La penalización a las comunidades que gasten en farmacia por encima del PIB: ¿parche o solución?

Que el gasto farmacéutico –la parte de las recetas que paga la Administración– no crezca más que el PIB a medio plazo, estimado ahora en el 2%. Esta es la condición que deberán cumplir las autonomías si quieren tener acceso a una línea de crédito con un interés próximo al 0% y a devolver a 10 años para afrontar la compra de tecnología, medicamentos y hacer inversiones en hospitales. Si no lo hacen sufrirán penalizaciones como no poder prestar servicios complementarios distintos de la cartera común o tener que aplicar los recortes que sean aprobados en una comisión delegada del Gobierno. Así lo aprobó el PP, en solitario, la pasada semana en el Congreso a través de dos enmiendas al informe de la ponencia de la reforma de las leyes de financiación de las comunidades y de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Cuando entró en vigor en julio de 2012, una de las razones con las que el Ministerio de Sanidad justificó el copago farmacéutico fue el pretendido ahorro en la factura en recetas. En otra ocasión la exministra Ana Mato dijo que, al hacer a la gente pagar, el medicamento se ponía "en valor" y se generaría menos despilfarro. Y es cierto que el gasto bajó. Pero sólo durante unos meses. La estadística refleja ahora una tendencia al alza que se viene repitiendo desde septiembre de 2013. De hecho, el año 2014 cerró con un importe en recetas de 9.362 millones de euros, 179 millones de euros más que el año anterior, lo que supone una subida del 2%. En el aire está saber cómo evolucionará con este nuevo mecanismo, toda vez que el sistema sanitario lleva desde los noventa intentando bajar esta factura. 

Por lo pronto, expertos en economía de la salud consultados por infoLibre cuestionan esta medida principalmente en dos sentidos. Critican que, por un lado, invade competencias de las comunidades y hurta a las cámaras regionales la capacidad de decidir sobre la composición de sus presupuestos. Y, por otro, reiteran que la financiación pública y el precio deben estar ligados al valor terapéutico del medicamento. Además, califican de injustas las penalizaciones previstas si hay incumplimiento y critican que sólo se incluya el coste de la recetas que los pacientes compran en las farmacias y no el gasto hospitalario en medicamentos.

Las enmiendas, según denunció la oposición, no fueron debatidas en el órgano destinado a coordinar la política sanitaria del país (el Consejo Interterritorial) y en el que están presentes todas las autonomías. Y eso que su contenido pone en entredicho la descentralización del sistema, pues impone a las comunidades determinadas condiciones que, en última instancia, pueden suponer un control sobre su gestión sanitaria. "Estoy de acuerdo con quienes opinan que este protocolo invade competencias autonómicas y hurta a los parlamentos regionales la capacidad de decidir sobre la composición de sus presupuestos. La sanidad no puede ser un capítulo cerrado a las decisiones autonómicas. Si se acuerda centralizar el sistema, se tiene que hacer explícitamente", señala Juan Manuel CabasésJuan Manuel Cabasés, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pública de Navarra y experto en gestión sanitaria.

Beatriz González López-Valcárcel, catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas, quien también cree que esta medida "va contra la lógica de la descentralización" añade otro elemento al debate. "¿Por qué no proponen la misma regla para los salarios o para los aparatos de alta tecnología, por poner dos ejemplos?", se pregunta. Y critica que el Gobierno no haya justificado por qué se ha centrado en ese input y no en otro o que la medida se limite al gasto público en recetas de prescripción ambulatoria y deje fuera el gasto en farmacia hospitalaria "que es el que está generando más tensión en los presupuestos públicos".

Un incentivo "leonino" 

Juan Oliva, economista y expresidente de la Asociación de Economía de la Salud, considera que la vinculación del gasto en recetas al PIB "sólo puede tener sentido a muy corto plazo en un escenario de fuerte inestabilidad e incertidumbre donde se quiera dar una señal de confianza". Y plantea dos escenarios. Por un lado, un marco de PIB ligeramente creciente en el que la innovación se frena en seco en el sector farmacéutico. "¿Por qué deberíamos incrementar el gasto farmacéutico en productos sin valor añadido frente a los anteriores?", se pregunta. Y en el caso contrario, en un marco de entrada de importantes innovaciones. "¿Por qué no deberíamos aumentar nuestros esfuerzos y dedicar una mayor proporción de nuestros recursos a favorecer que los pacientes reciban dichas innovaciones?", desliza.

Oliva admite que no hay una relación gasto sanitario-PIB que sea ideal y señala que depende de múltiples factores como, por ejemplo, el salario de los profesionales; el ritmo de las innovaciones en salud; los ingresos públicos o las oportunidades de inversión en otras políticas de bienestar, pero reitera que la financiación pública y el precio deberían estar ligados al valor terapéutico del medicamento. "La vinculación a la evolución del PIB o a los ingresos tributarios puede ser un elemento más, pero en segundo, o tercer, o cuarto lugar, o en un escenario de corto plazo, pero no puede ser el pilar fundamental de las políticas públicas en un escenario de medio o largo plazo", sentencia.

Respecto al "incentivo" a sumarse a la propuesta, Cabasés lo califica de "leonino". "Si no te gusta lo que te propongo, no juegas. Carece de sentido impedir que una autonomía ofrezca una prestación complementaria si así lo determina su Parlamento, por eso la medida suena a recentralización creciente del Sistema Nacional de Salud", señala. Y añade que, a su juicio, sería necesario abrir un debate sobre el Consejo Interterritorial en el que se dan cita los consejeros autonómicos para fijar su "capacidad decisoria".

José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud en la Escuela Nacional de Sanidad, también es crítico con el mecanismo y sus consecuencias. "El premio es acceder a un fondo de crédito para inversiones que las empresas tecnológicas y constructoras están esperando como agua de mayo pero que las autonomías tendrán que pagar tarde o temprano. Y a quien se porte mal le prohibirán las prestaciones complementarias que había desarrollado", denuncia. 

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¿Problemas de inequidad?

Entre los objetivos de este mecanismo está dotar a las autonomías de una línea de crédito con la que hacer frente a la compra de medicamentos. Y ahí aparece de nuevo el tema de los fármacos innovadores contra la hepatitis C con los que, según el compromiso del Ministerio de Sanidad, serán tratados por cuenta de las autonomías las 51.964 personas que tienen una fibrosis hepática significativa en todo el país.

Según Cabasés, esta medida puede generar también "una inequidad en el acceso que puede ser preocupante" porque unas enfermedades pueden recibir un trato que otras no tienen. "De ser así, este mecanismo sirve para tapar un agujero, pero abrirá otros muchos", asevera.