Caso Bárcenas

La Audiencia de Madrid decide si imputa al PP por el borrado de los ordenadores de Bárcenas

El extesorero del PP Luis Bárcenas a su llegada este viernes a la Audiencia Nacional.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha nombrado ponente del caso del borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas por parte del Partido Popular al magistrado Ignacio Sánchez Yllera, según consta en la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso infoLibre.

De esta forma, el tribunal tendrá que decidir si imputa al PP por hacer desaparecer parte de las pruebas, tal y como solicitó el abogado de UPyD Andrés Herzog. Que un partido político pueda ser imputado es posible desde el 27 de diciembre de 2012 el Congreso aprobara una modificación del Código Penal que abría la puerta a la imputación de los partidos políticos y de los sindicatos con la intención de eliminar la "sensación de impunidad", según el texto aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tanto UPyD como Izquierda Unida y otras acusaciones del caso de los papeles de Bárcenas se personaron en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, en el que recayó la investigación enviada por el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

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Auto de inhibición

En concreto, el magistrado de la Audiencia Nacional firmó un auto de inhibición en el que ya apuntaba la posible responsabilidad del PP en la destrucción de pruebas del caso Bárcenas, en el que se investiga la posible contabilidad B del PP durante dos décadas: "Tampoco resultaría irrazonable o carente de lógica la eventual calificación de los hechos acontecidos al amparo de lo dispuesto en el artículo 264.1 del Código Penal, que sanciona al que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase programas o documentos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave", indicaba el mencionado auto.

Pero tras el archivo inicial del caso en el Juzgado número 32 de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid perdió el sumario. Según fuentes jurídicas, las actuaciones "desaparecieron" después de que la secretaría judicial del número 32 realizara los trámites para remitirlas a la Audiencia Provincial de Madrid. La oficina judicial abrió un expediente gubernativo para averiguar lo ocurrido y pidió a las partes los escritos que adjuntaron en su día, para llevar a cabo la reconstrucción del asunto.

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