El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anula la legislación en dependencia de Cospedal

El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha ha estimado el recurso presentado por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia contra una orden del 29 de julio de 2013 emitida por la Consejería de Sanidad de la autonomía sobre el catálogo de servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia y que determina la intensidad de los servicios y el régimen de incompatibilidades. Se trata de una orden fuertemente criticada desde la Plataforma puesto que "establecía un conjunto de recortes arbitrarios y retroactivos contra los derechos de las personas dependientes".

La orden anulada establecía "todo tipo de requisitos retardatorios y obstáculos para impedir la atención que necesitan los grandes dependientes", ha criticado la plataforma a través de un comunicado. Una afirmación que ejemplifican con que dicha norma "imponía un periodo de carencia mínimo de un año para poder solicitar la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales". Tras ello, la Consejería podía suspender durante dos años y medio más la percepción de dicha ayuda. "En total, hasta tres años y medio podía demorarse el abono de la prestación a los grandes dependientes", han señalado desde la asociación, y han añadido que "dada la muy deteriorada salud de los grandes dependientes, sea por enfermedad, vejez u otras causas, una demora de tres años y medio conlleva una alta probabilidad de fallecimiento".

Es por ello que la asociación tacha de "grave y sangrante" el "trato degradante e inhumano" que la orden daba a los grandes dependientes, que necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria, e insiste en que este tipo de prestación económica –que se concede ante la imposibilidad de que el dependiente sea atendido por la red de servicios públicos– "sirve para poder mantener al gran dependiente dentro de su entorno familiar".

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En esta línea, la plataforma no ha querido dejar de señalar que si el dependiente "moría antes de obtener la resolución expresa del derecho a las prestaciones económicas, la Junta de Comunidades no abona ninguna cantidad, lo cual se convertía en un estímulo para que la Consejería demorara al máximo el reconocimiento de las prestaciones". 

Los representantes los dependientes en la autonomía gobernada por María Dolores de Cospedal  de Además señalan además que la orden "llevaba a cabo una revisión retroactiva, sin justificación ni informes técnicos que la sustentara". "Al amparo de esta orden, la Consejería estaba procediendo a una revisión sistemática de los grados y prestaciones reconocidos antes de que entrara en vigor, para reducir y eliminar servicios y prestaciones, imponiendo el nuevo catálogo, sus intensidades e incompatibilidades de manera indiscriminada sin llevar a cabo una revisión médica", denuncian.

Así, la platafaroma espera que Cospedal "haya tomado buena nota de la sentencia y extraiga las consecuencias políticas que proceden" y exige que la Junta "restablezca a las personas dependientes en sus derechos ordenando la revisión de todas las prestaciones que han sido denegadas, recortadas o suspendidas al amparo de la orden anulada, procediendo de oficio a su abono a las personas que se han visto ilegalmente privadas de ellas".