren poner en marcha una empresa–, y apuntan a un modelo concreto para potenciar: la cooperativa, que según la visión del partido debe convertirse en "protagonista de la economía social".

El programa de Podemos plantea que estas cooperativas reciban apoyo de la Junta si cumplen "con los requisitos de igualdad, sostenibilidad e innovación", y expone medidas concretas: la cesión de suelo público en desuso, la posibilidad de otorgar prioridad a este tipo de empresas en los concursos públicos, la creación de un servicio público de asesoría exclusivamente enfocado en ellas o el establecimiento de "planes de formación específicos en el cooperativismo para demandantes de empleo y funcionarios públicos".

Asimismo, para desarrollar "una cultura de emprendimiento con raíces identitarias andaluzas", Podemos plantea que la Junta de Andalucía apoye económicamente los proyectos empresariales "en sectores generadores de valor añadido con alto contenido en I+D+i", y asimismo señala que la Administración debería intentar minimizar "los riesgos económicos" que genera la apertura de una empresa. No existe mayor concreción en este sentido, aunque sí se explicita que el Gobierno regional podría apoyar a estas nuevas compañías a través de la puesta "en valor edificios de titularidad pública para el desarrollo de nuevos sectores productivos".

Desahucios: plan de emergencia habitacional

"El derecho a vivir dignamente debe pasar, de manera indisociable, por el derecho a disponer de una vivienda en la que desarrollar nuestro día a día y donde poder convivir en familia o de forma independiente", asegura Podemos en su programa. Y para hacer frente al "gran volumen" de desalojos, el partido plantea una serie de medidas para "asegurar el derecho a la primera vivienda, y a su vez, garantizar el legítimo derecho de los particulares a tener más de una vivienda". Unos derechos, afirman, que se han visto truncados "por el hecho de que grandes sectores inmobiliarios y financieros, con el apoyo de sectores políticos corruptos, hayan hecho de la vivienda una mercancía".

En este sentido, la primera iniciativa que plantea Podemos es la puesta en marcha de un "Plan de Emergencia Habitacional" en tres fases que conllevaría la suspensión temporal de todos los desahucios "para garantizar los derechos habitacionales". En primer lugar, el Parlamento de Andalucía y un Observatorio creado ex profeso para esta labor analizarían la situación de las familias en espera de ser desahuciadas, para posteriormente –y con los desalojos en suspenso– crear "un servicio público habitacional" e implantar un plan de rehabilitación de viviendas.

De igual manera, Podemos plantea que las familias desahuciadas puedan utilizar "las viviendas vacías de las administraciones y entidades financieras" y señala como prioridad "impulsar el alquiler", para lo cual se crearía una agencia enfocada a "promover la celebración de contratos de arrendamiento con garantías públicas", así como a apoyar a quienes no puedan pagar su alquiler a la hora de renegociar sus contratos. Para completar su batería de medidas, el partido asegura que proveerá "los suministros básicos de agua, luz y gas" a las familias que no puedan permitirse pagarlos y que garantizarán por ley un "mínimo de subsistencia" de estas dotaciones.

Además de este plan de emergencia, Podemos plantea la creación de una Ley de Protección al Consumidor que contemple "fuertes sanciones contras las entidades bancarias que incorporen cláusulas suelo, intereses moratorios y otras condiciones que se consideren abusivas en los contratos", así como contra las compañías suministradoras de luz, agua o gas que caigan en malas prácticas. Su intención, además, es ampliar el parque público de vivienda y detener "la privatización" del que ya existe.

Sanidad: auditoría sobre el gasto

En Sanidad, Podemos también plantea algunas medidas muy precisas, si bien otras son más amplias. En sus 30 iniciativas prioritarias, el partido se limita a apuntar su apuesta decidida "por la gestión pública directa de unos servicios sanitarios basados en principios de equidad y eficiencia". El programa es más explícito, aunque las medidas que enumera son bastante amplias y se basan en la ampliación del presupuesto sanitario hasta una cifra "que converja con la media estatal".

En este sentido, Podemos propone priorizar los presupuestos destinados a sanidad a "las zonas con especial necesidad de transformación social" y "monitorizar la cobertura, especialmente en colectivos vulnerables". El partido también enuncia su intención de "lograr la cobertura sanitaria universal", así como de garantizar el derecho a "decidir sobre su propio parto" de las mujeres andaluzas, a base de "despatriarcalizar el sistema sanitario mediante la corrección de su heterosexismo y de los procesos de medicalización de las vidas y los cuerpos de las mujeres como una forma de violencia".

El partido muestra en el programa su apoyo al modelo 100% público en la sanidad, y propone una auditoría sobre "el gasto público en concesiones, conciertos y externalizaciones sociales y sanitarias con empresas privadas en las últimas dos legislaturas, empezando por aquellas otorgadas a empresas con ánimo de lucro". En esta línea, el programa también señala la necesidad de "evaluar la privatización de servicios no clínicos −hostelería, limpieza, etcétera− tanto en costes como en resultados".

Educación: menos tasas y más becas

"Andalucía arrastra un déficit histórico en educación", denuncia Podemos en su programa. Y ofrece datos: la región, según señala el documento, "es de las comunidades que menos recursos destina" a esta partida, lo que para el partido "revela la escasa prioridad política de esta área fundamental y se manifiesta en la precariedad de las infraestructuras, en la escasez de medios humanos y materiales que sufren nuestros centros educativos y en consecuencias de impacto social como las elevadas tasas de fracaso y abandono escolar".

Por tanto, esta sería una de las primeras medidas a adoptar: aumentar el presupuesto "al menos hasta alcanzar la media europea de inversión", que se sitúa en el 6,5% del PIB –España gastó el 4,82% en 2011, último año del que Eurostat ofrece datos–. Con ese aumento presupuestario, Podemos pretende "reducir la ratio en las aulas", convertir la educación infantil en "universal y gratuita" y recontratar a los profesores de la enseñanza pública despedidos desde el inicio de la crisis. "De este modo se facilitaría la necesaria labor contra el abandono y fracaso escolar, los cuales son punta del iceberg de las desigualdades en nuestra comunidad", argumenta el programa.

Para la educación superior, la candidatura de Rodríguez también plantea una serie de medidas que, en primer lugar, tienen que ver con su financiación, que también consideran escasa. No obstante, el programa no ofrece una cifra concreta y simplemente señala que el gasto debe aumentar de manera "suficiente", a su vez que se promueve una reducción paulatina de las tasas universitarias y el aumento de las becas. Y, además, Podemos insiste en potenciar el modelo público y propone limitar los solares que cede la Junta para construir centros privados.

Reforma fiscal: un impuesto sobre la riqueza

Varias de las medidas que plantea el partido suponen un importante gasto por parte de la Junta de Andalucía. Por ello, junto a sus propuestas sociales y económicas Podemos también plantea una serie de iniciativas a nivel fiscal que empiezan por la reivindicación de "un cambio del modelo de financiación" autonómico que provea a la comunidad "de la financiación suficiente que le permita atender sus obligaciones con la ciudadanía". De igual forma, también se contempla una mejor coordinación entre la Junta, el Estado y los municipios "en relación con los tributos propios de Andalucía".

En cuanto a las competencias autonómicas, Podemos plantea la creación de un "impuesto especial a la riqueza" que, no obstante, no sería nuevo sino que se configuraría mediante el aumento –en una proporción sin concretar– de los tributos de sucesiones y patrimonio, ya existentes. Además, el partido propone una reorganización de la Agencia Tributaria de la comunidad para que dependa del Parlamento de Andalucía y no del Gobierno autonómico, así como un aumento de los medios materiales y humanos del órgano para conseguir un "aumento recaudatorio".

Corrupción, Transparencia y participación

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Podemos plantea varias propuestas para potenciar la transparencia de las instituciones andaluzas. Algunas de ellas son calcos de las que el partido ya ha lanzado a nivel estatal, como la realización de una auditoría de la deuda pública andaluza –que desde 2009 "se ha elevado un 190%"– que también se extendería a las subvenciones que la Junta ha concedido a empresas privadas. En este sentido, Podemos propone crear un organismo encargado de la "evaluación de políticas públicas" que actúe "sin ningún tipo de presión", así como una Oficina Antifraude adscrita al Parlamento de Andalucía.

En cuanto a la transparencia, una de las propuestas estrella del programa gira en torno a la aprobación de una Ley de grupos de presión que sirva para regular "las 'organizaciones de intereses' en Andalucía y sus relaciones con los altos cargos o capacidad de influencia en la elaboración de normas autonómicas. "Esta ley deberá establecer la preceptividad de la publicación de la agenda de trabajo de los altos cargos indicando con quienes se reúnen, el motivo y las conclusiones de estas reuniones, así como la prohibición de las puertas giratorias, haciendo explícita la incompatibilidad del ejercicio de cargos públicos con determinadas actividades privadas", abunda el partido, que también plantea prohibir que la Junta contrate con empresas condenadas por la comisión de cualquier delito.

Con respecto a la participación ciudadana en el Gobierno –una de las proclamas fundamentales de Podemos–, el documento presentado este miércoles enumera varios sistemas para poner en marcha. En sus 30 medidas prioritarias, Podemos recoge cuatro herramientas para potenciar la "participación ciudadana": son los programas La Junta Pregunta –ideado para que el Ejecutivo autonómico pueda recoger opiniones y propuestas sobre temas concretos– y La Junta Responde –destinado a responder las cuestiones de los ciudadanos–, así como las plataformas Parlamento Abierto, consistente en hacer público el "material, información y datos de los que dispone el Parlamento para su acción legislativa" y, por último, La Agenda Colaborativa, que ofrecería a quien la consultase datos sobre la actividad de los cargos públicos.