La comparecencia del director de la Agencia Tributaria irrita al Gobierno

Lo que había sido concebido como un bálsamo para reducir la tensión generada en torno al caso Rato tuvo el efecto contrario. La comparecencia, este martes, del director general de la Agencia Tributaria en la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados, fue recibida con cierto malestar y disgusto en el seno del Gobierno y en la dirección del Partido Popular. Descartadas, de momento, las comparecencias en la Cámara Baja del presidente del Gobierno, del ministro de Hacienda y una comisión de investigación, la gran baza del Ejecutivo era esta intervención de Santiago Menéndez, alto cargo del departamento que dirige Cristóbal Montoro. Menéndez llegó al Parlamento pertrechado de una batería de datos conducentes a poner cifras a lo que en los días previos se había venido sosteniendo desde el Gobierno. A saber: que el Gobierno de Rajoy es el que está llevando el plan de lucha contra el fraude más intenso. Todo iba bien hasta que, a escasos minutos de que la jornada fuese dada por concluida, admitió que tenía "todos los datos que hay en la Agencia [Tributaria] y que "son la repera". "La repera patatera", sentenció. 

Se trata de una sola frase que, a juicio de las fuentes consultadas en el Gobierno, echó por tierra las expectativas depositadas en esta comparecencia. "No hacía falta entrar en este tipo de valoraciones. Los datos que esgrimió Menéndez tenían la entidad por sí mismos para demostrar que nunca ha habido un Gobierno que haya puesto tanto el foco en el fraude fiscal. ¿Por qué no se ciñó a los datos y se metió en el lío de las valoraciones?", se preguntan las citadas fuentes.

Para el PP y para el Gobierno, el hecho de que Menéndez admitiese que dispone de "todos los datos" –como es obvio en su calidad de director general de la Agencia Tributaria– y que estos son "la repera patatera" fue un error de bulto porque si algo se pretendía con esta comparecencia era poner el foco en la lucha del Gobierno contra el fraude fiscal y no en el listado de personas que se acogieron a la amnistía fiscal que el Ministerio de Hacienda aprobó en 2012.  

De hecho, todos los grupos de la oposición que tomaron la palabra en la citada Comisión de Hacienda del Congreso habían demandado con insistencia a Menéndez que su departamento hiciese público el listado global de todos los contribuyentes españoles que se habían acogido a la amnistía fiscal. O, para empezar, el de los 715 de todos ellos –el de Rodrigo Rato ya se conoce– que están en el punto de vista del Ministerio de Economía por ser sospechosos de blanqueo de capitales.

Hace una semana, desde el departamento que dirige Montoro se hablaba de 705 sospechosos de blanqueo de capitales. Y se precisaba que el grueso de ellos eran altos o ex altos cargos públicos . Más allá de decir que los datos de los que dispone son "la repera patatera", Menéndez no quiso admitir el extremo señalado por Hacienda pero ascendió esta primera tanda de investigados a los 715.

No pasa por alto que estas declaraciones del director general de la Agencia Tributaria se producen en plena campaña de la declaración de la renta y, también, a casi un mes de las elecciones municipales y autonómicas. Los candidatos del PP que se juegan la renovación el 24-M están muy preocupados por el efecto que el caso Rato pueda tener en las urnas.

Tras esta comparecencia, los partidos de la oposición se han servido de la expresión "la repera patatera" para demandar esa lista. Fue el caso del socialista Pedro Saura en el pleno de control al Gobierno este miércoles en el Congreso. Y el Gobierno, por su parte, ha seguido insistiendo en que es la ley la que lo impide pero que ningún comportamiento irregular a este respecto va a quedar impune.

Argumentario del Partido Popular 

De hecho, este mismo miércoles, el PP remitía dos argumentarios a sus cargos públicos. Uno, sobre el plan del Gobierno sobre la lucha contra el fraude. Otro, sobre la "regularización fiscal", el término con el que los conservadores se refieren a la amnistía fiscal de 2012.

El primero está basado en cuatro puntos. Uno de ellos apunta a que "nunca ha habido un Gobierno que haya puesto en marcha tantas medidas contra el fraude fiscal". También se señala que "la regularización fiscal ha sido una respuesta extraordinaria ante una situación extraordinaria, según las recomendaciones de la OCDE, que "el PP defiende por encima el cumplimiento de la ley, el interés general de todos los ciudadanos y que cada uno responde por sus actos" y que "el objetivo prioritario es garantizar la sostenibilidad de los servicios básicos mediante la contribución justa y equitativa de todos los españoles".

Santamaría sí habla de amnistía fiscal y Cospedal discrepa

En medio de todo este malestar, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tuvo un lapsus este miércoles y admitió que lo de 2012 sí fue una amnistía fiscal. "Este Gobierno ha hecho una amnistía fiscal aplicando la ley y ha hecho una amnistía fiscal muy diferente de las dos que hicieron los gobiernos del PSOE que eran opacas, sin control, y, encima, dando intereses a los defraudadores", dijo en la sesión de control al Gobierno en respuesta al portavoz del PSOE Antonio Hernando en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Al término de la sesión de control, cargos del Gobierno y del PP salieron en defensa de Santamaría por haber optado por este término en lugar de por "regularización fiscal". "Imagino que la vicepresidenta, utilizando el lenguaje habitual en los medios, y en la calle ha querido ser clara y referirse a ese asunto", dijo el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

No obstante, Catalá recalcó que "técnicamente no es una amnistía porque no lleva consigo ninguna exención de la responsabilidad penal". A este respecto señaló que si hay responsabilidad penal se investiga por los tribunales o la Fiscalía en su caso.

"Como están ustedes diciéndolo siempre, contagian a todo el mundo con su lenguaje", espetó a los periodistas el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, según informa Europa Press.

Pero el principal problema puertas adentro del PP llegó cuando Cospedal, en una entrevista a la agencia Servimedia, señaló que "no se puede hablar en ningún caso de una amnistía fiscal". Sus palabras volvieron a poner el foco en la rivalidad entre ambas dirigentes en un día en que el El Confidencial había desvelado que el CNI investigó los negocios del marido de Cospedal y revisó sus salidas al extranjero.

La máxima responsable del Centro Nacional de Inteligencia es la vicepresidenta del Gobierno.