Despilfarro en Madrid: Protección de Datos pagó seis meses el alquiler de la sede que ya no ocupaba

La Agencia de Protección de Datos de Madrid se mudó de sede en enero de 2012. Para ahorrar. Su veintena de empleados trabajaban en un edificio de oficinas acristalado de la zona norte de Madrid. La Comunidad de Madrid pagaba por el alquiler 41.896,56 euros al mes a la inmobiliaria Procisa, la misma que explota La Finca, la urbanización de Pozuelo de Alarcón donde viven futbolistas, millonarios y famosos. Así que la agencia se trasladó a un piso de la Gran Vía que, pese a estar situado en pleno centro de Madrid, costaba casi la mitad: 26.500,42 euros. Su propietario es la Mutualidad General de la Abogacía.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid siguió pagando el alquiler a Procisa, por una sede vacía, durante al menos los primeros seis meses de 2012. Es decir, no sólo no hubo ahorro, sino que abonó durante medio año casi el triple del alquiler previsto: 68.396,98 euros al mes. Es decir, en seis meses había gastado 410.381,88, el 80% de la cantidad presupuestada para el alquiler de todo el ejercicio –511.557 euros–. Sólo tres meses después, en su discurso de investidura como presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González anunció el cierre de la Agencia de Protección de Datos regional. El motivo era ahorrar 2,2 millones de euros, el presupuesto anual del organismo.

Fuentes de la Comunidad confirman a infoLibre que la agencia pagó doble alquiler esos meses porque romper el contrato con Procisa antes de tiempo habría supuesto una “penalización económica” superior a la factura de los dos arrendamientos. Es decir, el organismo se trasladó antes de que expirara el contrato. El documento al que ha tenido acceso este periódico muestra que la agencia abonó los tres primeros meses de los alquileres. A partir de esa fecha, según las fuentes consultadas, fue la Dirección General de Patrimonio la encargada de los pagos.

En noviembre la agencia presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que terminó sin acuerdo. La plantilla fue despedida el 31 de diciembre con la indemnización legal: 20 días por año trabajado y un tope de 12 mensualidades. El día 1 de enero la Agencia de Protección de Datos de Madrid quedó extinguida.

Tendrá que reincorporar a la plantilla 

Lo que no significa que el capítulo esté cerrado. Los trabajadores recurrieron sus despidos y los jueces les dieron la razón. Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como el Tribunal Supremo anularon el ERE el año pasado, condenando a la agencia y a la Comunidad de Madrid a reincorporar a los despedidos.

Según la sentencia del alto tribunal, el Ejecutivo madrileño cometió fraude de ley precisamente para evitar que el órgano administrativo que debía asumir las competencias y la actividad de la agencia –la Comunidad de Madrid– tuviera que hacerse cargo de su personal. El fallo recrimina a los responsables de la Comunidad que despidieran a los trabajadores antes incluso de que por ley se extinguiera la agencia. También que lo hiciera “con un mero proyecto de ley” que específicamente establecía la “incorporación de todos los bienes patrimoniales y derechos de la agencia a la Comunidad de Madrid”.

Además, al despido le acompañó el “incumplimiento palmario”, destaca el Supremo, de los requisitos legales y procedimentales. De hecho advierte del “vacío documental contable” que presidió la negociación del ERE. La dirección de la agencia, explica, sólo aportó documentación “básica” y la memoria explicativa, pero “ningún documento de tipo contable que pudiera poner de manifiesto el concreto estado económico-financiero” de la agencia. Para negociar el ERE tampoco escatimó en medios la Comunidad de Madrid: contrató a un despacho de abogados privado, el de Pérez Llorca, que le cobró 17.568 euros por un mes de trabajo.

Prefiere pagar indemnizaciones

La Comunidad de Madrid se resiste, sin embargo, a cumplir la sentencia. Y maniobra en los tribunales para impedir el reingreso de los trabajadores a sus puestos de trabajo. Alega que es “imposible” porque la agencia ya no existe. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha advertido al Gobierno madrileño de que debe incorporarlos a su plantilla autonómica.

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En su lugar, los abogados de la Comunidad de Madrid han intentado ante el TSJM convertir los despidos nulos en improcedentes y pagar las correspondientes indemnizaciones: 33 días por año trabajado. Tanto si les devuelve sus empleos como si los despide, Ignacio González también tiene que pagar los salarios de tramitación, los que la plantilla dejó de percibir desde el ERE hasta que el Supremo lo declaró nulo. Son casi dos años de sueldo.

Aunque, de los 16 trabajadores inicialmente despedidos, el Ejecutivo de Madrid sólo tendrá que readmitir ahora a una decena; el resto ha llegado a la edad de jubilación en el año y ocho meses que se ha demorado la sentencia firme. En cualquier caso, será una cifra más que añadir a la factura de una medida que se proyectó como un ahorro obligado por los ajustes presupuestarios necesarios en el sector público.

La Agencia de Protección de Datos de Madrid fue creada en 1997. Su último director fue Santiago Abascal Conde. Presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, abandonó el PP en 2013 y ahora es secretario general del partido de derecha radical Vox.