Caso Rato

La Policía peina el emporio empresarial de la familia Rato

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato sale de su domicilio en Madrid detenido por la Policía, este 16 de abril de 2015.

Alicia Gutiérrez / Tono Calleja

Agentes de Vigilancia Aduanera peinaron este jueves las sedes de no menos de 10 sociedades del grupo familiar de la familia de Rodrigo Rato, que fue detenido y, bajo vigilancia policial, asistió a uno de esos registros. La batida de entradas en domicilios y el arresto del antaño todopoderoso vicepresidente del Gobierno, luego director gerente del FMI y finalmente presidente de Bankia se produjo tras una denuncia de la Fiscalía de Madrid que atribuye a Rato y a otras personas de su entorno los presuntos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, aseguran fuentes conocedoras de la operación. Fuera de Madrid hubo, como mínimo, otro registro en un bufete de Sotogrande, urbanización de lujo de la gaditana San Roque.

El exvicepresidente del Gobierno, ex director gerente del FMI y expresidente de Bankia salió de su domicilio privado detenido a las 20.17 horas, y de allí se le condujo hasta las oficinas del grupo familiar, localizadas en la calle de Castelló del madrileño barrio de Salamanca, de las que se sacaron entre 15 y 20 cajas. En ese local de Castelló tienen su domicilio social empresas emblemáticas del grupo Rato, como Muinmo –ahora en liquidación- y Aurosur –la antigua Construcciones Riesgo–. 

A las 00.17 horas, después de cuatro horas de registro, Rato salió del inmueble y fue devuelto a su casa en un coche policial. Los agentes entraron con él a su domicilio y después se marcharon. La Fiscalía de Madrid había pedido al juez de instrucción número 35 de la capital que dejase en libertad al exnúmero dos del Ejecutivo cuando concluyeran los registros ordenados por el magistrado, según fuentes jurídicas. Rato, por tanto, no debería pasar a disposición judicial. En otras palabras, el juez le llamará a declarar, si lo considera conveniente, conforme avance la investigación.

Antes de la inspección de los despachos de Castelló, 50, y durante más de tres horas, los agentes de Vigilancia Aduanera, que seguían órdenes del juez de instrucción número 35 de Madrid, habían registrado la residencia privada de Rato, localizada en la calle de Don Ramón de la Cruz, muy cerca de Castelló. En ese mismo edificio tienen su sede al menos siete empresas del grupo familiar, como Arada, Rafi SL y Rafi Tealsa SL. También allí se localiza ahora el domicilio social de Walden Enterprises SL, donde Rodrigo Rato no figura en el plantel de administradores –aparecen su hermana y dos sobrinos– y que, tras ser constituida en Panamá en 2011, fue trasladada a Madrid. Oficialmente, Panamá ha abandonado la lista de paraísos fiscales. En la práctica, nunca ha dejado de ser uno de los más utilizados por quienes buscan ocultar fondos.

Otras fuentes relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero apuntaron que lo sucedido podría estar vinculado con el hecho de que, tras acogerse a la amnistía fiscal de 2012, Rato no hubiera presentado al año siguiente el formulario conocido como Modelo 720, en el que deben hacerse constar todos los bienes que el contribuyente en cuestión posea en el extranjero. Si, tras beneficiarse de la amnistía fiscal, Rato no hubiera presentado el Modelo 720, los bienes que él o sus sociedades –tanto aquellas en las que conste como otras en las que pudieran sólo aparecer fiduciarios o testaferros– conservaran en el exterior se seguirían considerando objeto de investigación sobre su origen aun si desde su compra hubieran transcurrido más de 10 años, que es el plazo en que prescriben los delitos de blanqueo.

Investigación del 'caso Gescartera'

Entre las empresas que tienen su domicilio social en el segundo de los inmuebles registrados este jueves figura una que ya creó serios problemas en 2001 a Rodrigo Rato, entonces ministro de Economía en el Gobierno de José María Aznar. Esa empresa es Muinmo SL, conocida por sus vínculos con el mundo de la comunicación –ahora en liquidación, poseía varias emisoras de radio–, pero cuyos intereses abarcan desde el sector del turismo al inmobiliario.

La investigación sobre el escándalo de Gescartera sacó a la luz cómo el HSBC había concedido un crédito de 3,1 millones de euros a Muinmo SL, cuyos accionistas eran “don Rodrigo Rato, don Ramón Rato, doña María de los Ángeles Rato". El entrecomillado pertenece al entonces director general del HSBC en España, Jaime Galobart. Galobart le dijo primero al Congreso de los Diputados que no existía tal préstamo. Días más tarde se vio forzado a rectificar y admitir que su concesión se había producido en diciembre de 2000. Rato esquivó el golpe, siguió adelante y se convirtió en uno de los favoritos en el proceso de sucesión de José María Aznar al frente del PP.

En aquella época, las del HSBC eran sólo unas siglas familiares para entendidos en finanzas o especialistas en ingeniería fiscal a través de paraísos fiscales. Hoy, el banco al que la fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado definió como “un paraíso fiscal en sí mismo” constituye un emblema de la corrupción bancaria mundial gracias a episodios como la durísima condena que le impuso hace dos años EEUU –2.000 millones de dólares de multa– por no prevenir el blanqueo de capitales. O, sobre todo, gracias a su antiguo empleado Hervé Falciani, quien entregó a la Policía francesa archivos informáticos que han permitido desvelar la identidad de miles de defraudadores.

Detención tras tres horas

Rato fue detenido tras las más de tres horas de registro en su domicilio en Madrid en busca de pruebas. Antes de las cinco de la tarde, funcionarios de la Agencia Tributaria, Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) y miembros de la Policía acudieron a su domicilio en la callde de Don Ramón de la Cruz para iniciar ese registro ordenado por el juzgado número 35 de la capital que, con carácter "inmediato" admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía de Madrid. Denuncia que se dirigió contra el exvicepresidente y contra otras personas aún no identificadas. La investigación sigue secreta. 

El registro se produjo después de que el Ministerio Fiscal investigara a Rodrigo Rato durante varios días tras conocerse que se acogió a la amnistía fiscal en 2012 para regularizar su patrimonio. A raíz de ello la Agencia Tributaria comenzó a indagar un "complejo entramado societario familiar". El Sepblac, la unidad de inteligencia financiera española, dependiente del Ministerio de Economía, es el encargado de profundizar en la investigación para saber si existen indicios de delito. Y aunque el caso está en manos de la Fiscalía de Madrid, el asunto lo asumirá presumiblemente Anticorrupción.

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"No son manzanas podridas"

Mientras, en las redes sociales corrió rápidamente la convocatoria de una concentración, para este viernes, frente a la sede nacional del PP, en la calle de Génova de Madrid, para exigir el fin de "la mafia" tras el arresto de Rato. El hashtag utilizado fue #FueraLaMafia17A, y la cita es a las siete de la tarde bajo el lema "No son manzanas podridas, es una mafia", informa Europa Press. 

En el cartel de la convocatoria se repasa el nombre de dirigentes conservadores que se han visto implicados en casos de corrupción o de elusión fiscal. Y no sólo está Rato. También figuran el todavía presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; los expresidentes autonómicos Francisco Camps y Jaume Matas; el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra; el exsenador y ex número dos de Esperanza Aguirre Francisco Granados; el extesorero Luis Bárcenas o la exministra Ana Mato y su exmarido Jesús Sepúlveda. "Y cientos de imputados más", se dice. 

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