El Gobierno renuncia a ceder el Registro Civil a los registradores mercantiles y retrasa un año su reforma

El Gobierno renuncia a ceder la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles y de la Propiedad. “No estoy atado a nadie”, les ha asegurado esta misma mañana el ministro Rafael Catalá a los sindicatos de funcionarios de Justicia tras anunciarles que prorrogará la vacatio legis de la ley del Registro Civil de 2011 un año más. Será, por tanto, el tercer aplazamiento que sufre la entrada en vigor de la norma.

El pasado día 21 el titular de Justicia comunicaba al decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, la “paralización” de la reforma del Registro Civil. Tres días más tarde, Catalá confirmaba el “abandono” del 15 de julio como fecha para el traspaso a los registradores del Registro Civil e incluso del “modelo” diseñado su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, y que él mismo había continuado con algunas variaciones. Pero los términos difusos en que se hizo hecho pública la decisión no acallaban las sospechas de los sindicatos, radicalmente contrarios a la privatización del Registro Civil, y de los propios registradores, muchos de ellos opuestos a la cesión.

Ahora el ministro aclara que la renuncia a los registradores es definitiva. Y que se derogarán las disposiciones adicionales del real decreto 8/2014 y de la Ley 18/2014 que se referían al Registro Civil, a su cesión a los registradores mercantiles y de la Propiedad, al uso de una plataforma informática única para unos y otro, y que fijaban el 15 de julio como fecha para el traspaso de la gestión. También se ha ampliado una semana más el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley de reforma del Registro Civil, que terminará decayendo, ha explicado el ministro a los sindicatos.

“Vamos a partir de cero”, resumió gráficamente el ministro, según explica a infoLibre el secretario general del sector de Justicia de CCOO, Ramón Alvaré. Rafael Catalá reiteró el sinsentido de seguir adelante con una reforma que no cuenta con el respaldo de ninguno de los sectores implicados y confesó que había sido “incapaz de explicar” a la opinión pública que la cesión de los registradores no implica la privatización del Registro Civil. Mientras repetía en sus declaraciones públicas que los trámites iban a seguir siendo gratuitos para los ciudadanos cuando el Registro Civil estuviera en manos de los registradores mercantiles, el ministro negociaba en una comisión mixta con el Colegio Oficial las condiciones del traspaso, entre ellas el cobro por expedir libros de familia o inscribir poderes, por ejemplo.

Sobre el futuro modelo, basado en la “desjudicialización” del Registro Civil a que obliga la ley de 2011 –ahora lo gestionan jueces y funcionarios de Justicia–, sólo adelantó su rechazo a ceder el Registro Civil a los secretarios judiciales, pese a que este gremio se ha ofrecido a gestionarlo. En su lugar, no descartó estudiar la posibilidad de que se hagan cargo del Registro incluso los ayuntamientos –citó a los secretarios municipales–, o las comunidades autónomas. Dependerá de la fase de diálogo y negociación que el ministro pretende abrir ahora con sindicatos, partidos políticos y profesionales.

Los sindicatos, por su parte, le pidieron una vacatio legis de dos años y volvieron a reclamar más inversiones en las 8.120 oficinas del Registro Civil. Pero Catalá remitió esta última cuestión a las negociaciones que comenzarán en una fecha aún no fijada.