Santamaría se salta el argumentario del PP y usa el término “amnistía fiscal”

El PP y el Gobierno llevan desde 2012, cuando aprobó la que ellos llaman "declaración tributaria especial" huyendo del término "amnistía fiscal". Lo han conseguido durante más de dos años. Pero este miércoles, en plena ebullición del caso Rato, cuando ya se sabe que el exvicepresidente de los Gobiernos de José María Aznar regularizó parte de su patrimonio por esta vía, la propia vicepresidenta del Gobierno cometió el lapsus de pronunciar la expresión tabú. Lo hizo en la sesión de control al Gobierno. Con esto, Soraya Sáenz de Santamaría, contradice, además, el último argumentario de su partido. Un documento de 14 páginas, a las que ha tenido acceso infoLibre y en las que se subraya lo siguiente: "En 2012 no hay amnistía, sólo se rebaja el coste de la regularización. Se hace una declaración tributaria especial en la que debían identificarse plenamente los titulares reales de los bienes y los derechos",

"Este Gobierno ha hecho una amnistía fiscal aplicando la ley y ha hecho una amnistía fiscal muy diferente de las dos que hicieron los gobiernos del PSOE que eran opacas, sin control, y, encima, dando intereses a los defraudadores", sentenció la numero dos del Gobierno en su tradicional duelo dialéctico con Antonio Hernando, portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados.

Al abandonar el hemiciclo, los periodistas comentaron esta cuestión con la vicepresidenta. "Ya me han oído allí", dijo, para subrayar después que el PSOE "hizo dos amnistías opacas" y que se pone lo que, a su juicio, hay que poner de manifiesto es cómo se hacen las cosas "en uno y otro caso". "Llámelo como quiera", dijo.

En el citado argumentario, remitido por el PP a los cargos públicos, sólo se habla de "amnistía" para vincularla al Partido Socialista y en un momento en el que se plantean las diferencias con la de Solchaga. De hecho, su titular es "Mensajes sobre la regularización fiscal".

Según el argumentario del PP, en lo de 2012 "no hay amnistía". "Sólo se rebaja el coste de la regularización (del 20% ordinario a un 10% nominal, que en términos efectivos y en media, resultó el 3%)", sostiene. 

Además, se subraya que se hizo "una declaración tributaria especial en la que debían identificarse plenamente los titulares reales (sin testaferros) de los bienes y derechos". "Había de pagarse el 10% de las rentas no prescritas imputables al patrimonio aflorado. Las rentas prescritas nunca pueden gravarse (en regularización ordinaria, en comprobación de la Inspección o en regularizaciones extraordinarias como esta). El coste efectivo ascendió a un 3%, pero hubo de pagarse. De esta forma los capitales y bienes aflorados (40.000 millones de euros) se introdujeron en el circuito legal a diferencia de la opacidad que primó en la regularización realizada en el 91. Así, hoy tributan y están sujetos a control. Y los delitos no tributarios (tráfico de drogas, contrabando, cohechos, blanqueo, alzamientos,…) no se limpian", añade.

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Al término de la sesión de control, cargos del Gobierno y del PP salieron en defensa de Santamaría. "Imagino que la vicepresidenta, utilizando el lenguaje habitual en los medios, y en la calle ha querido ser clara y referirse a ese asunto", dijo el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

No obstante, Catalá recalcó que "técnicamente no es una amnistía porque no lleva consigo ninguna exención de la responsabilidad penal". A este respecto señaló que si hay responsabilidad penal se investiga por los tribunales o la Fiscalía en su caso.

"Como están ustedes diciéndolo siempre, contagian a todo el mundo con su lenguaje", espetó a los periodistas el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, según informa Europa Press.