Congreso

IU denuncia corrupción en Justicia por engordar el negocio de los registradores

Gaspar Llamazares, en rueda de prensa en el Congreso el pasado 2 de enero de 2014.

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El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en la Comisión de Justicia del Congreso, Gaspar Llamazares, denunció este miércoles la "corrupción" y la "prevaricación" en la que, a su juicio, está incurriendo el Ministerio de Justicia con las distintas reformas que ha emprendido para dejar en manos de los registradores de la propiedad y mercantiles el Registro Civil y la gestión de las nacionalidades de los últimos años.

En una rueda de prensa en la Cámara baja, Llamazares ha anunciado una serie de iniciativas parlamentarias para pedir cuentas al Gobierno por esta situación que van desde la petición de comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, hasta la presentación de preguntas sobre la situación del director general de Registros y Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.

En concreto, IU-ICV reclama explicaciones a Catalá por la encomienda de gestión del registro civil y los expedientes de adquisición de la nacionalidad concedida al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles el pasado mes de febrero para la tramitación de los expedientes de nacionalización por residencia del año 2014.

Llamazares recordó que ya se aprobó una anterior encomienda de gestión a este colectivo para que desatascara la tramitación de expedientes que había pendientes en 2012 y 2013, pero que aquella fue "gratuita". En este sentido, quiere saber por qué ahora va a costar 4 millones de euros, "con carácter retroactivo", cuando los registradores van a utilizar la misma aplicación informática y sospecha que ese dinero es en realidad un intento de "financiar el Registro Civil".

El diputado volvió a denunciar que la entrega del Registro Civil a los registradores es un "expolio" y un "pelotazo sin precedentes" porque los ciudadanos van a recibir un peor servicio al reducirse de 8.000 a 100 las ventanillas a las que van a poder acudir a hacer sus gestiones. También ha alertado de que 4.000 funcionarios que ahora tenían esa tarea van a quedar "en el limbo" y que de ellos mil son interinos y pueden perder sus puestos de trabajo.

En este contexto, incidió en que los datos personales de los españoles van pasar de estar en manos de funcionarios "con deber de secreto" a personas que forman parte de la patronal y que los van a poder utilizar sin haber recibido autorización de la Agencia de Protección de Datos. Por eso ha pedido también la comparecencia del director de este organismo para que se pronuncie al respecto.

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Además, solicitó el cese del director general de Registros y Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo, al que acusa de haber compatibilizado durante al menos un mes dos cargos incompatibles: el que ocupa en Justicia y el de presidente del tribunal de oposiciones a registrador.

Llamazares también preguntó al Gobierno por los "viajes a Suiza" de Gómez Gálligo y quiere saber si tiene allí alguna cuenta bancaria y si ha cobrado por su cargo de director general y por su puesto de registrador de la propiedad en Las Palmas de Gran Canaria.

Según el diputado, Gómez Galligo no está actuando como "un cargo político al servicio de los intereses de los ciudadanos", sino como "un delegado del Colegio de Registradores", un organismo que puede "presionarle" o "seducirle" cuando le convenga.

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