Las preguntas que no contestó el director de la Agencia Tributaria sobre la amnistía fiscal de Montoro

Una semana después del estallido del caso Rato, el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, compareció este martes ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados a petición del Gobierno "para informar sobre los resultados de las actuaciones de control tributario". Tanto el Ejecutivo como el propio Menéndez sabían que pese a lo genérico del objeto de su intervención en la Cámara baja, las alusiones y preguntas relacionadas con el escándalo que afecta al exvicepresidente de los Gobiernos de José María Aznar iban a ser la tónica general. Pero el alto cargo del Ministerio de Hacienda poco se movió de los datos y las cifras. Y, salvo por un lapsus cometido casi al cierre de su intervención, se cuidó mucho de no citar a Rodrigo Rato. También convirtió en tabú el término "amnistía fiscal".

Al salir de esta comisión que se prolongó por casi tres horas todos los partidos coincidían en que se marchaban con las mismas dudas con las que habían llegado. Muchas preguntas y casi ninguna respuesta. 

infoLibre ha realizado una recopilación de las principales lagunas que quedaron tras la comparecencia de Menéndez. Una cita que dejó una frase que ocupará un lugar privilegiado en las hemerotecas: "Yo dispongo de todos los datos que hay en la agencia [tributaria], que son la repera; la repera patatera". La pronunció casi al final. Cuando ya se había hartado de escuchar a los partidos, salvo el Partido Popular, exigir que Hacienda hiciese público el listado de defraudadores. Y de responder que es la ley la que se lo impide.

¿Quiénes integran la lista de los 715 defraudadores?

El pasado febrero, la Agencia Tributaria informó de que, de los más de 30.000 españoles que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, se había abierto una investigación a 705 de ellos. Se sospechaba que podía haber blanqueo de capitales. La pasada semana se supo que uno de los integrantes de la que pasó a denominarse "lista Montoro" era el exvicepresidente Rodrigo Rato. Y, desde el propio Ministerio de Hacienda, se aseguraba que el grueso del grupo de los 705 lo integraban cargos públicos.

Este martes, todos los grupos de la oposición demandaron con insistencia tanto la "lista Montoro" como el resto de beneficiarios de esta amnistía fiscal. Pocos datos dio al respecto Menéndez. La principal novedad es que ese grupo ha crecido en los últimos meses. Y donde fueron 705 antes, ahora son 715. "No son 705. No. En estos momentos [son] 715. Seguimos investigando. Seguimos trabajando. Las instituciones trabajan, y trabajan para el Estado; trabajan para los ciudadanos. Una vez efectuada esta revisión, el Sepblac (Servicio de prevención de blanqueo de capitales) ha remitido a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude información de retorno, sobre la que ya está trabajando, para continuar con las actuaciones concretas que, para cada supuesto concreto, correspondan", dijo.

Contrariamente a lo que habían sostenido fuentes de Hacienda, Menéndez no quiso pronunciarse sobre si las personas incluidas en ese listado de 715 eran cargos o excargos públicos relevantes. Su línea argumental fue la de que la ley impide hacer públicos los nombres de quienes se acogieron a la amnistía fiscal. "Es que no paramos de trabajar para los ciudadanos, para la sociedad y para coadyuvar a las cifras de reconducción del déficit público que tanto han ayudado a la reconducción de la situación económica. Me dicen ustedes que tengo que hablar de no sé qué contribuyente. Ya le digo que lo siento, pero no es mi función ni me corresponde e incumpliría la norma", mantuvo.

Daba igual que desde los grupos parlamentarios se le señalase que los ciudadanos tenían derecho a conocer si algunos de los candidatos a los que van a votar el próximo 24 de mayo están en esa lista. Menéndez no se movió de su argumentario. "¡Es que estamos investigando! ¡No saquen conclusiones precipitadas! Los procedimientos existen y la presunción de inocencia para todos también existe o, al menos, debería de existir. Esperemos que las investigaciones que sean, en su caso, terminen", dijo casi al cierre de su comparecencia.

¿Por qué no comparece Montoro?

Para la oposición, la presencia de Menéndez en lugar de la del titular de Hacienda es un parche. Un "cortafuegos", como definió el diputado Pedro Saura (PSOE). "Es una falta de respeto al Parlamento y a los españoles ante el escándalo y ante la alarma social de la mayoría de los españoles, señor director de la Agencia Tributaria. Ante esa alarma social el ministro de Hacienda no quiere dar la cara y le envía a usted. Para hablar claro: usted ha hecho de cortafuegos, le ha enviado como cortafuegos. Con ello lo que ponen de manifiesto es esa falta de respeto al Parlamento", sostuvo el socialista.

"Señor Picó (CiU), ha hablado –como han hecho todos– del ministro, pero yo no soy el ministro de Hacienda, sino el director de la agencia; trabajo para la Agencia Tributaria, para el Estado y, por lo tanto, todos los funcionarios de la agencia trabajamos para todos los ciudadanos. No trabajamos para ningún partido político en cuestión ni para ningún medio de comunicación", se defendió Menéndez.

Casi al mismo tiempo que se celebraba esta comisión, el PP, gracias a su mayoría absoluta en la Cámara baja, vetaba una comisión de investigación sobre la amnistía fiscal. Y horas después, por la tarde, el pleno del Congreso frenaba la reprobación del ministro Montoro y la publicación de la lista de los defraudadores gracias de nuevo a los votos de los parlamentarios conservadores.

¿Qué diferencia hay entre el 'caso rato' y el 'caso Pujol'?

Ligado al apartado anterior, otra de las cuestiones que se puso sobre la mesa es la de por qué el Ejecutivo sí reaccionó ante el escándalo que afecta al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y rechaza dar explicaciones sobre el caso Rato. 

"El día 2 de septiembre de 2014 se decía en esta Comisión de Hacienda lo siguiente: 'Pero a nadie se le escapa que mi presencia hoy aquí tiene también su origen en uno de los más graves casos de fraude fiscal en términos cualitativos que se han conocido en España. Me refiero a la noticia, a la publicación, a la difusión de que el expresidente de la Generalitat don Jordi Pujol ha tenido oculta en el extranjero una parte de su fortuna familiar y que no pagó impuestos por este dinero durante más de treinta años –incluida toda su etapa frente al Gobierno de Cataluña–, lo que ha provocado la consiguiente alarma social –subrayó– y es motivo más que suficiente para que el ministro de Hacienda del Gobierno de España comparezca en este Parlamento. Son palabras de su jefe, del señor Montoro, hace unos meses en la Comisión de Hacienda. ¿En el caso de Pujol había alarma social y en el caso del señor Rato no hay alarma social, señor director? ¿Qué dos varas de medir distintas tienen el Gobierno y el señor Montoro?", se preguntó el socialista Saura.

Similares argumentos planteó Joan Coscubiela, del Grupo de la Izquierda Plural. "Los criterios del señor Montoro son bastante, bastante flexibles, por no decir muy utilitaristas o muy manipuladores. No tiene ningún inconveniente en hablar del defraudador fiscal, el señor Pujol, aprovechar esa circunstancia para utilizarla como instrumento político y, en cambio, considera que debe estar callado y silencioso cuando se trata del señor Rato. Y encima dice que él y su Gobierno tienen la virtud de tratar a todo el mundo por igual, que todos los defraudadores son iguales", lamentó.

¿Dónde están los datos de la morosidad global?

"Señor director general, señor Menéndez, ¿cuándo nos va a dar usted el global de la morosidad pendiente? Se lo ha reclamado todo el mundo. Gestha (sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda) hace poco ha emitido un comunicado denunciando que usted no facilita esos datos, los últimos de que se dispone hablan de 49.304 millones acumulados. Denlos ustedes y así podremos analizar más", demandó Coscubiela al director general de la Agencia Tributaria.

"Sin saltarse la presunción de inocencia en ningún momento y sin cometer ninguna injusticia personal, pero cuando esos datos estén consolidados tienen que aparecer ante la opinión pública. Y usted no los quiere plantear ni en relación con la amnistía fiscal ni en general en relación con toda la morosidad y el fraude y se parapeta en el artículo 95 de la Ley General Tributaria que, por supuesto existe, pero es el artículo que ustedes aprobaron", insistió el diputado de ICV. Sus peticiones no encontraron respuesta en la réplica del alto cargo de la Agencia Tributaria.

A juicio de Coscubiela, "nuestra fiscalidad no solo es insuficiente, es cadavérica, es tremendamente injusta". "Nos podía haber dado los datos de recaudación global para que una vez más los ciudadanos sepan que la distribución del esfuerzo fiscal continúa siendo tan injusta o más que siempre, donde salarios e IVA soportan la inmensa mayoría del peso en detrimento de la tributación sobre el capital o sobre sociedades, que continúa siendo un gran coladero", lamentó.

¿Por qué se recurrió a la amnistía fiscal en lugar de apostar sólo por el 720?

La pregunta fue lanzada por el socialista Saura. Y también se quedó sin respuesta. "En primer lugar, se podría haber aprobado el modelo 720, es decir, el modelo por el que se tienen que declarar todos los bienes en el extranjero, con todos los efectos positivos que según usted conlleva, sin necesidad de haber aprobado la amnistía repugnante, injusta, ineficiente y dañina [...] Por tanto, siguiendo su lógica, con el modelo 720, y sumando el nuevo paradigma internacional de lucha contra los evasores, la vergonzosa amnistía fiscal fue innecesaria, amnistía que tuvo un coste social para la democracia y las instituciones elevadísimo", se quejó.

El diputado socialista puso el acento en que "los bienes y derechos declarados en el modelo 720 no son en muchos casos bienes y derechos ocultos". "Son bienes que en muchos casos han pagado los impuestos correspondientes. Así que, de afloración, nada", corrigió.

Menéndez, por su parte, había optado por sacar pecho de su departamento: "En este año 2015 un total de 27.576 declarantes han declarado por primera vez un elemento patrimonial en el exterior por valor de 14.300 millones de euros. Después de tres ejercicios de presentación de la declaración, 2013, 2014 y 2015 más de 197.000 contribuyentes han declarado por primera vez activos en el exterior por un valor cercano a los 124.500 millones de euros". 

Sobre los países preferidos por los españoles que tienen dinero fuera de nuestras fronteras, el listado lo encabeza Suiza. "Partiendo de los datos contenidos en las declaraciones del 720 presentadas en 2013, aparecen más de 200 países. Suiza es el país que tiene un mayor importe de patrimonios declarados, con un total de casi 20.000 millones de euros [...] En Andorra, por ejemplo, se declaran 4.000 millones -casi 2.000 de estos 4.000 millones de activos financieros- y en Gibraltar un total de 260 millones de euros".

Saura también se quejó de que con la amnistía fiscal se recaudó sólo el 50% de lo inicialmente previsto por el Gobierno. En este caso, también silencio.