La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instucción número 3 de Avilés,
María Elena González Álvarez, ha desimputado a 19 políticos asturianos del
caso Aquagest en un auto fechado el 7 de abril al prescribir los supuestos delitos de
cohecho impropio cometidos durante los años 2009 y 2010 al aceptar regalos y viajes de la empresa Aquagest, que gestiona los servicios públicos del agua en varios municipios asturianos.
Las personas que dejan de ser imputadas son: el exdiputado regional y actual presidente del PP en Avilés,
Joaquín Aréstegui; el exdirector general de Administración Pública del Principado entre 2012 y 2014 (PSOE),
Francisco José Balmori Poo; los alcaldes
Antonio de Luis Solar (Pravia, PSOE) y
Salvador Méndez (Coaña, PP); los concejales
Francisco José Rodríguez Cubiella (Gijón, PP),
José Ramón Pérez García (Coaña, PP),
Rosana González (Coaña, PP),
María Rosa Suárez Peláez (Coaña, PP),
Carmen Vega (Avilés, PP),
José Manuel Alba Fernández (Tineo, PP),
Jesús Soto Carreira (Vegadeo, PP) y
José María Osoro (Nava, PP) y el secretario de Siero,
Hermenegildo Felipe Fanjul.
La juez también aparta de la causa a los expolíticos
Alberto Díaz de Tejada, Roberto Santiago, Ana Carrera, María Isabel Prieto Cigarrán y
Alejandro Reimóndez también salen de la causa que investiga las presuntas irregularidades de Aquagest.
En el caso del diputado autonómico
Matías Rodríguez Feito (PP), la juez se inhibe en favor del Tribunal Supremo y no al Tribunal Superior de Justicia, como sería preceptivo por su aforamiento regional, porque la magistrada considera que los indicios de delito para el diputado han sido cometidos fuera de Asturias.
La magistrada comenzará el 14 de abril con los interrogatorios a los imputados, aun que con este auto la lista de comparecientes se reduce
casi a la mitad, y finalizarán el 2 de junio con el representante legal de la entidad Asturagua, Servicio Integral del Ciclo del Agua, SA.
Retornado92
10/04/15 01:02
Bacante
09/04/15 18:14
Aroa Moreno Durán
Quique Peinado
Benjamín Prado
No olviden que Aznar redujo de 5 a 3 años el plazo de prescripción de los delitos de malversación de fondos públicos, soborno, etc... Nadie dijo ni pío, pero él sí sabía por qué lo hacía... ¿Quién es culpable de que seamos confiados, inocentes, pasotas... o tontos? Ellos sí saben las cosas que hacen, para qué les van a servir, y nosotros, además de indocumentados, somos como niños, y cuando los del PP señalan la luna, miramos el dedo... Por favor...
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