Las 38 quejas sobre la banca española que hoy examina el Parlamento Europeo

Las denuncias contra los bancos llegan al Parlamento Europeo. Este jueves, la Comisión de Peticiones del órgano legislativo europeo examinará 38 demandas de ciudadanos y colectivos españoles relativas a sus problemas con bancos como La Caixa, CaixaNova, Novacaixagalicia, Caja Madrid, Banco Santander, NovaGalicia Banco, Caixa Laietana y Bankia. La mayor parte de las peticiones enviadas se refieren a prácticas presuntamente fraudulentas, como la venta de participaciones preferentes a particulares sin conocimientos financieros, pero cuestiones como los desahucios o las cláusulas abusivas en las hipotecas también se pondrán encima de la mesa.

Todos los ciudadanos europeos tienen reconocido el derecho de dirigirse al Parlamento comunitario para expresar sus peticiones por escrito. Si el órgano admite a trámite estas demandas, la Comisión Europea tiene que ofrecer su punto de vista sobre el asunto en cuestión y remitirlo de nuevo a la Eurocámara para que esta decida sobre si archivar o mantener abierto el caso. Es precisamente en esta fase en la que se encuentran las 38 peticiones de ciudadanos y colectivos españoles, que este jueves verán cómo la Comisión de Peticiones –en la que se encuentran los eurodiputados españoles Rosa Estarás (PP), Soledad Cabezón (PSOE), Marina Albiol (IU) y Beatriz Becerra (UPyD)– analiza individualmente sus casos.

Serán siete los denunciantes españoles que acudan en persona al Parlamento Europeo para exponer sus casos y, si bien son 38 los que se evaluarán en la Comisión, algunos de ellos están agrupados por afectar a situaciones similares. Es el caso de la petición que presentó en 2011 el ciudadano Daniel Marian en representación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para pedir la implantación de una ley que regule la dación en pago en España, un expediente que se analizará junto a otros seis con la misma demanda y que el propio Marian podrá defender ante los eurodiputados. 

Desahucios y preferentes

La PAH asegura que el hecho de que los desahuciados tengan que seguir pagando su hipoteca aunque se hayan quedado sin casa contraviene la Constitución española, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Universal de Derechos Humanos. No obstante, la Comisión Europea señala que "en estos momentos no contempla la posibilidad de adoptar medidas a escala comunitaria" y explica que "la cuestión deberá tratarse en el ámbito nacional", por lo que plantea archivar la petición. Pero, eso sí, el Ejecutivo comunitario asegura que "presta atención" al problema.

No es la única petición sobre la que la Comisión Europea se proclama no competente. También ocurre, por ejemplo, en otros 18 expedientes –12 de ellos agrupados– relativos a denuncias sobre los desmanes de varios bancos a la hora de vender productos financieros a particulares: 16 de ellos se refieren a las conocidas participaciones preferentes. El Ejecutivo comunitario asegura que "compete prioritariamente a las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales analizar las prácticas de venta de las distintas entidades de crédito y empresas de inversión a la luz de la normativa de la UE".

No obstante, la Comisión sí recuerda que "puede intervenir en casos de transposición nacional incorrecta o de aplicación incorrecta del Derecho de la Unión" y hace hincapié en que la directiva europea 2004/39, relativa a los mercados de instrumentos financieros, "establece la obligación general de que el proveedor de servicios financieros someta a los inversores a una prueba de aptitud o de idoneidad al ofrecer servicios de inversión". "La empresa de inversión debe pedirle [al potencial cliente] información para evaluar si dispone de la experiencia y los conocimientos necesarios para comprender los riesgos que conllevan el producto o el servicio de inversión ofrecidos", abunda la Comisión Europea.

Abusos en las hipotecas

El otro gran tema sobre el que giran las peticiones de los ciudadanos españoles al Parlamento Europeo es la existencia de cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios. Hasta ocho demandas versan sobre esta cuestión, y cuatro de ellas presentan quejas sobre la Ley Hipotecaria "que en realidad fue revocada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", tal y como asegura el demandante Antonio Jurado –que habla en nombre de las Marchas de la Dignidad– en referencia a la sentencia que en marzo de 2013 confirmó que la normativa hipotecaria española no garantiza la protección a los consumidores.

En este sentido, la Comisión Europea vuelve a asegurar que carece de "competencias de ejecución directas en lo relativo a los operadores económicos que puedan haber infringido la legislación de la UE en el ámbito de la protección de los consumidores". No obstante, el Ejecutivo comunitario asegura que "tomará todas las medidas adecuadas para solucionar la aplicación poco satisfactoria de la directiva sobre cláusulas abusivas en España", una norma que plantea que las cláusulas "no vincularán al consumidor si causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones".

Algunas de las peticiones son sobre problemas individuales, como la que plantea la ciudadana Dolores Morales –que se declara "desesperada" por la situación de su hipoteca y asegura que el banco "no le informó correctamente de las condiciones y ocultó información"–. Otras se refieren a escándalos que han sido polémicos de un tiempo a esta parte: la de Manuel García denuncia "los problemas de transparencia" a los que se enfrentan los deudores cuyo préstamo hipotecario está vincluado al índice IRPH –fijado por el Banco de España y actualmente más elevado que el euríbor–, mientras que la de José Lacalle alerta contra las cláusulas suelo, declaradas ilegales por el Tribunal Supremo.

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Los eurodiputados decidirán

Una vez analizados los casos uno por uno, los eurodiputados que componen la Comisión de Peticiones deberán decidir si cada una de las demandas continúa su tramitación –en ese caso podrían pedir más documentación del caso a los peticionarios o a la Comisión Europea e incluso llamar a declarar a los responsables del banco denunciado o a las autoridades españolas– o quedan archivadas por no ser competencia europea. Y, pese a que en la inmensa mayoría de las peticiones el Ejecutivo comunitario pide el archivo precisamente con este argumento, fuentes del Parlamento Europeo aseguran que "es común que la Comisión eche balones fuera al principio", pero destacan que eso no signfica que todas las demandas vayan a ver frenado su recorrido.

Estas mismas fuentes, no obstante, recuerdan que el Parlamento Europeo tan sólo puede indagar en la demanda del peticionario y emitir su informe, pero no abrir un expediente sancionador a España por un eventual incumplimiento de las leyes europeas. Esa facultad recae en la Comisión Europea, si bien la Eurocámara puede presionar a esta institución a través de sus movimientos.