Botella insta al Gobierno a retirar los símbolos franquistas en la capital de forma “inmediata”

El Ayuntamiento de Madrid ha trasladado a la Administración General del Estado la petición de retirar de forma "inmediata" los escudos, insignias, placas y otros objetos conmemorativos de la Guerra Civil y la dictadura franquista localizados en los edificios de titularidad pública de la capital.

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, del secretario general del Pleno, Federico Andrés López de la Riva, con fecha del pasado 13 de abril en el que informa de que se ha dado traslado a la Administración del Estado de la solicitud cursada por el abogado Eduardo Ranz de conformidad con la Ley del Derecho de Petición y la Ley de Memoria Histórica.

El consistorio informó recientemente de que el Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo estudiaría la petición de elaborar un mapa con la simbología franquista ubicada en calles, plazas, paseos o dependencias municipales que fue propuesta por el abogado especializado en Derechos Humanos, Eduardo Ranz.

"Se considera la posibilidad de su admisión a trámite, a cuyos efectos se remite copia de la solicitud al Delegado del Área de las Artes, Deporte y Turismo, para que, si lo estima oportuno, responda en ese sentido a la solicitud formulada por el interesado en un plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación", señaló.

Denuncia en los tribunales

El abogado Eduardo Ranz ha denunciado además en los tribunales a un total de 42 Ayuntamientos por un supuesto delito de desobediencia que habrían cometido al conservar estas placas. Entre ellos, denunció ante el Tribunal Supremo por la condición de aforados a los regidores de Zaragoza Juan Alberto Belloch; el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda; el de Toledo, Emiliano García-Page; el de Teruel, Manuel Blasco; la alcaldesa de Cáceres, María Elena Nevado del Campo o el de Guadalajara, Antonio Román.

El delito de desobediencia, tipificado en el artículo 410 del Código Penal, lleva aparejado una multa de tres a doce meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. De forma subsidiaria, calificaba los hechos como una falta contra el orden público del precepto 634, que prevé el pago de una multa.

El letrado recordaba que el artículo 15 de Ley de Memoria Histórica obliga a las Administraciones Públicas a tomar las medidas oportunas para retirar los escudos, las insignias, las placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la "exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".